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El Gobierno adelanta la jubilación a los 58 años para más discapacitados

Las personas con una esperanza de vida reducida serán las beneficiarias

El Gobierno ha decidido adelantar la edad de jubilación para aquellos discapacitados cuya esperanza de vida sea más reducida que la de la población general. Se trataría de personas con discapacidades mentales, parálisis cerebral, ciertas anomalías genéticas como síndrome de Down, síndrome X frágil, acondroplasia o fibrosis quística. Autismo, anomalías debidas a la talidomida, síndrome pospolio, esquizofrenia, trastorno bipolar y algunas esclerosis también figuran en la lista.

Si su grado de discapacidad supera el 45%, tienen 58 años y han cotizado durante 15, podrán jubilarse, según el decreto propuesto por el Ministerio de Trabajo. El texto se aprobará hoy en Consejo de Ministros como anunció ayer el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tras reunirse con Luis Cayo, presidente del CERMI, la gran plataforma de la discapacidad.

En seis meses habrá una solución para las viviendas inaccesibles

La última encuesta del INE registra 1.482.000 discapacitados en edad de trabajar, pero sólo lo hacen unos 429.000, 32.000 de ellos con discapacidad mental. Por tanto, los empleados no alcanzan el 30% del colectivo en edad laboral.

Esta rebaja en la edad de jubilación había sido muy demandada por los afectados, que ayer celebraban el Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad. Hasta ahora sólo tenían -y aún tienen- una jubilación adelantada quienes acreditan una discapacidad superior al 65%, que pueden abandonar el trabajo a los 52 años siempre que lleven 15 cotizados. Éstos ganaban un año de cotización por cada cuatro.

Pero Zapatero anunció ayer algo más. Se comprometió a solucionar en seis meses los problemas de accesibilidad que encuentran muchos discapacitados en sus viviendas: falta de ascensores, escaleras en lugar de rampas. ¿Cómo? No se sabe. Para ello habría que modificar la Ley de Propiedad Horizontal y algunas otras, algo que afecta, además, a varios ministerios.

El CERMI se lo pidió ayer al presidente y Zapatero accedió. En la actualidad, las obras para garantizar la accesibilidad son obligatorias si alguien las solicita, "cuando el coste no supere tres cuotas de comunidad para cada vecino", explica Óscar Moral, asesor jurídico del CERMI. Si sale más caro, se necesitará la mayoría simple de los vecinos de la comunidad. Si éstos se niegan, puede acudirse a los tribunales, pero el discapacitado tendrá que pagar la obra. "Nuestra propuesta es que estas reformas en los bloques de viviendas sean obligatorias cuando se acredite su necesidad, de igual forma que lo son aquellas de habitabilidad del edificio, como las goteras o las grietas. Cuando eso ocurre todo el mundo tiene que pagar, incluido el discapacitado, que en ocasiones ni siquiera puede usar los espacios comunes", afirma Moral.

Las últimas encuestas indican que más de 300.000 personas han tenido que cambiar de domicilio por problemas de accesibilidad. Pero hay quien no puede. "Mi madre salió de casa después de años en la cama para ir a urgencias. No tenemos ascensor. Y ahora mi hermana, que también está en cama, no puede salir, aunque me dieran una silla de ruedas", cuenta María Dolores del Valle, que vive en Madrid. Cuando se reformó el edificio donde viven, ella pidió que se dejara el hueco para poner un día un ascensor, pero no se hizo.

Estas personas están atrapadas en casa. Cientos de ancianos entre ellos. "Esto supondrá un avance significativo, porque beneficiará a miles de personas con discapacidad o simplemente mayores", aplaudió ayer el presidente de la organización de discapacitados Famma-Cocemfe en Madrid, Javier Font.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 4 de diciembre de 2009