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AENA avisa de que la inversión de British en Barajas peligra por el ruido

La mayoría del Senado se opone a la ley que obligaría a aguantar el ruido de Barajas

Barajas se enfrenta a una situación diabólica si, como es previsible, el Senado veta hoy la reforma que impide la cascada de sentencias contra AENA por ruido. El aeropuerto afirma que ejecutar la sentencia del Supremo por el ruido impedirá los planes de ampliación. El principal es el de British Airways para traer a Madrid su conexión con América Latina.

Una amplia mayoría del Senado se posicionó ayer en contra de la modificación de la Ley de Navegación Aérea, de 1960, que el Gobierno pretende introducir en una enmienda de última hora, que se vota hoy, a la ley ómnibus de servicios. La enmienda obliga a los habitantes de poblaciones cercanas a aeropuertos a soportar el ruido y pretende evitar una cascada de sentencias contra AENA. A cambio, la norma amplía enormemente el número de viviendas que el Ejecutivo aislaría acústicamente.

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Tras una tensa jornada de reuniones con el PSOE, fuentes de distintos grupos confirmaban anoche que al menos el PP, CiU, ERC, BNG e ICV, que superan ampliamente la mayoría absoluta de la Cámara alta, votarán hoy contra esta enmienda tal como está redactada. Las mismas fuentes no descartan algún cambio de posición si hubiera un texto alternativo, aunque es improbable. En el Senado hay decenas de alcaldes, en todos los grupos, que son los más afectados por las protestas vecinales.

El senador popular Ignacio Burgos anunció la decisión de su grupo de votar en contra: "Entendemos que hay un conflicto enorme entre el derecho fundamental de los vecinos y la actividad económica de Barajas. Pero creemos que esto no se puede resolver con una enmienda de última hora en el Senado".

La enmienda se votará hoy dentro de la ley de libre acceso de servicios, que se ha tramitado por procedimiento de urgencia. Si se rechaza, como todo indica, ya no hay más oportunidades de introducirla y el Gobierno tendrá que buscar otra ley o hacer una legislación específica sobre este punto que tenga su propio debate en las Cortes, como reclamarán hoy algunos grupos parlamentarios, lo que retrasaría durante al menos un mes la aprobación de la enmienda.

La tensión se explica porque la enmienda, aparentemente técnica, esconde un problema de enorme calado económico. En octubre de 2008, el Tribunal Supremo falló que el ruido de los aviones invadía el "derecho fundamental a la intimidad domiciliaria" de un grupo de vecinos de Santo Domingo (Algete). El tribunal ordenó también reducir los vuelos en configuración sur un 50%.

Con la enmienda, el Ejecutivo pretendía evitar cumplir esa sentencia y el previsible aluvión de fallos similares favorables a los vecinos. AENA ha aportado a la causa un informe en el que informa de las implicaciones que el fallo tiene "para el interés general del Estado". El texto afirma que el recorte de vuelos "afectaría a todo el aeropuerto e implica una inmediata reducción de la capacidad de Barajas que se cuantifica en un 20% de la actualmente existente", y que el aeródromo pasará a "la capacidad existente en 2004, antes de la ampliación". El nerviosismo de la empresa pública es comprensible puesto que las obras de la ampliación se llevaron 6.000 millones de euros.

"Como consecuencia de la inmediata reducción de capacidad, se perderían 47.000 puestos de trabajo y se dejarían de generar 1.125 millones de euros", según el informe de AENA. Todo ello supondría "una cancelación masiva de vuelos, ya que si no se efectuaran cancelaciones habría un 44% de aterrizajes con una demora media de 70 minutos".

El informe, fechado el pasado 11 de noviembre, es realmente dramático: "La extrapolación de esta sentencia a otras poblaciones que de inmediato solicitarían el reconocimiento de sus derechos fundamentales [...] podría implicar el cierre completo del aeropuerto".

AENA incide en que no sólo recortará los vuelos actuales, sino que la sentencia impediría los planes de ampliación y no podría llegar a los 120 vuelos por hora, frente a los 98 actuales. Esto supondría perder 245.000 vuelos al año y 122.500 empleos. Aunque la empresa pública que gestiona los aeropuertos no menciona ninguna empresa, sí admite que el principal plan de ampliación actualmente en marcha es el de British Airways para instalar en Madrid su centro de vuelos con América Latina tras su fusión con Iberia. Y queda en el aire.

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