Las sanciones de Naciones Unidas no logran frenar la guerra en Congo

La guerrilla de las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR, en sus siglas en inglés), financiada por la diáspora hutu y algunas organizaciones católicas de España e Italia, entre otras, es responsable de crímenes de guerra, incluida la violación de miles de mujeres en la República Democrática del Congo, según un informe de expertos destinado al Consejo de Seguridad y que éste analizará en breve. En él se solicita a la ONU medidas para desmantelar estas redes de apoyo y el castigo de los criminales.

Bajo las siglas del FDLR se reúne desde 1996 el antiguo Ejército regular hutu y las milicias paramilitares, como los interhamwes, responsables del genocidio de cerca de 800.000 tutsis y hutus moderados en Ruanda, ocurrido en la primavera de 1994. Estos crímenes son juzgados por el Tribunal Penal Internacional de La Haya, pero con sede en Arusa (Tanzania).

Tras la expulsión de los hutus radicales del Gobierno de Kigali y el éxodo de dos millones de personas que se asentaron en campamentos gigantes en el este de Congo, la guerra se trasladó a este territorio, en el que han operado desde 1996 con impunidad los ejércitos regulares de Ruanda y Uganda, también responsables del saqueo de las riquezas. Desde 1998 han muerto más de 4,5 millones de personas a causa, directa o indirecta, de la guerra.

La diáspora hutu financia las actividades armadas y de propaganda del FDLR. Las ayudas proceden sobre todo de Alemania, donde reside una gran comunidad hutu. Los expertos de la ONU han llegado a esta conclusión tras el estudio de documentos de los comandantes FDLR y el testimonio de desertores. Los expertos disponen de evidencias escritas que vinculan las donaciones con los ataques de la guerrilla. El objetivo es forzar al Gobierno de Ruanda y a la comunidad internacional a un compromiso político.

El FDLR exporta oro a través de Uganda hacia los Emiratos Árabes Unidos y casiterita y otros minerales hacia Asia. No es nuevo este saqueo; Ruanda se benefició del robo de coltan (esencial para la telefonía móvil) y Uganda exportó diamantes que no produce. Este panel acusó el año pasado al Gobierno tutsi ruandés de apoyar las acciones armadas de los banyamulengues, que son tutsis congoleños, y al Gobierno de Kinshasa de tener vínculos con el FDLR, al que apoya en su lucha contra las guerrillas instrumentales de Ruanda y Uganda, sobre todo en Bunia, rica en oro: la caja de cualquier guerra en la zona.

El informe de este año asegura que las operaciones militares ordenadas por Kinshasa han agravado la crisis humanitaria. Los últimos acuerdos de paz integraron a los tutsis banyamulengues en el Ejército congolés. El FDLR ha respondido con ataques contra la población civil. La aplicación de las sanciones de la ONU es muy escasa y apenas afecta al tráfico de minerales en el que participan empresas extranjeras.