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Tribuna:LA CUARTA PÁGINA

Látigo para Cuba, bálsamo para el Magreb

Europa y en especial España y el PSOE actúan con una doble vara de medir en materia de derechos humanos. En América Latina los defienden. En el Magreb les dan la espalda

Cuba tiene hoy en día 58 presos de conciencia. La Unión Europea no le brinda ningún tipo de cooperación y le aplicó incluso, en 2003, unas sanciones inspiradas en una posición común que la diplomacia española desea suavizar cuando, el año próximo, ejerza la presidencia europea. Esa posición estipula que la mejora de la relación con Europa está supeditada a los progresos de Cuba en materia de derechos humanos.

Túnez posee, según la ONG Human Rights Watch, cerca de 800 presos condenados, en su mayoría, por "acciones que responden a motivos políticos" consistentes en preparar viajes a Irak o descargarse vídeos yihadistas, pero no cometieron actos violentos. Túnez es, junto con Marruecos, el socio norteafricano más mimado por la UE. Fue el primero en firmar un acuerdo de asociación, en 1996, y ahora negocia el llamado estatuto avanzado que supone un salto cualitativo.

Las dictaduras causantes del auge islamista son socios distinguidos en la Alianza de Civilizaciones

La España socialista es aún más timorata que la Francia de Sarkozy a la hora de denunciar abusos

¿No se puede comprar a Cuba con Túnez porque los reos cubanos son pacíficos mientras que los tunecinos son proclives al terrorismo? Retrotraigamos entonces a 1996 cuando Túnez fue premiado por la UE con el primer acuerdo de asociación. Aquel año había algo más de 400 presos de conciencia en la isla y cerca de 2.000 en el país magrebí. Éstos últimos eran entonces, en su mayoría, militantes de Ennahda (Renacimiento), un movimiento islamista no violento equiparable al marroquí Partido de la Justicia y del Desarrollo, a los que había que añadir un puñado de izquierdistas.

¿Sigue sin ser válida la comparación entre Cuba y Túnez porque, pese a todo, aquellos barbudos encarcelados no eran demócratas? Cotejemos otros episodios recientes en ambos continentes como los golpes de Estado. El presidente de Honduras, Manuel Zelaya , elegido democráticamente, fue derrocado el 28 de junio y tres días después España y Francia retiraban a sus embajadores arrastrando a toda la UE que, el 20 de julio, anunció la suspensión de su cooperación con el país centroamericano.

El 6 de agosto de 2008 un pronunciamiento militar derrocó en Mauritania al presidente Sidi Ould Cheikh Abdellahi , que acababa de regresar de una visita oficial a España. Había sido elegido por sufragio universal 17 meses antes al término de una transición democrática ejemplar. El Gobierno español condenó el golpe, pero el ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, se apresuró en declarar que España mantendría "el mejor nivel de relaciones" con Mauritania.

La Unión Africana sancionó a la Junta Militar mauritana, la Administración de George Bush hizo otro tanto y cuando Barack Obama asumió la presidencia apretó aún más las tuercas. EE UU no sólo suspendió la cooperación y la ayuda militar sino que prohibió la entrada en su territorio a los militares golpistas y a los que les apoyaban activamente. Quería preservar la única democracia norteafricana. Washington "sigue proporcionando un apoyo moral y político al presidente democráticamente elegido", reiteraba, en mayo, un comunicado de la embajada estadounidense en Nuakchot. Hasta la pequeña oposición islamista alabó entonces a EE UU.

La UE amenazó con castigar a la Junta, pero no llegó a hacerlo en parte porque Francia y España lo evitaron. Moratinos descartó en el Senado, en octubre de 2008, que España sancionase por su cuenta a los golpistas. Su embajada en Nuakchot fue incluso la que más fácilmente les concedió visados Schengen para viajar a Europa.

Éste y otros muchos ejemplos demuestran la doble vara de las antiguas potencias coloniales europeas, y de la UE en su conjunto, cuando se trata de defender la democracia y los derechos humanos en Latinoamérica y en el Magreb. En la primera región a algunos les puede parecer insuficiente; en la segunda es inexistente.

En la Europa comunitaria sólo dos países muestran gran sensibilidad por el Magreb. El primero es Francia y el segundo es España cuya diplomacia es más activa en la región que la de Italia. Prueba de ello es que de España surgió la idea de la Conferencia Euromediterránea de Barcelona en 1995, y de Francia, la Unión Mediterránea en 2008. A veces surgen piques entre ambas potencias, pero en general trabajan codo con codo sobre todo cuando hay que defender a los amigos magrebíes de las críticas. Los acuerdos de asociación entre la UE y sus socios mediterráneos incluyen una cláusula sobre derechos humanos que los europeos ni siquiera han esgrimido para obtener avances.

Para los miembros escandinavos de la UE y para Irlanda, el Magreb no es prioritario, pero se muestran con frecuencia preocupados por los abusos en materia de derechos humanos. Suecia pidió, por ejemplo, en la reunión preparatoria del Consejo de Asociación de la UE con Marruecos, en noviembre de 2005, que se censurase a Rabat por la falta de libertad de prensa, pero españoles y franceses se empeñaron a fondo, y con éxito, en borrar cualquier crítica del texto común.

Por sorprendente que parezca la España socialista es aún algo más timorata que la Francia del derechista Nicolas Sarkozy a la hora de hacer gestos en apoyo de los demócratas. Los ejemplos abundan. A finales de agosto de 2008 la Junta Militar mauritana nombró un nuevo Gobierno y París lo tachó de ilegítimo en un comunicado. Madrid guardó silencio. Cuando, en agosto pasado, el diario Le Monde fue, por primera vez este año, prohibido en Marruecos, París lo lamentó por boca del portavoz de Exteriores. Cuando dos meses después EL PAÍS fue vetado en Marruecos, las autoridades españolas permanecieron calladas. Tras las elecciones presidenciales amañadas de octubre en Túnez, ese mismo portavoz expresó, con muchos matices, la "preocupación" de Francia por la situación que atraviesan periodistas y defensores de los derechos humanos. Tampoco hubo esta vez comentarios de Madrid.

España ha tenido incluso gestos desalentadores. Así lo interpretó la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) cuando, por ejemplo, el Consejo de Ministros otorgó, en enero de 2005, la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica a los generales Hamidu Laanigri, ex jefe de la policía secreta, y Hosni Bensliman, que manda la Gendarmería . Ambos figuran en el pelotón de cabeza de una lista elaborada por la AMDH con los nombres de los presuntos responsables de los abusos cometidos durante los "años de plomo" (1956-1990). Desde 2007 un juez instructor francés reclama, en vano, a Bensliman al que quiere interrogar con relación al secuestro y asesinato, en 1965 en París, del opositor marroquí Mehdi Ben Barka.

El Gobierno español es contemporizador y el PSOE también. Lo es incluso comparado con sus correligionarios franceses. La secretaría de relaciones internacionales del PS francés condenó con comunicados la primera oleada de represión contra la prensa, en 2000, del reinado de Mohamed VI. En octubre pasado hizo otro tanto con la segunda gran oleada. Entremedias, en 2005, también reprobó el aplastamiento de la revuelta saharaui. La secretaría del PSOE permaneció muda y eso que España ostenta aún, según la doctrina de la asesoría jurídica de la ONU , la soberanía e incluso la administración del Sáhara Occidental aunque no la pueda ejercer. En esto el PP de Mariano Rajoy actúa en plena sintonía con sus adversarios socialistas.

Desconciertan tantas cautelas por parte de un presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, que en junio de 2008 afirmó en un discurso dedicado a la política exterior: "(...) quiero que mi Gobierno hable con el lenguaje de los derechos humanos ante todos los retos de hoy y en todas las regiones del mundo". Seis meses después el Consejo de Ministros aprobaba el Plan General de Derechos Humanos que recalca: "La promoción de los derechos humanos en todo el mundo es objetivo prioritario del Gobierno y atraviesa todas las actuaciones de España".

El desfase entre el discurso y la práctica de las democracias del sur de Europa decepciona. Recuerdo la desazón de Alí Lmrabet y Aboubakr Jamai tras entrevistarse en Madrid, en enero de 2000, con Trinidad Jiménez, entonces secretaria de relaciones internacionales del PSOE. Les dio palabras de ánimo, pero rehusó condenar públicamente el cierre de sus tres semanarios en Marruecos (Demain, Le Journal y As Sahifa).

Francia, que se presenta a sí misma como la patria de los derechos humanos, irrita. "Aunque son minorías, observo que Francia suscita enemistades entre intelectuales, opositores y jóvenes en Túnez como en Argelia", afirma Florence Beaugé, la periodista de Le Monde expulsada en octubre de Túnez. "Francia es vista como cínica", prosigue. "Nuestro crédito disminuye dramáticamente cada día". "No será fácil recuperarlo". "El candidato Sarkozy no estaba obligado, hace tres años, a proclamar que los derechos humanos serían el eje su política exterior". "Callarse hubiese sido, por su parte, más decente y más prudente".

La Alianza de Civilizaciones, lanzada en 2004 por el presidente del Gobierno español, antepone la estabilidad del mundo árabe y, de paso, la lucha contra el terrorismo a las buenas intenciones proclamadas por Zapatero en sus discursos. En el fondo esa alianza consiste, en muchos casos, en estrechar lazos con unos regímenes dictatoriales que son, en buena medida, los causantes de la radicalización de la juventud.

"¿Qué es a largo plazo lo más rentable para Europa?", se preguntaba recientemente el médico Moncef Marzouki, célebre exiliado tunecino. "¿Tener enfrente a regímenes democráticos, aunque incluyan elementos islamistas, u oligarquías militares y policíacas corruptas y violentas en guerra civil, declarada o larvada, con sus pueblos?", añadía. A juzgar por su política, España y Francia han elegido la primera opción, pero quizá sólo piensen en el corto plazo. En el largo plazo es probable que en las cárceles tunecinas y en las de otros países norteafricanos no haya, sobre todo, aprendices de terrorista. Habrá entonces, detrás de los barrotes, auténticos terroristas y otros muchos estarán en libertad y pegando tiros.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 17 de noviembre de 2009