La nueva Ley del Suelo pone en pie de guerra a varios ayuntamientos

La reforma de la Ley del Suelo que abordará el Gobierno de Esperanza Aguirre a través del anteproyecto de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, más conocida como Ley de Acompañamiento, puso ayer en pie de guerra a los grandes ayuntamientos de la región (gobernados por alcaldes socialistas) que ven sus competencias municipales invadidas. También Madrid estudia el alcance de la reforma.

La última modificación de Aguirre de la Ley del Suelo -que ha cambiado varias veces en sus dos mandatos, siempre con una ley escoba- permitirá aprobar proyectos urbanísticos de particulares en contra de la opinión de los ayuntamientos, cuando lo decida el Gobierno regional y lo declare de "interés general". Hasta ahora esta vía estaba reservada sólo a las actuaciones de las administraciones.

"Se acaba con la planificación del suelo de los municipios y con lo que significa un plan de ordenación", aseguró Pedro Castro, alcalde de Getafe y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). "Un promotor nunca va a velar por el interés público, porque el planteamiento que tiene al hacer un desarrollo urbanístico es ganar dinero". Por eso, anunció, los servicios jurídicos de la FEMP estudian ya un recurso ante el Tribunal Constitucional "en defensa de la autonomía local".

La oposición mostró su rechazo al cambio legal, por lo que IU y PSM votarán en contra en la Asamblea. "Aberración administrativa y nuevo esperpento" fueron los calificativos que le dio a la modificación el líder socialista, Tomás Gómez. "Tropelía para favorecer la especulación" fue el adjetivo que le puso el coordinador de IU, Gregorio Gordo.La FEMP considera que la nueva reforma de la Ley del Suelo invade competencias municipales. Por eso, acudirá al Constitucional con un conflicto en defensa de la autonomía local. Esta vía permite impugnar ante el alto tribunal leyes de las comunidades que cuestionan la autonomía de los ayuntamientos, que garantiza la Constitución española (artículo 140).

La Ley Orgánica de 7/1999, de modificación de la norma que gobierna el Constitucional, permite plantear este conflicto a "un número de municipios que supongan al menos un séptimo de los existentes en el ámbito territorial de aplicación de la disposición con rango de ley, y representen como mínimo un sexto de la población oficial del ámbito territorial correspondiente". Requiere que lo hagan al menos 25 ayuntamientos que sumen un millón de habitantes: esa condición la cumplen los 34 municipios de la región gobernados por los socialistas.

El Ayuntamiento de Madrid, que dirige Alberto Ruiz-Gallardón (PP), no ha tomado posición sobre la Ley de Acompañamiento, pues aún está estudiando su "alcance normativo". En cambio, el alcalde de Rivas, José Masa (IU), pidió una "respuesta contundente" de la Federación de Municipios Madrileños (FMM), controlada por el PP, ante "este despojo de competencias".

Pero su presidente, Bartolomé González, alcalde popular de Alcalá de Henares, respondió asegurando que la reforma "refuerza la autonomía municipal", ya que "será preceptivo un informe del Ayuntamiento antes de la aprobación por la vía de urgencia de proyectos urbanísticos de iniciativa privada". Es la misma tesis que defendió la consejera de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio. "Garantiza y amplía la autonomía", dijo a Efe. Sin embargo, ese informe no es vinculante, porque será la Comunidad de Madrid la que tenga la última palabra (podrá decidir que sigue adelante el proyecto con informe negativo por su "urgencia") y, por otra parte, también se aplica el silencio positivo: si el Ayuntamiento no ha emitido informe, se entenderá que está conforme al proyecto. Ese plazo puede ser de sólo 10 días si se considera un proyecto urgente (puntos 4 y 5 del nuevo artículo 161 de la Ley del Suelo).