Estrasburgo sentencia que la cruz en el aula viola la libertad religiosa
El Gobierno italiano recurrirá el fallo de la Corte de Derechos Humanos
La presencia de crucifijos en las aulas de los colegios italianos constituye "una violación del derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones" y "una violación de la libertad religiosa de los alumnos". Eso afirmó ayer la Corte de Derechos Humanos de Estrasburgo, en una sentencia histórica: es la primera vez que el tribunal europeo se pronuncia sobre la presencia de símbolos religiosos en los colegios. El fallo se basa en que el crucifijo puede ser molesto para alumnos de otras religiones y para los ateos. "La Corte no comprende cómo la exposición del crucifijo puede servir al pluralismo educativo, esencial para la conservación de una sociedad democrática".
El tribunal, por unanimidad de sus siete jueces, da la razón a Soile Lautsi, una ciudadana italiana de origen finlandés, que pidió en 2002 al instituto público Vittorino da Feltre, de Abano Terme (Padua), donde estudiaban sus dos hijos, que retirara los crucifijos de sus aulas. Tras la respuesta negativa del centro, Lautsi recurrió, sin éxito, a diversas instancias jurídicas italianas y, finalmente, a Estrasburgo.
La resolución es "un golpe mortal a Europa", protesta el ministro Frattini
El Vaticano dice que el crucifijo está ligado a la identidad histórica y cultural
La idea que inspiró su denuncia es que "el crucifijo tiene detrás muchísimos significados negativos, a partir de la discriminación de las mujeres y los homosexuales", según señaló Lautsi en 2002. Ayer, la mujer declaró estar "contentísima" por el fallo.
Después de que el Tribunal Constitucional negara amparo a Lautsi en 2004, el Consejo de Estado rechazó su recurso en febrero de 2006 alegando que el crucifijo tiene "una función simbólica altamente educativa". Lautsi rechazó esa decisión, que definió como "filosófica y no jurídica".
La decisión de la Corte de Estrasburgo, que condena al Estado italiano a pagar 5.000 euros a Lautsi por "daños morales", originó una enorme polvareda política. El Gobierno expresó su desacuerdo con la decisión y anunció que la recurrirá. La ministra de Educación, Mariastella Gelmini, argumentó que "el crucifijo forma parte de la tradición italiana". Su colega de Exteriores, Fanco Frattini, fue más lejos: "Es un golpe mortal a Europa".
El recurso abre ahora dos vías. Si la Corte acepta el recurso, el caso será revisado por la Gran Cámara, el órgano superior del tribunal. Si no fuera admitido, la sentencia será ejecutiva en tres meses, y el Comité de Ministros del Consejo de Europa deberá, en seis meses más, decidir qué acciones debe tomar el Gobierno italiano para no incurrir en nuevas violaciones ligadas a la presencia de los crucifijos en las escuelas públicas.
El más airado entre la mayoría conservadora fue quizá el ministro de Agricultura, Luca Zaia, miembro de la Liga Norte, ultracatólica y antieuropeísta, que dijo: "La Corte ha decidido que los crucifijos ofenden la sensibilidad de los no cristianos. Quien ofende los sentimientos de los pueblos europeos nacidos del cristianismo es sin duda la Corte. ¡Que se avergüencen!".
El Vaticano mostró su fastidio. Según su portavoz, Federico Lombardi, la Santa Sede recibía con "estupor" y "amargura" la decisión del tribunal. "Es equivocado y miope querer excluir a la religión de la realidad educativa", afirmó. Y criticó que la Corte europea haya intervenido en una materia "tan profundamente ligada a la identidad histórica, cultural y espiritual del pueblo italiano". "No es por este camino", concluyó, "como se ayuda a amar y compartir la idea de Europa". Además, la Conferencia Episcopal Italiana (CEI) se aferró al "reconocimiento de los principios del catolicismo como 'parte del patrimonio histórico italiano', recogido en el Concordato de 1984".
La oposición del Partido Democrático llamó al Gobierno a acatar la sentencia y a "promover la convivencia cívica entre las múltiples culturas y religiones" de la población. "La Corte ha pedido sólo respeto a la libertad religiosa y no creo que eso esté en contra de nuestra Constitución", indicó la diputada Vittoria Franco.
