La Rioja encarga a un prestigioso jurista el recurso contra el blindaje del Concierto

El Gobierno de La Rioja que preside el popular Pedro Sanz ha encargado ya oficialmente a un prestigioso jurista especializado en Derecho Administrativo la preparación del recurso de inconstitucionalidad que anunció en el caso de que saliera adelante el propósito de blindar jurídicamente las normas forales de contenido fiscal que aprueban las Juntas Generales, elevando su enjuiciamiento al Tribunal Constitucional. El Ejecutivo riojano, que se ha carecterizado por impugnar sistemáticamente desde los noventa las normas tributarias vascas que introducen ventajes para las empresas en el Impuesto de Sociedades, no está dispuesto a aceptar que se le impida hacerlo en el futuro.

Por eso, se ha situado al frente, junto a los gobiernos de Castitilla y León y Cantabria, de la oposición al blindaje que se pretende impulsar desde Euskadi mediante la modificación de las leyes orgánicas del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial. A esto es a lo que se ha comprometido el PSOE en el Congreso, después de que el PNV pusiera esta reforma legal como condición para apoyar los Presupuestos del Gobierno de Rodríguez Zapatero. El acuerdo establece que la modificación de ambas leyes se abordará en diciembre, antes de que se produzca la votación final de las cuentas del Estado.

En el caso de que el blindaje salga adelante, sólo podrán recurrir las normas forales el Gobierno central o 50 diputados o senadores. Se cerraría así la posibilidad de que lo hagan los gobiernos autonómicos u organizaciones patronales y sindicales, como sucede ahora en que su enjuiciamiento corresponde a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior del País Vasco y, en segunda instancia, al Tribunal Supremo.

Experto administrativista

Anticipándose a la reforma planteada a instancias de todos los partidos del Parlamento vasco a excepción de UPyD, el Gobierno de La Rioja ha adjudicado Santiago Muñoz Machado, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense, el recurso contra la futura ley. De este modo, si se aprueba al final en las Cortes, el propio Tribunal Constitucional deberá pronunciarse sobre la constitucionalidad de la reforma de su ley para dar cobijo a las normas de las Juntas Generales. Algunos expertos ya han advertido de que esa pretensión podría chocar con la propia Constitución, que reserva el rango de ley, y por tanto su enjuiciamiento por el Constitucional, a las normas que aprueban las Cortes Generales y los parlamentos autonómicos.