Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra
La investigación del 'caso Gürtel' | LAS REVELACIONES DEL SUMARIO SOBRE LA RED DE CORRUPCIÓN DE FRANCISCO CORREA

Siete constructoras favorecidas por el PP en Madrid pagaron 10 millones en sobornos

La trama se repartía las comisiones ilegales con políticos populares, según la policía

Diez millones de euros en comisiones ilegales pagadas durante los últimos años por siete constructores y contratistas a cambio de adjudicaciones de importantes negocios inmobiliarios o de prestación de servicios en municipios de Madrid donde gobierna el PP. Un negocio perfecto; el más lucrativo de los que, según lo conocido hasta ahora, hizo la trama de corrupción de Francisco Correa.

Con la ayuda de alcaldes y altos cargos del PP, fundamentalmente en la Comunidad de Madrid -y mayoritariamente de la confianza de la dirección del partido a cuyo frente está Esperanza Aguirre-, Correa y los suyos se embolsaron cerca de 10 millones de euros en muy pocos años: la trama recibía el dinero -a cambio de intermediar- y lo repartía después con los políticos del PP implicados en las adjudicaciones.

Así se desprende del informe policial elaborado por la Unidad Central de Delincuencia Económica sobre "vinculaciones de la organización con empresas adjudicatarias de proyectos o servicios públicos", que el Tribunal Superior de Madrid sigue investigando: ha imputado a la mayoría de los empresarios aludidos.

La investigación policial está basada en tres elementos: documentos incautados en las Administraciones sospechosas de adjudicaciones irregulares; conversaciones grabadas a los miembros de la trama (en algunos casos, con los empresarios beneficiados por las concesiones), y la contabilidad de la red Gürtel.

Las empresas salpicadas por el supuesto pago de comisiones ilegales a la trama de corrupción son FCC/Aqualia, Sufisa, Persontrade, Constructora Hispánica, Martinsa, UFC y Teconsa.

- Gonzalo Naranjo (Sufisa). "Ha tenido entre 2001 y 2007, y aún hoy sigue teniendo, una estrecha vinculación con el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, Majadahonda y Alcalá de Henares [todos en Madrid y gobernados ahora por el PP], así como con municipios de otras autonomías como Castilla y León. En compañía de la sociedad Aqualia (FCC) puso en servicio en 2002 la estación de bombeo y estación depuradora de aguas residuales de Boadilla del Monte (la obra costó 12 millones de euros), cuyo cliente principal es el Canal de Isabel II (que dirige el Gobierno de la Comunidad de Madrid)".

En los libros de contabilidad de la red Gürtel, la policía halló unas entregas de 157.800 euros efectuadas supuestamente por Gonzalo Naranjo, empresario "vinculado a la administración de Sufisa". La policía sostiene que entre los beneficiarios de esa comisión ilegal, además del propio Correa, estaba Tomás Martín, un dirigente local del PP.

- Enrique Carrasco (FCC). Esta empresa logró en 2001 la gestión de la limpieza, mantenimiento, conservación y reparación del arbolado urbano de Boadilla por ocho años, con posibilidad de dos prórrogas de tres años. El 8 de enero de 2002, según la documentación incautada, Enrique Carrasco, trabajador de FCC, pagó 105.000 euros en comisiones que se repartieron Correa, Álvaro Pérez y los dirigentes del PP Gerardo Galeote (GG) y Luis Bárcenas (LB).

- Plácido Vázquez (asesorías e inmobiliarias). El nombre de este empresario vinculado a cuatro empresas (Persontrade y Backtrade, de asesoría; Teninsa, de adquisición, venta y alquiler de inmuebles; y Degremont, de tratamiento de agua y residuos) figura en los apuntes de cobro de comisiones ilegales que hizo el contable de Correa. La policía cree que Plácido Vázquez actuó de intermediario en la adjudicación durante 2002 a la Unión Temporal de Empresas formada por SUFI y FCC para la gestión de las basuras por 12 años -"de gran envergadura de medios y costes de adjudicación", según los investigadores-. Entre enero de 2002 y julio de ese año, Vázquez habría entregado 1,7 millones de euros a la red delictiva para que Correa repartiera el dinero entre dirigentes del PP como José Galeote (ex concejal en Boadilla del Monte) o Luis Bárcenas, según los documentos incautados a la banda de Correa.

- Constructora Hispánica. El recuento realizado por los policías que han investigado el caso Gürtel apunta seis pagos que suman 4.192.000 euros de Constructora Hispánica a la trama corrupta entre el 19 de febrero de 2002 y el 12 de marzo de 2004. Sería, según el informe policial, la constructora que más ha enriquecido a la trama corrupta con mucha diferencia respecto al resto. La policía señala que Alfonso García Pozuelo, presidente de Constructora Hispánica, aparece en los apuntes de la contabilidad b (en dinero negro) de las empresas de Francisco Correa.

En el reparto de esos más de cuatro millones de euros, según la documentación, uno de los principales beneficiarios es Luis Bárcenas (ex tesorero nacional del PP y senador por Cantabria), que tiene apuntes en las cuentas de Correa por casi un millón de euros. La policía cita, entre los contratos logrados por Constructora Hispánica, diversas obras del aeropuerto de Barajas y del Tren de Alta Velocidad adjudicadas por organismos dependientes del Ministerio de Fomento; obras municipales en Pozuelo de Alarcón (cuyo ex alcalde Jesús Sepúlveda también está imputado en el caso Gürtel); modernización de regadíos de la comunidad de usuarios del Alto Vinalopó (Alicante); adjudicación de instalaciones deportivas en Majadahonda y construcción de la ciudad del deporte en Boadilla del Monte (el ex alcalde Arturo González Panero está igualmente imputado).

- Teconsa. Empresa de origen leonés implicada en el caso por el pago de al menos 72.000 euros a Correa en relación con la adjudicación de una obra por parte de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León a Teconsa por 2.847.959 euros. Aunque la oferta de Teconsa empató a puntos en el concurso con FCC, la consejería le adjudicó la obra a la primera porque su precio era mejor. En la ejecución se produjo una modificación que elevó los costes de la autovía en 284.000 euros.

La policía concluye que el ex consejero de Fomento José Luis Fernández Santiago, hoy presidente de las Cortes de Castilla y León, podría estar implicado en esta adjudicación irregular e incluso baraja que las iniciales TO, aparecidas en el reparto de los 72.000 euros de comisiones que hizo Correa, correspondan a Toti, apodo con el que se conoce a Fernández Santiago. Desde el fax de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León se envió a la sede central de la trama corrupta el escrito de adjudicación de la obra a Teconsa.

El informe policial detalla que el Gobierno castellano-leonés ha adjudicado a Teconsa 23 obras entre 2000 y 2009; algunas por concurso, otras por subasta, otras por procedimiento negociado sin publicidad y otras en contratos menores.

- UFC. La constructora de José Luis Ulibarri logró la adjudicación de una promoción de chalés de lujo sobre suelo municipal en Boadilla del Monte. Ganó el concurso pese a que ofrecía tres millones de euros menos que la mejor oferta, con la excusa de que finalizaría la construcción de los chalés tres meses antes (cláusula que nunca cumplió). Correa se ufana en conversaciones con sus colaboradores de que esos tres millones de euros que se ahorró Ulibarri los pagó en comisiones ilegales. Y que Correa repartió el dinero en una reunión que grabó en vídeo y donde estaban tanto el entonces alcalde de Boadilla, Arturo González Panero (PP), como alguno de sus altos cargos que favoreció esa adjudicación.

- Martinsa. La adjudicación de una parcela para levantar cientos de viviendas en Arganda del Rey a favor de Martinsa es la operación urbanística que menos documentada está en los libros de la red corrupta, aunque fue denunciada en su día por la oposición socialista en ese ayuntamiento. Tanto el ex responsable de la empresa municipal que se encargaba de la gestión del suelo de Arganda, el diputado autonómico Benjamín Martín Vasco, como el ex alcalde de la localidad Ginés López han sido imputados. Las conversaciones entre los miembros de la trama apuntan a comisiones millonarias (más de un millón para el clan Correa y al menos un millón para los dirigentes municipales que supuestamente hicieron posible la adjudicación) pagadas por Martinsa para hacerse con el suelo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 12 de octubre de 2009