El PP vuelve a cargar contra la fiscalía

La dirección del PP salió ayer en defensa de Francisco Camps y recuperó la estrategia de arremeter contra el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, por supuesta persecución a su partido en el caso Gürtel.

Esa estrategia del PP se basa en la supuesta petición de la fiscalía para que se eliminen del sumario conversaciones que favorecen al presidente de la Generalitat valenciana. Esas grabaciones se refieren a la parte que ya archivó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana sobre los trajes que, presuntamente, le regaló la trama corrupta a Camps. No afectan a la investigación del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ni a la acusación de supuesta financiación irregular del PP de Valencia. Tampoco afectan a la estrecha relación entre Camps y los miembros de la trama, que queda probada en el sumario y que ha provocado la exigencia de responsabilidad política al presidente valenciano.

Los populares reclaman que el fiscal comparezca en el Congreso

La conversación la mantuvieron en la cárcel Pablo Crespo, presunto número dos de la trama, y su abogado. No está en el sumario porque la Fiscalía Anticorrupción pidió que se eliminaran las transcripciones y el juez Baltasar Garzón emitió un auto el 27 de marzo en el que ordenaba excluir "las transcripciones de las conversaciones mantenidas entre los imputados (...) y sus letrados y que se refieren en exclusiva a estrategias de defensa". No obstante, en la parte del sumario que se ha hecho pública han quedado algunas de estas conversaciones, por un error. De hecho, en esos folios figura la anotación manuscrita "quitar".

El PP se agarró a este episodio ayer y la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, acusó a la fiscalía de tratar de eliminar pruebas. La dirigente del PP hizo estas manifestaciones a través de un comunicado distribuido por el partido, sin posibilidad de ser preguntada.

Según Sáenz de Santamaría, el contenido de esas conversaciones "no ha estado nunca" en los autos que la Audiencia Nacional remitió a Valencia, donde se continuó el procedimiento, y por ello cree que el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, tiene que comparecer con carácter urgente en el Congreso y explicar "estos intentos de manipulación".

Sin embargo, fuentes del Congreso recuerdan que nunca se ha tramitado en la Mesa de la Cámara la petición de comparecencia del fiscal general para dar cuentas de una actuación sobre un caso judicial concreto que esté abierto. Fuentes del PSOE aseguran que su intención es frenar dicha petición cuando llegue a los órganos correspondientes de la Cámara.

Añaden que, además, es la Fiscalía Anticorrupción la que actúa directamente en el caso.

Sin embargo, la portavoz del PP da por hecho en su comunicado que Conde-Pumpido conocía la existencia de estas conversaciones. Y vincula esta decisión con la de recurrir ante el Tribunal Supremo el archivo de la causa.

Sáenz de Santamaría tira por elevación, y del fiscal Anticorrupción pasa al fiscal general del Estado y la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega. "En estos días en que la señora De la Vega va de televisión en televisión y de radio en radio pretendiendo dar lecciones de ética política y democracia, que dice ella, le digo que hay dos cosas muy claras: que en democracia el Ejecutivo no tiene que dar instrucciones ni a la justicia ni al fiscal general del Estado, y que no es ético ordenar el archivo de una actuación, cosa que no puede hacer por vulnerar la justicia y la independencia judicial". Añade que "tampoco es ético cuando se trata de eliminar unos datos del sumario, que sabían que no había ninguna responsabilidad por parte del presidente Camps porque pagaba sus trajes".

A Conde-Pumpido le acusa de "atacar" al PP y defender los intereses del PSOE.