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Camps y Costa en las Cortes Valencianas / JORDI VICENT
El informe policial Orange Market. Sistema de facturación y financiación de los actos del PP de la Comunidad Valenciana, de 89 folios y cinco anexos, incluye nuevos documentos incautados a la firma valenciana de la trama Gürtel.
Orange Market, una de las empresas de la trama corrupta que dirigía Francisco Correa, cobró -por actos electorales que le montó al Partido Popular- de empresas constructoras de la Comunidad Valenciana que recibían contratos multimillonarios de la Generalitat presidida por Francisco Camps.
En las grabaciones que figuran en el informe policial sobre la financiación ilegal del PP valenciano, además de reforzar la idea de que Francisco Camps estaba al tanto de todo, se ve cómo se mezclan negocios del partido con cosas privadas, como ventas de coches.
El recorrido del caso Gürtel en Valencia ha puesto en el ojo del huracán a Juan Luis de la Rúa, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). Dijo sentirse "feliz" de que Francisco Camps le considerara "más que un amigo".
El Tribunal Superior de Valencia -que preside Juan Luis de la Rúa, amigo declarado del presidente Francisco Camps- ha rechazado en dos ocasiones investigar el informe policial que revela la presunta financiación ilegal del PP en esa comunidad. ¿Qué va a suceder ahora con ese informe? ¿Van a investigar los jueces su contenido o terminará en la papelera el trabajo policial? Fuentes jurídicas creen que el caso Gürtel, en su variante de la supuesta financiación ilegal del PP, volverá de nuevo a las manos de De la Rúa con parecidos implicados que en la causa por delito de cohecho impropio (los regalos de trajes a Camps y otros aforados) que archivó en agosto pasado.
Bajo 33 grados de temperatura, que provocaron el desmayo de cinco agentes, se celebró ayer en Toledo El Día de la Policía. El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el presidente castellano-manchego, José María Barreda, presidieron el acto y los simulacros de los tedax y geos.
El Ministerio del Interior ha autorizado que vigilantes privados de seguridad puedan viajar en pesqueros españoles para protegerlos frente a ataques de piratas somalíes o de otras nacionalidades. Parte de la flota exigía que fuese la Armada la que prestase ese servicio, pero Defensa se ha negado en rotundo no sólo por el alto coste que esa operación supondría (45 millones de euros al año), sino porque considera problemático involucrar a militares en la seguridad de bienes privados.
ETA perdió varios miles de euros en una inversión especulativa en dólares, según documentos internos de la banda. En una fecha no precisada, la organización terrorista decidió comprar dólares como inversión, pensando que la moneda estadounidense estaría más fuerte que el euro y que tras unos años se revalorizaría esa inversión.
La mujer que ocultó su rostro al tribunal estuvo detenida por ayudar a la 'yihad'
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