Ida y vuelta del 'caso Gürtel'

El Tribunal Superior de Valencia -que preside Juan Luis de la Rúa, amigo declarado del presidente Francisco Camps- ha rechazado en dos ocasiones investigar el informe policial que revela la presunta financiación ilegal del PP en esa comunidad. ¿Qué va a suceder ahora con ese informe? ¿Van a investigar los jueces su contenido o terminará en la papelera el trabajo policial? Fuentes jurídicas creen que el caso Gürtel, en su variante de la supuesta financiación ilegal del PP, volverá de nuevo a las manos de De la Rúa con parecidos implicados que en la causa por delito de cohecho impropio (los regalos de trajes a Camps y otros aforados) que archivó en agosto pasado.

Los motivos que alegó la Sala valenciana para desentenderse del citado informe policial eran que el delito de financiación ilegal del que da cuenta era diferente y no cabía subsumirlo en la causa por cohecho impropio que había tramitado contra los aforados y que, además, el caso ya estaba archivado.

Sorprende ese argumento por cuanto la Sala valenciana -a pesar de que Garzón avisó de que algunos aforados valencianos podían haber cometido varios delitos- limitó las pesquisas al de cohecho impropio. Y obvió los demás delitos. Otro argumento para rechazar el informe fue que nadie de la Sala valenciana lo había solicitado.

El informe (89 folios) lo entregó la policía el 31 de julio pasado en los tres órganos judiciales que tramitaban la trama Gürtel: el Supremo y los Superiores de Valencia y Madrid. Es decir, la Sala de Valencia lo tuvo en sus manos días antes de cerrar la causa contra Camps. Además, es absurdo el argumento de la Sala de que no había pedido ningún informe a la policía, puesto que es un deber de los agentes investigar y perseguir delitos y elevar informes sobre ellos a los jueces. Y más en este caso, en el que los autores del informe han actuado como policía judicial en el marco de las pesquisas de la trama Gürtel, con ramificaciones en Madrid y Valencia.

Pero no es sólo esto: ese informe también llegó al Superior de Valencia por otra vía. Le fue remitido este verano por el magistrado instructor del caso Gürtel en Madrid, que se inhibió de investigar su contenido en favor del Superior de Valencia al constatar que los supuestos implicados eran casi los mismos aforados que ya estaban siendo investigados en esa comunidad. Pero la Sala de De la Rúa devolvió el informe a Madrid y se escabulló de investigarlo, esta vez con el argumento, formalizado en un auto, de que Pedreira, en su condición de instructor, no podía per se plantear la inhibición ante una Sala. Eso sólo podía hacerlo, en su caso, su homónima del Superior de Madrid.

Por tanto, para que el informe no acabe en la papelera, el camino ahora es que Pedreira eleve a su Sala el informe que le devolvió Valencia, para que ésta decida qué hace con él. Dos son las posibilidades que pueden estar barajando la Fiscalía Anticorrupción y el Superior de Madrid, según expertos en derecho consultados. Una, elevar ese informe al órgano superior de ambos tribunales superiores, al Supremo, y que éste resuelva si se queda el asunto (al haber implicados en la trama Gürtel aforados de dos comunidades diferentes, Madrid y Valencia) o bien que dictamine quién debe investigar ese nutrido informe.

La otra alternativa, considerada la más factible, pasa porque el Tribunal de Madrid remita ese informe al juzgado decano de Valencia para su reparto. El juzgado al que le tocase iniciaría una investigación, de la que tendría que inhibirse en favor del Superior de Valencia en el momento en que viese indicios contra aforados. Y precisamente indicios contra aforados (contra Camps y algunos de sus hombres de confianza) es lo que sobran en el informe. Conclusión: el asunto puede volver a las manos de De La Rúa, el amigo de Camps.