El peso de la subida de impuestos recaerá en las rentas medias y del trabajo

El esfuerzo fiscal que el Gobierno ha pedido a los contribuyentes para cuadrar las cuentas de 2010 recaerá principalmente en las rentas medias. La vicepresidenta y ministra de Economía, Elena Salgado, despejó ayer la incógnita fiscal para el año próximo con unas directrices que confirman que, aunque el mensaje político apuntaba a los más acaudalados para sufragar la subida de impuestos, los mileuristas y dosmileuristas aportarán buena parte de los casi 11.000 millones de ingresos extra que el Ejecutivo pretende arañar con esta reforma fiscal.

Salgado compareció, casi recién aterrizada de la cumbre del G-20 celebrada en Pittsburgh (Estados Unidos), tras la reunión del Consejo de Ministros que aprobó los Presupuestos del Estado para 2010. Con muchas más dificultades que otros años, el Gobierno ha cuadrado unas cuentas que presentan lagunas y pecan de optimismo en la previsión de ingresos, a pesar de reconocer que sólo una parte de la subida de impuestos (6.500 millones) estará disponible en las arcas del Estado, con criterio de caja, en 2010. El resto se ingresará en 2011. "Se trata de solicitar un esfuerzo de solidaridad para atender a un gasto social creciente", resumió.

La ministra pide "un esfuerzo de solidaridad" para pagar el gasto social

La única rebaja fiscal del proyecto tiene fecha de caducidad en 2011

Quitar la deducción de 400 euros del IRPF -una promesa electoral de la campaña de 2008 que se aplicó cuando la crisis ya era perceptible- reportará 5.700 millones de euros al erario público. Ésos son los cálculos del Gobierno, que espera una cantidad similar a la que supuso esta partida en 2008, a pesar de la caída de empleo que se ha producido. Los principales beneficiarios de entonces, las rentas medias, serán ahora los más afectados por la retirada de una prebenda fiscal que ha durado dos años. Parte de esa cantidad se recuperará en 2011, una vez presentadas las declaraciones de la renta de 2010.

Además de pagar más en el impuesto sobre la renta, los ciudadanos soportarán una subida del IVA del 16% al 18% en el tipo general y del 7% al 8% en el reducido que grava, por ejemplo, la vivienda y la hostelería. El tipo del 4% que se aplica a productos básicos se mantiene intacto. Para apaciguar una de las principales objeciones de los detractores de subir el IVA en tiempos de crisis -incluidas las de los técnicos del Ministerio de Economía-, el Gobierno ha decidido retrasar esta medida hasta el 1 de julio "cuando la recuperación económica ya haya comenzado", en palabras de Salgado. El principal riesgo de elevar este impuesto ligado al consumo en plena recesión es que éste se deprima aun más. El Ejecutivo confía en que la economía comience a crecer a partir del segundo trimestre de 2010, a pesar de que en el conjunto del año caerá un 0,3%. Aunque no existen datos sobre la recaudación de IVA por tramos de renta, al ser un impuesto indirecto, que se aplica independientemente de los ingresos, el impacto crece cuanto menores son los ingresos del contribuyente. No obstante, este efecto puede compensarse por la congelación que se producirá en el tipo de los productos más básicos, que pesan más en los gastos de las rentas bajas.

La única novedad que se atiene claramente al principio de que las rentas altas hacen el mayor esfuerzo corresponde a la tributación del capital. Este impuesto recupera cierta progresividad respecto a los cambios introducidos en 2007, pues quienes declaren rendimientos del ahorro inferiores a 6.000 euros (el 94% de los contribuyentes con rentas del capital, según los datos de Hacienda) pagarán desde 2010 un 19%, frente al 18% actual. Para los de mayores ingresos, la subida llegará al 21%. La incidencia será escasa; esos cambios elevarán la recaudación sólo 800 millones de euros.

En el otro lado de la balanza, el Ejecutivo ha hecho hueco a una rebaja fiscal que beneficia a las empresas. Se trata de una reducción de cinco puntos (del 25% al 20%) en el impuesto de sociedades para las pequeñas y medianas empresas que mantengan el empleo o lo incrementen. Para acogerse a esta reducción, deberán tener menos de 25 trabajadores y facturar un máximo de cinco millones de euros. Se articulará una medida similar en el IRPF para los autónomos.

Esa única rebaja del paquete fiscal es precisamente la que tiene un horizonte temporal limitado, entre 2009 y 2011. Aunque el presidente del Gobierno anunció en su momento que la subida de impuestos sería "temporal y limitada", ninguna de las alzas tiene caducidad. Un portavoz de Hacienda asegura que el escenario se mantendrá al menos hasta 2012 y entonces se hará una revisión para ver si se han conseguido los objetivos de recaudación. Pero es muy improbable que se reviertan los cambios. La titular de Economía avisó, además, de otras estrecheces fiscales que se avecinan para 2011: la desaparición de la deducción por compra de vivienda y "algo de alquiler".

Pese a la magnitud de los cambios fiscales, el instrumento que realmente permite afrontar el gasto en plena recesión es la deuda. Tras varios años de moderación, cerrará el año en el 53,4% del producto interior bruto (PIB), 14 puntos más de lo esperado. Y en 2011 llegará al 62,5%.

Con esas premisas, Salgado trató ayer de convencer de la solidez de unas cuentas que incluyen una previsión de ingresos un 21% superior a la de este año, a pesar de que la economía seguirá cayendo y de que el gasto sólo bajará una media del 3,9%. La presentación omitió algunos datos ofrecidos en otras conferencias de prensa posteriores al Consejo de Ministros que aprueba los Presupuestos. Por ejemplo, la previsión de liquidación de ingresos para 2009, que permite ver con qué recursos espera contar el Estado para cerrar el año. El dato resultaba especialmente relevante en este contexto de crisis, que ha trastocado todos los cálculos iniciales.

Las principales lagunas se observan en el capítulo del gasto. Casi el único dato ofrecido fue el peso del gasto social, que representará el 51,6% del Presupuesto (en las cuentas iniciales de 2009 figuraba un 52,8%). No se detallaron, en cambio, los incrementos -o descensos- de las principales partidas (infraestructuras, I+D, educación...), como ocurría otros años. Quizá porque en esta ocasión hay muchas mejoras raquíticas y varios descensos.

A cambio, Salgado ofreció cifras de reparto para retar a los partidarios de aplicar la tijera. Además del gasto social, un 21% irá a otras administraciones, un 6,6% al pago de la deuda, un 6,3% a I+D e infraestructuras y un 6,2%, a justicia, defensa y seguridad ciudadana. "Si no se quieren tocar esas partidas, quien reclama un mayor recorte de gastos que diga dónde", atacó Salgado, en referencia al Partido Popular.