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Cumbre de Pittsburgh

El G-20 se atasca en la reforma financiera

Los líderes mundiales amplían los plazos para aplicar normas más estrictas a la banca - Sólo se asume limitar los bonus de entidades sin suficiente capital

La cumbre de Pittsburgh cargaba con la pesada herencia de hacer realidad el sueño de un nuevo orden financiero internacional, tal y como proclamaron en abril los mandatarios de países avanzados y emergentes. Pero la complejidad del envite ha desbordado al G-20. Los representantes de las principales economías del mundo mantuvieron ayer su compromiso de abordar ambiciosas reformas para poner coto al efecto desestabilizador de los mercados financieros, origen de la mayor crisis económica desde la Segunda Guerra Mundial. Se insiste en dar más poder a los supervisores, en exigir que la banca reserve más capital, en vigilar cómo se paga a los ejecutivos del sector..., pero se gana tiempo para ponerlas en marcha.

No se exigirá reforzar el capital a los bancos hasta finales de 2012

El comunicado con el que se cerró la cumbre del G-20 en Londres, hace cinco meses, era ambicioso y claro en sus principios: a partir de ahora, ningún agente financiero relevante (desde hedge funds a agencias de rating) escaparía de la vigilancia pública. Se haría un esfuerzo por establecer normas conjuntas que penalizaran una gestión excesivamente arriesgada. Y que obliguen a las entidades financieras a apartar más dinero con el que hacer frente a posibles pérdidas. "Los que actúan de forma irresponsable no deben confiar en que los contribuyentes asuman el coste de sus fallos otra vez", insistió ayer el presidente de EE UU, Barack Obama. La cumbre de Londres fue también clara en los plazos: la mayoría de las reformas debían ponerse en marcha a finales de este año, lo que hacía de Pittsburgh una parada ineludible. Pero, finalmente, el G-20 optó ayer por otorgarse una prórroga, ante la enormidad del envite.

El caso más llamativo es el que hace referencia a las nuevas exigencias de capital a la banca. El Consejo de Estabilidad Financiera y el Banco Internacional de Pagos, como les había pedido el G-20, ya habían publicado sendos informes sobre cómo abordar la cuestión. Y el comité de Basilea para la supervisión bancaria recomendó que se establezca un ratio unificado de capital sobre los activos para que los supervisores puedan valorar la vulnerabilidad de cada entidad. El G-20 asume esa recomendación, pero se da hasta "finales de 2010" para desarrollar reglas internacionales. Y posterga "a finales de 2012" su completa puesta en marcha.

El argumento es que, con la recuperación aún balbuceando, no se quiere forzar a los bancos a una súbita retirada de dinero para acumular reservas, porque eso podría llevarles a prestar aún menos. "Las reglas serán adoptadas a medida que las condiciones financieras mejoren y la recuperación esté asegurada", reza el comunicado final. Los propios participantes en la cumbre asumieron que habrá otras lecturas. "Ahora que la situación mejora, la presión de los bancos para retrasar las reformas será mucho mayor", advirtió antes del encuentro el ministro de Finanzas de Brasil, Guido Mantega. Y aún resuena la invectiva que lanzó el jueves el ministro de Economía de Alemania, Peter Steinbrueck, contra los lobbies de la City de Londres y Wall Street, los principales foros financieros del mundo y, también, los principales focos de inestabilidad en esta crisis.

El G-20 asume que los nuevos ratios de capital tendrán que "armonizarse internacionalmente", compensando las diferencias en los sistemas de valoración contable. Cómo resolver esas diferencias es uno de los mayores puntos de fricción entre EE UU y la UE, ya que ahora la distinta forma de evaluar los activos obligaría a los bancos europeos a hacer una mayor acumulación de capital, lo que se traduce en una pérdida de competitividad.

En otro de los asuntos conflictivos, las remuneraciones de los ejecutivos, el G-20 apenas avanza sobre lo dicho en Londres, pese a la presión de los países europeos. En el comunicado final se difumina la iniciativa europea de poner topes a los bonus en el sector financiero. Lo más parecido es que se da a los supervisores nacionales la potestad de limitar "la remuneración variable a un porcentaje de los ingresos" de una entidad, pero siempre que esos pagos pongan en riesgo su estabilidad por falta de capitalización.

En el resto de supuestos, se reiteran algunas recomendaciones del Consejo de Estabilidad Financiera (CEF) ya formuladas en Londres, como la exigencia de que las entidades eviten los bonus garantizados plurianuales en la compensación a sus ejecutivos, la propuesta de que crear comités independientes para decidir la remuneración de los ejecutivos o la recomendación de que el pago de una parte de la remuneración variable se condicione a la evolución a medio plazo de la empresa. En este último punto, el G-20 suscribe las recomendaciones más recientes del CEF que prevén que una parte significativa de la paga variable sea diferida y en acciones y que se contemple la potencial recuperación de los bonus (clawback) en caso de una mala evolución futura. El presidente francés, Nicolas Sarkozy, se aferró a esos avances para sostener que se sentaban las bases de una "verdadera revolución" en los bonus, una proclamación que parece muy exagerada.

Lo que sí se asume ahora de forma genérica es que los supervisores podrán cambiar los sistemas de compensación en entidades quebradas o que reciban dinero público, una iniciativa que ya adoptaron los Gobiernos francés y alemán, pero que la Administración Obama no se atrevió a poner en práctica. Los supervisores deben empezar a vigilar que se cumplen estos principios en las retribuciones en 2010, aunque el comunicado deja una puerta abierta para nuevos acuerdos al encargar al Consejo de Estabilidad Financiera que informe sobre la cuestión antes de marzo del próximo año.

Los plazos también se extienden para alcanzar la "convergencia en las normas contables internacionales" (hasta junio de 2011), para establecer plataformas en las que se intercambien los contratos de derivados de forma estandarizada (hasta finales de 2012), o para elaborar planes que permitan a los supervisores compartir información sobre grandes entidades que operan en varios países (finales de 2010). Sí se apremia a los paraísos fiscales a ajustarse a la normativa internacional: si queda algún centro financiero en la lista negra de la OCDE en marzo de 2010 será sancionado. Pero dada la rapidez con la que la OCDE ha aligerado la lista -"nuestro compromiso en la lucha contra estas jurisdicciones ha dado resultados impresionantes", se congratula el G-20-, parece que las multas no serán necesarias.

En donde sí hay avances es en el objetivo de reforzar la supervisión de los mercados de materias primas. El G-20 exige que se dé más información sobre producción, consumo y refino de petróleo. Además, llama a mejorar la supervisión para identificar "grandes concentraciones de posiciones negociadoras" y asume que hay que luchar para "combatir la manipulación del mercado conducente a una volatilidad excesiva".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 26 de septiembre de 2009