La crisis de los argumentos
Estamos en medio de una crisis económica de dimensiones planetarias, causada por el comportamiento irresponsable de los agentes financieros y por fallos estrepitosos en los sistemas de regulación de los mercados. Las principales economías del mundo han entrado en recesión o han visto cómo sus tasas de crecimiento se reducían considerablemente. Los economistas se afanan por entender qué ha ocurrido exactamente, cómo ha sido posible, y qué tipo de soluciones pueden ofrecerse. Los Gobiernos de todos los países han decidido intervenir masivamente en el sistema económico y han abandonado cualquier escrúpulo en cuanto a disciplina fiscal se refiere. Han puesto dinero para salvar a los bancos y han emprendido costosos programas de inversión pública. El Pacto de Estabilidad, que impone un límite al déficit público en el área euro, suena ahora como un eco de otra época. Pero mientras todos piensan en cómo salir de la crisis y qué medidas tomar para que no vuelva a suceder, en España el discurso dominante es que el problema está en Zapatero.
¿Alguien se cree de verdad que es posible mantener el rumbo fijo en medio de una tempestad?
El rasgo más notable del Gobierno es su compromiso con las políticas sociales
El debate público sobre la crisis se ha frivolizado demasiado en nuestro país. En la refriega partidista y periodística no se habla demasiado de los planes de gasto público, ni de las medidas adoptadas para apuntalar el sistema financiero, ni de las partidas sociales destinadas a proteger a los más afectados por la crisis. Más bien, los asuntos que acaparan la atención son si Zapatero improvisa, si la vieja guardia del PSOE se pone más impertinente de lo habitual, o si hay un "plan" o una "estrategia global" contra la crisis. Por descontado, quienes más critican lo que llaman improvisación o ausencia de plan tampoco proponen alternativa alguna, salvo recomendaciones genéricas (disciplina fiscal, reformas estructurales) o recetas absurdas (despido libre, bajada de impuestos). Lo alarmante es que se preste mayor atención a las formas con las que se gestiona la crisis que a la propia gestión de la misma.
Que Zapatero y su Gobierno a veces actúan de forma desconcertante, por decirlo con suavidad, es indudable. Nunca entenderé por qué el presidente del Gobierno se metió en aquel tira y afloja semántico sobre si crisis sí o crisis no. La mayoría de la gente se irritó ante su resistencia a pronunciar la maldita palabra y muchos creyeron que había perdido contacto con la realidad o que no se daba cuenta de las dificultades que estaban atravesando trabajadores y pequeños empresarios. También han provocado cierto pasmo los vaivenes sobre el alcance de la protección a los parados sin subsidio de desempleo o la manera de comunicar la inminente subida fiscal. Por no mencionar la tendencia del presidente del Gobierno a hacer pronósticos constantemente, casi siempre fallidos, como si fuera una especie de hombre del tiempo económico.
Sin duda, habría sido mejor que el Gobierno gestionara con mayor claridad y eficacia estos asuntos. Pero no puede sostenerse seriamente que la actual situación económica la haya causado o agravado Zapatero por tardar unos meses en pronunciar la palabra maldita, "crisis". Es como si dijéramos que llegará antes la "recuperación" si el presidente repite muchas veces la palabra. Normalmente, las personas dejan de creer en el poder taumatúrgico de las palabras a los seis o siete años de edad. En cuanto a la acusación de no tener un "plan", ¿qué es exactamente lo que se espera? En las circunstancias actuales, con gran incertidumbre sobre la marcha de la economía, ante una crisis de proporciones desconocidas en el mundo desarrollado, ¿alguien puede realmente establecer un plan coherente de acción que cubra todas las eventualidades cuando ni siquiera están claros los diagnósticos?
¿No parece más sensato adoptar una postura pragmática yflexible e ir ajustando las actuaciones a la marcha de los acontecimientos? Es lógico que la crisis produzca ansiedad, ¿pero alguien de verdad cree que se puede mantener el rumbo fijo en medio de una tempestad?
Lo más llamativo del caso es que España está haciendo más o menos lo mismo que hace el resto de países. El Gobierno puso en marcha en otoño de 2008 medidas de seguridad sobre los depósitos bancarios e intervino para atajar los problemas de liquidez, tratando de evitar el colapso del sistema financiero. A continuación, aprobó el Plan E, que incluye un Fondo Estatal de Inversión Local de 8.000 millones de euros, que ha creado más de 300.000 empleos, y un Fondo adicional para la dinamización del empleo de 3.000 millones más. En total, el Estado está gastando en estos planes anticrisis más del 2,5% del PIB, un porcentaje algo superior al de la mayoría de los países.
Los enormes costes de la crisis están produciendo un espectacular aumento del déficit público, pero la situación de partida, en este sentido, es menos mala que en otros países, pues tenemos mucha menos deuda pública que la media europea y un sistema bancario más sólido que en otros lugares.
Quizá el rasgo más destacado del Gobierno haya sido su compromiso de mantener las políticas sociales y en algunos casos incluso expandirlas, así como de tratar de conseguir acuerdos con empresarios y sindicatos. Se ha aprobado una moratoria en el pago de las hipotecas para los parados, se ha establecido un subsidio de subsistencia para parados sin cobertura y se ha reducido en dos puntos el impuesto de sociedades, entre otras muchas medidas. Ahora se va a proceder a una subida de impuestos para poder hacer frente a los gastos sociales. El Pacto Social, hasta el momento, no ha sido posible, sin embargo, por la cerrilidad de los empresarios, quienes han preferido, como la derecha, utilizar la crisis para desgastar al Gobierno.
El problema más grave de todos es el coste de la crisis en términos de empleo. Ahí se encuentra la principal especificidad española de la crisis internacional.
El aumento del paro en nuestro país no es comparable al de ningún otro. Además de las graves consecuencias personales y sociales del paro, éste dificulta la salida de la crisis y detrae de las cuentas públicas, en forma de subsidio, cantidades ingentes de dinero que podrían dedicarse a usos más productivos. Se trata de un fracaso colectivo en toda regla.
¿Qué se puede hacer a corto plazo? No demasiado. Las reformas del mercado laboral y el cambio del modelo productivo se tenían que haber llevado a cabo en la fase de expansión. Pero mientras el país crecía durante más de 10 años a tasas del 3% o superiores, los Gobiernos del PP y del PSOE no hicieron sus deberes. Tampoco la sociedad reclamó dichas reformas, todo sea dicho. Todos preferimos disfrutar del boom y creer que el problema del paro era cosa del pasado. La gestión de los ministros de Economía desde la anterior crisis, la de 1992, está lastrada por su falta de ambición en este terreno. Ahora toca lamentarnos, pero poco cabe hacer en el horizonte inmediato para situar la tasa de paro en los niveles europeos.
En fin, hay materia de sobra para que florezca un debate público profundo sobre la crisis. Sin embargo, escuchando a los políticos y leyendo la prensa, parece que la crisis es tan sólo una oportunidad para acabar de una vez con el Gobierno socialista. Es como si la crisis se hubiera trasladado también al intercambio de argumentos y puntos de vista.
Ignacio Sánchez-Cuenca es profesor de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid.
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