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Sanidad encarga a una empresa que calcule la espera en el médico

El concurso, de 72.000 euros, evaluará cuánto se aguarda en atención primaria - El anterior estudio, de 2007, no se ha hecho público por ser "de uso interno"

O la Consejería de Sanidad desconoce cuánto tiempo esperan los ciudadanos en las consultas de atención primaria o, como con el especialista, necesita una segunda opinión para confirmar si es mucho, poco o lo normal. El departamento que encabeza Juan José Güemes acaba de sacar a concurso un contrato de "Servicio de evaluación de los tiempos de espera y de atención en consulta en medicina de familia, pediatría y enfermería". La empresa que lo gane recibirá, según el anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, 71.920 euros.

No es la primera vez que Sanidad encarga un estudio similar. En 2007, Cuanter, la firma que consiguió el contrato -por 62.872 euros frente a los 72.000 de presupuesto inicial-, elaboró para la Consejería un estudio sobre los tiempos de espera en las consultas que debió de resultar muy útil a los gestores sanitarios porque, dos años después, se repite. Los ciudadanos, sin embargo, nunca conocieron sus resultados. No se publicaron. Cuando este periódico solicitó conocer el contenido del informe, la respuesta fue negativa: "Es de uso interno".

Unos observadores anotarán datos de 4.400 usuarios en centros de salud
El estudio medirá quién permanece en la sala menos de 15 minutos

La empresa adjudicataria deberá hacer un "trabajo de campo" a lo largo de tres semanas entre octubre y noviembre y entregará los resultados al Servicio Madrileño de Salud "antes del 15 de diciembre", según estipula el pliego de prescripciones técnicas. La evaluación de los tiempos de espera se realizará, añade, "de forma objetiva", a través de "observadores" que trabajarán en varios centros de salud recogiendo los datos. El pliego añade que, además de preparar ese trabajo de campo, la empresa también deberá "analizar los datos obtenidos y elaborar los correspondientes informes".

Las condiciones son muy específicas. Se estipula, por ejemplo, que el tamaño de la muestra debe ser de 4.400 usuarios de las 11 áreas en las que se divide el mapa sanitario madrileño. El documento parece no tener en cuenta que, en otoño, cuando se apruebe la ley de libertad de elección de médico y de área única, esas subdivisiones administrativas ya no existirán. Eso siempre que se cumplan los plazos previstos y anunciados por el consejero.

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Según el documento, se trata de conocer cuánto hay que esperar antes y cuánto dura la atención una vez dentro de la consulta. Los observadores deberán centrarse en dos datos: "El porcentaje de usuarios que espera menos de un tiempo definido (15 minutos)" y también el de los que reciben "un tiempo de atención superior al establecido (30 minutos)".

"Lo hacemos de manera periódica, cada dos años, como si fuera un control interno de calidad o una auditoría", explica la directora general de Atención Primaria, Patricia Flores. Se trata, añade, de "auditar de forma externa" la espera para entrar al médico y el tiempo de atención en consulta. "Tenemos dos formas de analizar esta cuestión. Viendo lo que dicen los ciudadanos, que se refleja en la encuesta de satisfacción, o comprobando la espera real". Según sus datos, el 48% de los usuarios dijeron en esa encuesta que "esperaban poco". Su departamento no facilitó ni esa encuesta -sólo un resumen que está colgado en la página web- ni el informe de 2007.

El pliego del contrato no especifica cuántos trabajadores debe poner la empresa adjudicataria a observar en los ambulatorios. Únicamente dice que la "red de observadores deberá ser adecuada y suficiente para responder a las necesidades del estudio". Y añade que "se realizará el adiestramiento (...) para evitar los sesgos de información atribuibles a los mismos". El informe de resultados, en "formato papel y soporte magnético", quedará en propiedad del Servicio Madrileño de Salud, quien "se reserva el derecho a publicar en su totalidad o parcialmente" y el "derecho a actuar como interlocutor con los ciudadanos e instituciones que soliciten información".

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Sobre la firma

Elena G. Sevillano
Es corresponsal de EL PAÍS en Alemania. Antes se ocupó de la información judicial y económica y formó parte del equipo de Investigación. Como especialista en sanidad, siguió la crisis del coronavirus y coescribió el libro Estado de Alarma (Península, 2020). Es licenciada en Traducción y en Periodismo por la UPF y máster de Periodismo UAM/El País.

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