La fractura del régimen iraní se agrava

El juicio contra un centenar de figuras reformistas con el que las autoridades iraníes quieren acallar la contestación poselectoral está agravando la fractura del sistema islámico. "Este tipo de puesta en escena es ante todo contrario a los intereses del régimen y atenta contra la confianza de la opinión pública", advirtió ayer el ex presidente Mohamed Jatamí.

Pero las críticas no se limitan al campo reformista. Cada vez son más las voces conservadoras que toman distancia. Esa actitud hace prever importantes dificultades para el segundo mandato de Mahmud Ahmadineyad, quien hoy recibirá el nombramiento oficial de manos del líder supremo y el miércoles jurará su cargo ante el Parlamento.

Un acusado pidió perdón y negó que hubiera habido fraude electoral

"El juicio es contrario a la Constitución, a la ley y a los derechos de los ciudadanos", declaró Jatamí, varios de cuyos colaboradores se sientan en el banquillo. En un comunicado colgado en su página web, el ex presidente denunció "la ausencia de condiciones para un verdadero proceso público". Según él, "los abogados y las personas juzgadas no fueron informados de la fecha del proceso ni de las acusaciones". Saleh Nikbakht, letrado de varios encausados, dijo que se había enterado del juicio dos horas después de que terminara.

"Las confesiones obtenidas en estas condiciones no tienen credibilidad", señala Jatamí. Mir Hosein Musaví, el candidato que se considera ganador de las presidenciales del 12 de junio, fue más allá al dar a entender en su página web que habían sido obtenidas bajo tortura. En su opinión, "todo en el proceso está trucado".

El tribunal revolucionario de Teherán comenzó a juzgar el sábado al centenar de acusados de participar en el movimiento que cuestiona la victoria de Ahmadineyad en aquellos comicios. Los iraníes vieron estupefactos en el telediario de las nueve de la noche la confesión del que fuera vicepresidente en el Gobierno de Jatamí, Mohammad Ali Abtahí. Visiblemente desmejorado (según sus amigos ha perdido 15 kilos), el popular clérigo negó que hubiera habido fraude electoral y pidió perdón por sus "errores". También dijo que Jatamí, Musaví y el ex presidente Alí Akbar Hashemí Rafsanyaní se habían juramentado antes de las elecciones.

Otro de los testimonios mostrados por la televisión estatal fue el de Mohammad Atrianfar, cercano colaborador de Rafsanyaní. Como Abtahí, rechazó que se falsificara el resultado de los comicios. Su retracto supone un golpe para los opositores que siguen insistiendo en la ilegitimidad del nuevo mandato de Ahmadineyad.

"Las confesiones no tienen ningún valor", titulaba ayer Etemad Melli, el diario de Mehdi Karrubí, el otro candidato reformista derrotado. En la edición digital de ese periódico, la esposa de Abtahí, Fahimeh Musavineyad, manifiesta que su marido "no estaba normal" durante el proceso.

Las críticas no proceden sólo del campo reformista. Un destacado parlamentario conservador, Ali Motahari, ha criticado al presidente por el trato a los detenidos. En una entrevista con la agencia semioficial Mehr, Motahari se pregunta por qué esperó hasta que intervino el líder supremo para cerrar la prisión de Kahrizak. "Podía haber actuado antes y tratado mejor a los detenidos", afirma el diputado. "Desgraciadamente, eso no ocurrió y algunos detenidos, incluido Mohsen Ruholamini, fueron tratados con violencia", concluye.

El caso de Ruholamini ha conmocionado a los conservadores. El joven de 24 años que murió mientras estaba detenido era hijo de uno de los colaboradores del candidato conservador Mohsen Rezaí. Tras ese incidente, el ex jefe de los Guardianes de la Revolución ha pedido que también se juzgue a los miembros de los servicios de seguridad responsables de la represión.

Las autoridades han reconocido la muerte de 30 personas y aseguran que sólo quedan 250 detenidos, de los que han prometido liberar a 150 esta semana. Sin embargo, Ali Reza Beheshtí, aliado de Musaví e hijo de uno de los principales líderes de la revolución islámica de 1979, ha logrado documentar 1.700 detenidos ("a pesar de que muchos familiares no acuden a nosotros porque temen que dificulte su expediente") y teme que los muertos sean más.

Tras su investidura, Ahmadineyad tiene dos semanas para someter su Gabinete a la aprobación del Parlamento. Aunque la mayoría de los diputados son conservadores, los analistas estiman que puede encontrar dificultades si todos los ministros que propone pertenecen a su círculo.

El macrojuicio, que no tiene precedentes en los 30 años de historia de la República Islámica, prosiguió ayer con la comparecencia de otros 10 encausados, según informó la agencia Isna.

Los procesados están acusados de provocar disturbios, atacar edificios militares y del Gobierno, tener lazos con grupos armados de oposición y conspirar contra el sistema, según informó la agencia oficial IRNA. En consecuencia, se enfrentan a entre cinco años de cárcel por desórdenes públicos y la pena de muerte, en el caso de que sean declarados mohareb, enemigos de Dios).