El juez rechaza intervenir el Palau

El Palau de la Música seguirá, de momento, en manos de los actuales gestores, algunos de los cuales están acusados por la fiscalía de apropiación indebida y falsedad. El Juzgado de Instrucción 30 de Barcelona ha rechazado por el momento la segunda petición del fiscal de intervenir la fundación y la asociación Orfeó Català que gestionan el Palau y de las que supuestamente se desviaron 2,29 millones de euros en 2003 y 2004.

Fuentes judiciales explicaron ayer que el juez encargado del caso, Juli Solaz, tiene previsto iniciar sus vacaciones el próximo día 31 sin resolver la petición de intervención presentada por el fiscal el pasado día 24, después de que los Mossos d'Esquadra registraran el Palau durante más de nueve horas y se incautaran de numerosa información financiera y contable. La fiscalía ya había solicitado la intervención a finales de junio, cuando se querelló contra Fèlix Millet y otras cuatro personas, pero el juez respondió entonces que no era el momento procesal para intervenir.

Millet dimitió anteayer de manera provisional como presidente del Orfeó y de la fundación a propuesta de su abogado, Pau Molins, una decisión que, según las mismas fuentes judiciales, ha influido en la decisión del juez de no intervenir esas entidades.

El Departamento de Justicia de la Generalitat tampoco se plantea mediar en el conflicto y solicitar del juez la intervención de la fundación, al estar en marcha una investigación penal, según explicó ayer una portavoz. La ley catalana de fundaciones permite a un protectorado dependiente de Justicia reclamar esa medida ante una gestión gravemente irregular, que ponga en peligro la continuidad de la fundación, o por divergencias entre las actividades que realiza y las finalidades fundacionales.

Del mismo modo, ayer trascendió que el juez también tardará un tiempo en decidir si imputa o no a todas las personas contra las que se dirige la querella. Al parecer, el magistrado considera que algunos de ellos son ajenos a los hechos, pero no se pronunciará hasta que los peritos no le informen sobre el contenido de la documentación intervenida en el registro policial. Mientras tanto, el caso continuará bajo secreto de sumario.

La actuación judicial ha provocado un profundo malestar en la fiscalía, al considerar que se está dificultando el esclarecimiento de los hechos y los gestores de la entidad seguirán campando a sus anchas. "Estamos intentando salvar el Palau, no ir en contra de la institución, pero parece que no se quiere entender", se asegura desde la fiscalía. Las mismas fuentes advierten de "la profunda paradoja" que se puede producir cuando el juzgado reclame documentación a la entidad y respondan algunos de los querellados.