La Generalitat planea endurecer más la nueva ley de Comercio

La Generalitat está negociando con los comerciantes introducir nuevas limitaciones en la futura ley de Comercio de Cataluña y eliminar algunas de las zonas en las que se puedan instalar establecimientos. Una vez que el borrador de la normativa ha corrido de mano en mano en el sector, cada actor implicado tira del brazo del Gobierno catalán.

La norma en gestación prevé la apertura de todo tipo de establecimientos comerciales en las tramas urbanas consolidadas (TUC), que son aquéllas con una densidad de población de 40 viviendas por hectárea. Y, fuera de la ciudad, también es posible en grandes nudos de comunicación (viarios, ferroviarios, portuarios y aeroportuarios), además de en áreas de desarrollo estratégico (serán aquellas que acojan proyecto considerado estratégico por el Gobierno) y puntos de atracción turística.

Las asociaciones de pequeños comerciantes, agrupados en la llamada Taula del Comerç, han reclamado a la Generalitat que elimine de la normativa los puntos viarios (pensada para puntos fronterizos con Francia y comunidades autónomas), y las áreas de desarrollo estratégico. "Eso crea confusión en el sector y no es necesario, porque cuando un proyecto de país requiera actividad comercial se puede aprobar por acuerdo de Gobierno, como se hizo en su día con Port Aventura", explicaron fuentes del sector.

Otras fuentes cercanas al proceso apuntan a que el Gobierno catalán cederá en estos puntos. Aunque hay otros en juego como, por ejemplo, en qué ciudades se podrán abrir los hipermercados de más de 2.500 metros cuadrados. La Generalitat prevé en su borrador permitir este tipo de gran superficie en ciudades de más de 70.000 habitantes y los comerciantes reclaman elevar el listón a 100.000. Los ayuntamientos, sin embargo, son partidarios de límites más bajos. Los municipios también quieren que en las llamadas tramas urbanas residenciales (son parte de la ciudad, pero de menos densidad geográfica) se puedan abrir tiendas de entre 400 y 800 metros cuadrados, cuando el límite que planea la Generalitat es de 400.

La Generalitat pretende con la nueva ley mantener un modelo de ciudad en el que la oferta comercial quede integrada dentro de la trama urbana y su desarrollo sea sostenible, una vez que la directiva europea de Servicios ha obligado a cambiar las reglas de juego.