Las cifras de dependientes siembran la cizaña

Las cifras sobre los ciudadanos integrados en el sistema de la Dependencia, que cada mes publica el Ministerio de Sanidad y Política Social, están ocasionando tensiones entre las comunidades autónomas. Porque no todas están tocando el mismo son y la orquesta cada vez parece más desafinada. Mientras nueve de ellas transmiten sus datos directamente al ordenador central del Gobierno (el SISAAD), las otras siete vuelcan sus cifras desde sistemas informáticos propios. Esa doble vía, dicen, es injusta, porque a las primeras les obliga a una transparencia total que no tiene por qué inferirse de las demás.

De distinto color político hay comunidades, como Murcia o Extremadura, que piden que todas usen la aplicación informática del ministerio, un sistema que costó 22 millones de euros, para transmitir los datos al Gobierno. "Los principios deben ser los mismos para todos, por lealtad institucional, y debe ser el Gobierno quien coordine", reivindica el consejero de Política Social de Murcia, Joaquín Bascuñana. Y tiene dudas con las cifras: "Es imposible que haya comunidades que tengan prácticamente el mismo número de solicitudes de ciudadanos que de personas con la prestación reconocida". "Hay que dejar la picaresca", sugiere, y "la batuta debe llevarla el ministerio".

"Hay que dejar la picaresca", sugiere Bascuñana, el consejero de Murcia

El enojo de algunas comunidades no es sólo por cómo las cifras les perjudican políticamente cada vez que se hacen públicas -bronca de la oposición, mala imagen en los medios de comunicación regionales-, sino también por lo económico. El Gobierno financia en parte esta ley atendiendo al número de personas con derecho a una ayuda, o sea, los dictaminados.

Algunos responsables regionales consultados apuntan que las comunidades que vuelcan sus datos por libre tienen la posibilidad de retener el número de solicitudes de los ciudadanos para que los porcentajes de personas con derecho a prestación les salgan más ventajosos; o incluso meter como dictaminados a quienes todavía están en proceso.

"Las comunidades que introducimos las cifras en el sistema informático del Gobierno facilitamos con total transparencia muchos más datos de los ciudadanos. Eso sin contar que nos lleva más tiempo y trabajo porque el SISAAD, que será un gran sistema en el futuro, está dando todavía muchos problemas", dice el gerente del servicio extremeño para la Dependencia de Extremadura, Juan Carlos Campón.

Los recelos de unas comunidades hacia las otras, con independencia de su color político, ya vienen de lejos. Pero ahora se recrudecen cada vez que se publican las estadísticas. El ministerio propuso esta semana que todos utilizaran el sistema informático del Gobierno. Pero, después de dos años, ya es difícil marcar el mismo paso. La propuesta no llegó a buen puerto.

Cataluña, que usa su propio sistema, no entiende esas quejas de las comunidades "porque a la hora de volcar los datos al SISAAD es el propio ministerio el que nos dice cómo hemos de hacerlo y, por tanto, seguimos el protocolo establecido", afirma Jordi Tudela, director del programa para la Dependencia de la Generalitat. Tudela afirma que en Cataluña "no ha habido más remedio que crear un sistema aplicativo propio porque debe conectarse a otros que ya existían en la comunidad" y recuerda que "hasta hace poco el del ministerio no funcionaba con un rendimiento aceptable".

Otra comunidad que usa un sistema propio es Castilla y León y no es probable que vaya a dejarlo para engancharse al del ministerio. Están rematándolo después de años de perfeccionarlo, asegura el consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades, César Antón: "Cuando llegó la Ley de Dependencia presentamos nuestro sistema informático como proyecto piloto, y recibimos el beneplácito, e incluso subvenciones del Gobierno", asegura Antón.

Varias comunidades han solicitado al Gobierno en alguna ocasión que no haga públicas las estadísticas de la Dependencia cada mes, algo a lo que obliga la ley. O, al menos, que las explique. A esto último se apunta Extremadura. Otros exigen al Gobierno que "imponga" a todas el mismo juego porque tiene el arma para hacerlo: la financiación. ¿Piensan en el ministerio imponer de alguna forma el uso único del SISAAD? Por toda respuesta se señala "el enorme esfuerzo institucional entre las comunidades autónomas, la Administración General del Estado y las corporaciones locales para lograr el despliegue de la ley".