El Gobierno trata de saber qué dinero llega a los dependientes

El Ministerio de Sanidad y Política Social financia parte de la Ley de Dependencia que gestionan las comunidades. Pero ese dinero público se reparte un tanto a oscuras, sin tener información precisa sobre las personas atendidas, los expedientes que se tramitan o la calidad de los servicios que se prestan. Hoy, ministerio y comunidades negociarán qué información han de facilitar estas últimas sobre la gestión que están llevando a cabo. Entre otras cosas, el documento del que parte esa negociación trata de que las comunidades expliquen qué dinero están recibiendo los dependientes a los que se les ha concedido una ayuda económica. Se pide que se especifiquen las cuantías medias.

También se solicita información sobre los emigrantes retornados que están entrando en el sistema de la dependencia, porque una parte de la financiación se concede teniendo en cuenta esto. Se les pide además que cuenten qué grado de dependencia tienen las personas que van a residencias, a centros de día, los que reciben ayuda a domicilio y el número medio de horas de ese servicio.

El documento recuerda que la Ley de la Función Estadística Pública exige sacar a la luz estos datos que habrán de ser, además, "ampliamente difundidos". No es mal recordatorio si se tiene en cuenta que ha habido resistencia por parte de algunas comunidades a que las cifras de la Dependencia se hicieran públicas porque eso supone la fotografía de su gestión. A pesar de ello, el ministerio colgó ayer en la Red los últimos datos actualizados, que en esta ocasión llegan con bastante retraso. Normalmente, salían a principios de cada mes.

El documento que hoy discutirán los directores generales establece además que antes del 1 de enero de 2010 las comunidades deberán comunicar los datos personales, socioeconómicos, grado de dependencia y servicios que corresponda a cada dependiente que esté en el sistema. Así como las bajas que se produzcan y la causa de ellas. Estos datos son de carácter interno, eso sí. Y, por último, se pide que todo lo relacionado con la calidad de los servicios, es decir, con el personal que atiende los geriátricos, los centros de día y otro tipo de residencias se actualice semestralmente.

El Imserso se compromete a trasladar los expedientes de las personas con dependencia de una comunidad a otra cuando haya cambio de domicilio.