Campos gastó el 70% del presupuesto en 4 meses
Cuando el actual equipo se hizo cargo del Departamento de Educación, algo que fue efectivo a partir del 12 de mayo, tras tomar Isabel Celaá posesión de su cargo como consejera, se encontró con que el anterior titular de la cartera había gastado el 67,91% del presupuesto para todo el año en apenas cuatro meses. Por eso, la consejera apuntó que el margen de maniobra en materia económica será "muy limitado" para lo que queda de ejercicio.
Además, Celaá también criticó de forma velada la "elevada actividad" de los anteriores gestores de Educación, quienes en el primer cuatrimestre del año, desde la convocatoria de las elecciones autonómicas hasta pocos días antes de salir del departamento, aprobaron 32 propuestas de acuerdo y resoluciones: seis veces más que en el mismo periodo del año anterior. "Una actividad que no parecía responder a la lógica de una legislatura ya agotada, marcada por un desarrollo normativo precario e impreciso".
La consejera resaltó que durante la anterior legislatura las normas llegaron tarde a los centros, que en muchos casos tuvieron que atender criterios cuyo rango no iba más allá de un simple borrador. Eso ha producido una inseguridad jurídica y una situación de "grave confusión e incertidumbre". Entre sus primeros objetivos, la consejera citó el de simplificar la burocracia y acabar con esa inseguridad jurídica. Sin embargo, de momento ha preferido no realizar "ninguna acción" que pudiera dificultar el inicio del próximo curso 2009-2010, que ya está ultimado.
La consejera defendió que el sistema educativo va mucho más allá del debate sobre el bilingüismo en el que de manera recurrente se enredan los partidos. Y en esa línea destacó que constituye un "vehículo esencial" para transmitir valores éticos y democráticos, y fomentar el aprecio a las instituciones y al ordenamiento jurídico. "La educación es el espacio en el que los jóvenes puedan ejercitarse en una convivencia tolerante y democrática". Por eso, anunció que el departamento reformulará el Programa de Educación para la Convivencia y los Derechos Humanos con el fin de promover "la deslegitimación ética, social y política de ETA", al entender que en su configuración actual no asegura ese objetivo.
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