Rescate con retraso

Hay acuerdo unánime en que el crecimiento de la morosidad, el deterioro de los activos de las entidades de crédito a causa del crash hipotecario y la recesión económica colocarán en situación de grave riesgo a varias entidades financieras españolas, principalmente cajas de ahorro. Para corregir la situación, el Gobierno quiere aprobar dentro de este mes un real decreto que refuerce las normas de disciplina e intervención y constituya un Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria (FROB), con una capacidad de endeudamiento de hasta 90.000 millones de euros, para que intervenga en los casos de grave crisis de bancos o cajas y, además, apoye el reforzamiento del capital de aquellas entidades que, sin estar en dificultades, quieran prevenirlas mediante un aumento de sus recursos propios a coste de mercado.

El Gobierno debería haber sido más diligente en elaborar un plan de rescate del sistema financiero. El retraso puede ser consecuencia del recurrente optimismo del equipo económico, convencido de que la probada solidez de bancos y cajas sería suficiente para soportar la crisis. La traumática intervención de Caja Castilla La Mancha convenció a las autoridades económicas de que era necesario contar con protocolos de intervención más poderosos que la endeble estructura financiera existente en los Fondos de Garantía de Depósitos (FGD). El nuevo fondo no sólo debe servir para tranquilizar a clientes e inversores respecto a su músculo financiero para conjurar cualquier amago de crisis bancaria, sino que establece una relación precisa de cómo deben ser abordados los diferentes grados de crisis, desde el refuerzo preventivo de los recursos propios hasta una intervención pública en el capital, con derechos políticos del Estado, en los casos más graves, pasando por correcciones más leves en entidades que vean amenazada su viabilidad.

Todos estos objetivos se podrían haber conseguido sin necesidad de elaborar un real decreto o constituir un nuevo fondo. Bastaba con aumentar la capacidad de endeudamiento del FGD y recordar las normas de intervención y disciplina vigentes en la legislación española. Pero el Gobierno busca el apoyo político mayoritario para las intervenciones bancarias que sean necesarias. El real decreto, con el nuevo fondo de rescate, es el contrato parlamentario que permitirá al Banco de España actuar sin interferencias.

El plan de rescate bancario es un procedimiento de urgencia o de emergencia. No es saludable mezclar un tratamiento de choque con las discusiones, necesariamente prolijas, para modificar la Ley de Cajas con el fin de limitar la representación política en los órganos de dirección o retirar el veto autonómico a las fusiones. No tiene razón el PP en su deseo de unir ambas operaciones. En estos momentos, la mejor contribución del PP a la estabilidad del sistema crediticio sería poner fin al interminable conflicto interno en Cajamadrid, una institución que debe dedicar todos sus esfuerzos a reducir su ratio de morosidad.