Las cifras de la dependencia están infladas con miles de muertos

En la cifra oficial de usuarios de la Ley de Dependencia hay miles de personas que ya han fallecido, por las que el Gobierno, sin embargo, debe pagar a las comunidades si no dispone de esa información. Y no la ha tenido desde que se puso en marcha la ley. Actualmente, un 20% de la financiación estatal se reparte en función de las personas que ya han sido declaradas dependientes y hay 257.707 en esa circunstancia sin que aún reciban prestación alguna. ¿Cuántos de ellos están muertos? No se sabe con certeza, pero sí que la mayoría de los usuarios de esta ley (casi medio millón) son mayores de 80 años y que la mortalidad en esta población alcanza el 10%. Los que gestionan estos datos afirman que pueden alcanzar más del 10%, pero niegan que reciban dinero por ellos.

Que sólo haya un 3% de bajas "no refleja la realidad", según el Gobierno

A eso habría que sumar los que sí perciben alguna ayuda y su fallecimiento no consta en las estadísticas, algo que se sabrá cuando se crucen los datos con las cifras de fallecidos que proporciona el Instituto Nacional de Estadística (INE) cada mes, "un fuente fiable" para estos tramites, según el Gobierno.

Algunas comunidades vienen pidiendo hace tiempo que se limpien esas cifras porque muchos de esos usuarios que ahora pasan por estar desatendidos por la Administración desaparecerían y mejorarían las cifras reales, es decir, saldría más alto el porcentaje de los que sí perciben ayuda. Pero otras se han resistido a que esto ocurra -llevan meses discutiéndolo- porque eso mermaría sus cifras y quizá también el dinero que les llega por cada persona declarada dependiente (dictaminada).

Por último, se ha alcanzado un acuerdo entre Gobierno y comunidades para depurar los datos y sacar de la estadística oficial a las miles de personas fallecidas. En la actualidad, el sistema informático revela que alrededor de un 3% del total de expedientes tramitados son bajas por defunción, pero ese dato "no refleja la realidad de la tasa de fallecimientos de los beneficiarios de la ley", según reconoce el Ministerio de Sanidad y Política Social en una circular enviada a las comunidades a la que ha tenido acceso este periódico.

Se trata de un manual para que las administraciones puedan cruzar sus datos de Dependencia con las cifras de muertos que cada mes ofrece el Instituto Nacional de Estadística (INE). Eso permitirá hacer "ajustes" a la hora de pagar por los beneficiarios en las dos vías de financiación que tiene esta ley, el nivel mínimo (por cada beneficiario registrado) y el acordado (un reparto de fondos sujeto a criterios como la población general o las personas declaradas dependientes).

Quizá a partir de ahora, los datos que se hagan públicos sena más reales, pero desde que se puso en marcha la ley, en enero de 2007, no ha sido así.

Con este cruce de datos con la cifra mensual de fallecidos que da el INE, el Gobierno trata de que los expedientes que se encuentren "pendientes de citación" o de "confirmación del valorador", es decir, al inicio del papeleo para optar a una ayuda, se anulen inmediatamente cuando la persona haya muerto. Pero si los trámites están más avanzados, podrán continuar a pesar del fallecimiento, porque los herederos pueden cobrar con efecto retroactivo desde el momento en que haya determinado cada comunidad.

En el manual se explica que los expedientes marcados como Baja INE, tendrán una "implicación inmediata en la liquidación del nivel mínimo", es decir, del dinero que da el Gobierno por cada beneficiario.

Otro de los objetivos, según el Gobierno, de cruzar estos datos, es que "las comunidades tengan información actualizada y fiable ante los fallecimientos, para comenzar a tramitar la baja".

Desde algunas comunidades se asegura que entre los que ya están contabilizados como receptores de ayudas no hay problemas con los fallecidos porque un usuario se sustituye por otro, es decir, si hay una baja en una residencia, se sustituirá por otra persona. En ese caso no se explicaría el interés del ministerio por disponer de esta información para hacer "ajustes" en el nivel mínimo de la financiación, es decir, lo que se libra por cada usuario ya atendido en el marco de la ley.

La Administración General del Estado hace efectiva a las comunidades autónomas las cantidades que proceden en concepto de nivel mínimo "en función del número de beneficiarios reconocidos en situación de dependencia con derecho a prestaciones, teniendo en cuenta para ello su grado y nivel y la fecha de efectividad de su reconocimiento". Así se recoge en los decretos aprobados.