La Junta Electoral saca los aviones de la campaña

La Junta Electoral Central ha sacado de la campaña de las europeas una de las principales armas de campaña del PP: el uso de aviones oficiales para los desplazamientos de José Luis Rodríguez Zapatero a los mítines del PSOE. "La decisión sobre la utilización de medios públicos, atendiendo a razones de seguridad, comporta elementos de juicio cuya ponderación excede del ámbito de competencias de la Junta Electoral Central", asegura la resolución aprobada ayer por unanimidad. El líder del PP, Mariano Rajoy, lleva dos días sin mencionar el asunto.

No obstante, la Junta abre la puerta para que sea el Tribunal de Cuentas el que se pronuncie en el futuro y certifica que los desplazamientos de candidatos y dirigentes son parte de los gastos electorales. "La consideración de los desplazamientos de los candidatos y dirigentes de las formaciones políticas como gasto electoral está prevista en el artículo 130 de la ley Orgánica de Régimen Electoral y su calificación corresponderá en su momento al Tribunal de Cuentas, atendidas las particulares circunstancias de los desplazamientos", explica.

Ayer mismo, el PP envió su escrito al Tribunal de Cuentas que, en todo caso, no decidirá hasta dentro de unos meses, ya fuera de la campaña. El PP considera que concurre en inferioridad de condiciones puesto que debe incluir en sus gastos electorales, que tienen un tope legal, los viajes de Rajoy, mientras que los de Zapatero corren por cuenta del Estado.

"Uso indebido de recursos"

El escrito del PP sostiene que "el coste derivado de la utilización del avión militar deberá figurar en la contabilidad que el administrador del PSOE habrá de rendir al Tribunal de Cuentas" y, en caso contrario, "se estaría ante un manifiesto incumplimiento del principio de igualdad que ha de regir todo proceso electoral". Incluso habla de que podrían "ser castigados con la pena de prisión menor y multa de 180,30 a 1.803,04 euros". Según el PP, "sería un uso indebido de los recursos públicos" y "su reposición al Tesoro público podría exigirse a través del procedimiento de responsabilidad contable".

El PSOE, por su parte, asegura que "el PP ha vuelto a fracasar en su intento de poner a la Junta Electoral al servicio de sus intereses" y que éste es el tercer intento de "boicotear este proceso electoral", primero cuestionando la campaña institucional y luego la lista diferenciada del PSC.

"No les importa ni utilizar las instituciones públicas, ni mentir, ni levantar infundios. Ni tampoco manchar el proceso electoral con falsos debates que no tienen nada que ver con las propuestas políticas que presentamos a los ciudadanos para conseguir su confianza", asegura el PSOE. Añade que en la misma situación están los "desplazamientos de dirigentes de todas las formaciones políticas" y menciona expresamente a presidentes autonómicos y diputados como Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría, cuyos viajes paga el Congreso.

La Junta está integrada por ocho magistrados del Supremo y cinco catedráticos, designados por el Congreso. El PP tiene presentada una proposición no de ley para que el Congreso vote si el Estado debe reclamar al PSOE el importe de los viajes.