A la contra siempre

Esperanza Aguirre ha encontrado en las medidas para hacer frente a la crisis un nuevo terreno en el que ilustrar su peculiar manera de entender el Estado autonómico. A juzgar por las decisiones adoptadas por la presidenta madrileña en relación con la vivienda y las ayudas al automóvil, dos sectores que Zapatero consideró prioritarios en el último debate de política general, Aguirre imagina que el autogobierno tiene que ver menos con la descentralización que con una fragmentación casi feudal del poder. De esta manera, la gestión del Ejecutivo presidido por Aguirre desprecia reiteradamente la colaboración entre poderes que exige la Constitución y practica, en cambio, un oportunista juego a la contra, del que lo único que espera obtener son beneficios electorales y apoyos dentro de su propio partido para seguir desafiando el liderazgo de Mariano Rajoy.

El Gobierno de Zapatero no estuvo acertado a la hora de materializar los compromisos adquiridos en el debate del estado de la nación, que pecaron del reiterado defecto de anteponer la sorpresa del anuncio al rigor en el estudio y la preparación de las medidas. Pero esto no justificaba que la Comunidad de Madrid se arrogase el papel de oposición que correspondería al grupo popular en el Congreso ni que volviera a utilizar las áreas de competencia autonómica como un baluarte en permanente rebeldía frente a las decisiones de alcance general. Sobre todo cuando el vehemente deseo de la presidenta Aguirre de interferir en la política nacional haciendo oposición desde el poder autonómico se traduce en desatención hacia las competencias que le corresponden en exclusiva.

Zapatero se comprometió en el debate sobre el estado de la nación a eliminar las desgravaciones por vivienda y Aguirre no dudó en asegurar, inmediatamente después, que su Gobierno las aumentaría. Y donde el Ejecutivo central perfiló un plan de ayudas directas al sector del automóvil -es verdad que apresurado y no acordado con las comunidades autónomas, a las que afectaba-, la presidenta hizo público de inmediato uno alternativo, limitado a Madrid y que concentraba el estímulo público en la reducción del impuesto de matriculación.

El Partido Popular se ha mostrado en reiteradas ocasiones escandalizado por una deriva autonómica que, a su juicio, conducía a la ruptura de la unidad de mercado en España. Decisiones como las que ha adoptado Esperanza Aguirre en respuesta al debate del estado de la nación deberían contarse, sin duda, entre las que más contribuirían a ese escenario, tanto por razones institucionales y políticas como también económicas y fiscales. Pero esto no parece preocupar a la presidenta de Madrid ni tampoco a su partido, una y otra vez resignado a transigir con una forma de gestionar el Estado autonómico que merecería su airada condena si fuera consecuente con los criterios que aplica a los demás.