4. Prostituir a la fuerza no es delito grave

Los policías que llevan años de lucha contra la trata recuerdan los primeros años del combate. En una ocasión, los agentes consiguieron sentar en el banquillo de los acusados al dueño de un club donde se explotaba a mujeres. Dos mujeres, prostitutas del local, testificaron contra el hombre. El juez le condenó, pero no cerró su local. El argumento fue que sólo había dos víctimas de trata de personas. El resto de las mujeres que trabajaban en el local no habían denunciado. «Cerrar el local sería perjudicar a las que están porque quieren», dijo el magistrado a los policías. La esclavitud de dos mujeres no era una razón suficiente para clausurar el burdel. La actitud de los jueces ha cambiado desde entonces, pero sigue habiendo múltiples problemas para luchar con eficacia contra la trata de seres humanos. Por un lado, la falta de determinación del Gobierno -tanto de éste como de los anteriores del PP- sobre qué hacer con la prostitución provoca que haya un gran negocio que se mueve al margen de la ley y que genera extraordinarias ganancias para los explotadores sexuales. Y, al margen del recurrente debate entre abolicionistas y regulacionistas de la prostitución, no se abordan de forma prioritaria las reformas que hacen falta para erradicar la trata. Uno de los problemas más graves que denuncian las ONG es que se protege a las víctimas no por el hecho de serlo sino por colaborar con la policía. Sólo se les concede el permiso de residencia si han denunciado y si la información que han dado ha sido «relevante» para desarticular una red. Si lo que cuenta la mujer no es útil, no hay permiso. Quid pro quo. Algo que en el caso de la violencia de género sería inadmisible, cuando se trata de la explotación sexual se tolera sin más. «No se enfoca la cuestión como una violación terrible de los derechos humanos más básicos en una sociedad democrática sino que se recompensa a las víctimas si ayudan», dice Cristina Garaizábal, portavoz de la asociación Hetaira. Opinión que comparte también la ONG Proyecto Esperanza. La regulación de los permisos de residencia acaba de costarle a España una condena de la Unión Europea. El Tribunal de Luxemburgo dictó sentencia la semana pasada contra nuestro país por no haber incorporado a nuestro derecho una directiva de 2004 sobre expedición de tarjetas de residencia a las víctimas de trata. La UE, que sí acepta que los permisos puedan concederse a cambio de información, exige garantías que aún no se cumplen en nuestra legislación, como que se dé a las víctimas un periodo de reflexión para decidir si desean denunciar. Ése es uno de los momentos más delicados. Las víctimas, sobre todo si están en manos de redes violentas, tienen miedo y necesitan un tiempo -con asistencia sanitaria, legal y psicológica- para pensar lo que desean hacer. Muchas veces sus familias están amenazadas en el país de origen. Un portavoz del Ministerio de Igualdad asegura que la transposición de esta directiva está contemplada en la propuesta de modificación de la Ley de Extranjería. Después de la denuncia, e incluso si se les concede el permiso de residencia -sólo lo han conseguido 951 mujeres en los últimos ocho años y se les ha denegado a otras 648-, los problemas continúan. «Luego se encuentran con que necesitan un permiso de trabajo», señala Cristina Garaizábal. «Y es muy difícil que les hagan una oferta». En esas se encuentra estos días Hope (Véase EL PAÍS del pasado lunes, 18 de mayo). La chica nigeriana vino a España engañada y fue obligada a prostituirse en varios clubes de carretera. Tras denunciar a los tratantes, obtuvo el permiso de residencia. Busca empleo desde entonces. Y siempre le ocurre lo mismo. Le dicen que la pueden contratar, pero si consigue primero un permiso de trabajo. Nadie quiere hacer la primera oferta. Sin permiso de trabajo, no hay empleo. Y sin empleo, no hay permiso. «Todos los días voy a entregar mi currículum a bares, tiendas. Nadie me hace caso y la residencia me caduca dentro de unos meses. No me queda dinero y tengo miedo de que me expulsen», se lamenta. La protección a las víctimas es sin duda una de las asignaturas pendientes en el tema de la trata. Pero también hay suspensos en el ámbito de la justicia. El Código Penal regula por un lado el obligar a una mujer a prostituirse y por otro, el tráfico de personas. La primera cuestión está castigada sólo con penas de dos a cuatro años de cárcel (una pena no grave, según el código). La misma sanción se impone a los que se lucren «explotando la prostitución de otra persona», aun con su consentimiento. Y, dado que la trata muchas veces es difícil de probar, éste puede ser el único castigo que reciba el delincuente. Se regula por otro lado el tráfico de personas. El artículo 318 bis establece condenas de 4 a 8 años de cárcel para quienes trafiquen con inmigrantes y entre 5 y 10 años para quienes lo hagan con fines de explotación sexual. Esta disposición plantea dos problemas. En primer lugar, que se juntan dos conductas que no tienen nada que ver: una cosa es introducir en España de forma ilegal a inmigrantes que quieren entrar y otra muy distinta traerlos engañados para esclavizarlos y explotarlos. «Estos tipos penales deben separarse», señala Joaquín Sánchez-Covisa, fiscal de sala del Tribunal Supremo y coordinador de extranjería. «Es necesario un delito específico de trata de seres humanos». El Plan Integral de Lucha contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual, aprobado por el Gobierno el pasado diciembre, recogía esta modificación legal. Pero todavía no se ha producido. Otro problema de este artículo es que habla sólo de inmigrantes, lo que implica que quedan fuera todos los ciudadanos de la Unión Europea. Las mujeres rumanas no se consideran víctimas de trata y son una de las nacionalidades más afectadas por este problema. Marta González, de la ONG Proyecto Esperanza, cree es una de las primeras cuestiones que hay que modificar. Se espera que el Gobierno introduzca algunos de estos cambios en su próxima reforma del Código Penal. Otro de los grandes problemas es la falta de datos. No se conoce la dimensión del problema y por lo tanto es complicado actuar de forma adecuada. No hay información fiable y centralizada sobre el número de prostitutas en España, el número de burdeles, el número de testigos protegidas, el número de denuncias o el número de condenas por este tipo de delitos. Todo son estimaciones basadas en nada concreto. «Esto es cierto», responde un portavoz del Ministerio de Igualdad. «Pero es una característica común a todos los países. Conscientes de esta realidad en nuestro plan hemos incluido diversas medidas que nos permitan conocer mejor la situación y cuantificarla. Hay planteados diversos estudios. Además, el CICO (Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado) y el Ministerio del Interior están trabajando ya desde el 1 de enero en el diseño e implementación de una base de datos que nos permitirá un conocimiento más exhaustivo y ajustado a la realidad». Tampoco hay, por el momento, campañas de sensibilización a pesar de que es un problema grave que apenas preocupa en nuestro país. Ni a la sociedad en su conjunto ni a los clientes de prostitución. Desde el Ministerio de Igualdad se asegura que las campañas se están preparando ya, pero que llevan tiempo. Otro debate es el de los medios de comunicación. ¿Deben suprimir los anuncios de prostitución porque quizá en sus páginas haya víctimas de trata de personas? Dos diarios de reciente creación no los admiten: Público y 20 Minutos. El Plan contra la Trata del Gobierno dice que se promoverá el «control» de este tipo de publicidad. No se dice cómo. Los principales periódicos (incluido éste) no han seguido el consejo. Los responsables de EL PAÍS dicen que los anuncios no están prohibidos.

4. Prostituir a la fuerza no es delito grave

Las leyes vigentes son insuficientes para luchar contra la trata y se plantean reformas - Las víctimas sólo son protegidas a cambio de información "relevante"

Archivado En