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El Gobierno estudia opciones legales para eliminar los anuncios de contactos

Aído descarta la autorregulación de la propia prensa por falta de resultados

La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, ha afirmado esta mañana en el Congreso de los Diputados que el Gobierno ha pedido información al Consejo de Estado sobre las opciones legales para eliminar los anuncios sobre contactos sexuales de los periódicos, un negocio superior a los 40 millones de euros, según calculó una comisión del Congreso hace tres años. "Nuestra primera apuesta era la autorregulación, porque así es como se ha hecho en el resto de países europeos donde la prensa seria no tiene anuncios de contactos", ha explicado Aído en el pleno, en respuesta al diputado del grupo mixto Carlos Salvador.

La ministra ha indicado que el Gobierno está trabajando con "distintas fórmulas para conseguir que sea una realidad" el fin de estos anuncios. Además, ha asegurado que lleva a cabo acciones de sensibilización, a través de exposiciones y encuentros, aunque ha advertido de que "mientras sigan apareciendo anuncios en la prensa seria se estará contribuyendo a la normalización de la explotación sexual". "Hemos solicitado un informe al Consejo de Estado para ver con qué alternativas legales podemos contar por si tenemos que dar un paso más", ha añadido.

El "posicionamiento valiente" del Gobierno

El diputado del grupo mixto ha dicho compartir el "posicionamiento valiente" del Gobierno en este asunto y ha propuesto buscar fórmulas para que los periódicos que sigan publicando estos anuncios no tengan publicidad institucional, "porque no pueden estar lucrándose de dos cosas a la vez". Salvador ha denunciado que "esta publicidad tan hipócrita perpetúa estereotipos de instrumentalización", algo que "pueden degenerar en situaciones de violencia de género y en otros ataques a la dignidad de la persona". Según ha manifestado, estos anuncios "con frecuencia esconden la actividad de redes mafiosas que utilizan a la mujer como un mero objeto lucrativo".

Para el Gobierno, el problema, con un 90% de prostitutas extranjeras, no es la prostitución sino la trata de mujeres. Bibiana Aído ha recordado que, en aplicación del plan de lucha contra la trata de personas con fines de explotación sexual, se han puesto en marcha diversas iniciativas "para conseguir la sensibilización y concienciación ciudadana, para que no haya complicidad con estas prácticas que consideramos deleznables".

Entre ellas, las exposiciones Journey y No seas cómplice, convenios como el suscrito con el sector de la hostelería y la participación en iniciativas de carácter internacional, como Corazón azul de la ONU. "Entendemos que estos anuncios deben eliminarse y estamos trabajando en distintas fórmulas para que sea una realidad", ha indicado Aído, quien ha asegurado que el Gobierno ha iniciado en este asunto "un camino de no retorno".

En abril 2007, el Parlamento aprobó un informe sobre la situación de la prostitución en España en el que, entre otras cosas, recomendaba al Gobierno que solicitara a los medios de comunicación la renuncia a la publicidad relacionada con el comercio sexual para impedir el negocio de las organizaciones mafiosas. El Gobierno socialista contempla en su plan de lucha contra la trata, aprobado en 2009, promover el control de los anuncios de contacto en los medios. IU y ERC ya propusieron prohibirlos el año pasado en el Congreso pero la iniciativa no prosperó, a pesar de que los grupos, tanto de izquierdas como de derechas, están de acuerdo en que lo mejor sería que no existieran.

La postura de los medios

Las empresas editoras de los principales periódicos españoles tienen posturas al respecto. La Razón, Público, 20 minutos y Avui han desterrado de sus páginas esta publicidad. En cambio, EL PAÍS, El Mundo y Abc siguen incluyendo estas inserciones.

El director de El Mundo, Pedro J. Ramírez, ha dicho al respecto que es "hipócrita" decir que las mafias de explotación de personas están detrás de la publicidad de prostitución. En términos similares se ha expresado el consejero delegado de Vocento, José Manuel Vargas. Hasta el momento, dijo Vargas en un reciente acto público, "no se ha logrado probar" que haya "mafias" que controlen esos anuncios.

En EL PAÍS, la Defensora del Lector, Milagros Pérez Oliva, ha dejado escrita su opinión, en respuesta a las quejas que llegan por este asunto al periódico: "Esta Defensora considera que esos anuncios no deberían publicarse en este diario. Sé que se trata de una muy vieja polémica y que los tiempos de crisis que vivimos no son los más propicios para tomar una decisión de esta naturaleza". El subdirector de EL PAÍS Carlos Yárnoz aseguraba en ese mismo texto de Pérez Oliva que "la sociedad española no ha resuelto el debate sobre la prostitución y el mundo que lo rodea. El Gobierno, por ejemplo, ha renunciado a prohibirla o regularla, pese a las numerosas comisiones o estudios que ha elaborado. Ojalá hubiera una clarificación al respecto y, sin duda, el periódico cumpliría la ley como lo ha hecho siempre".

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