La ley usará la contaminación para limitar la apertura de 'hípers'

La nueva normativa con la que el Gobierno catalán ordenará el desarrollo comercial mantendrá un control firme de la apertura de grandes superficies, aunque con criterios medioambientales y de urbanismo, en lugar de la dimensión de la oferta comercial. Todos los establecimientos que superen los 2.500 metros cuadrados tendrán que llevar consigo una estimación de las emisiones atmosféricas de dióxido de carbono (CO2) derivadas del tráfico generado por la afluencia de público a su centro y éstas tendrán que ser "un 20% inferiores a la media de emisiones de CO2 del ámbito donde se localiza el proyecto". Por ejemplo, en la región metropolitana de Barcelona la media es de 0,1078 toneladas de CO2 por metro cuadrado de superficie edificada y para el resto de Cataluña es de 0,2277 toneladas.

Este requisito indispensable para obtener la licencia comercial consta en el borrador de la nueva ley de equipamientos comerciales catalana que prepara el Departamento de Innovación, Universidades y Empresa, al que ha tenido acceso este diario. También tendrá que certificarse la existencia de medios de transporte públicos para atender los flujos de público. El informe de la autoridad territorial sobre el impacto en la movilidad y en el medio ambiente tendrá carácter vinculante si es negativo, así como el relativo a su impacto e integración paisajística.

La Generalitat, que ha iniciado un debate con el sector para acabar de alumbrar la nueva normativa, pretende una licencia comercial "única" para todos los establecimientos superiores a 800 metros cuadrados de superficie de venta. Los planeamientos urbanísticos de los ayuntamientos quedarán afectados por la nueva ley y se requerirá un informe la Generalitat respecto a las reservas de suelo, que será vinculante si es negativo.

La directora de Comercio, Gemma Puig, no se pronunció ayer sobre medidas concretas y se limitó a señalar: "El contenido del borrador debe evolucionar mucho, ahora sólo se ha presentado al sector en una primera toma de contacto para recoger sus impresiones". La ley catalana busca adaptarse a la nueva directiva europea de servicios. El objetivo de la normativa que empieza a discutir el Gobierno catalán es reducir la movilidad y potenciar un modelo de ciudad que combine el uso residencial con el comercio y los servicios, así como la cohesión territorial.

La norma prevé el impulso de zonas comerciales en tramas urbanas consolidadas y de baja densidad, pero también en nudos de infraestructuras territoriales y "áreas de desarrollo estratégico"; es decir, zonas externas a la ciudad donde se prevea "un proyecto estratégico de país", que se llevará a cabo "por acuerdo de gobierno".