La UPV irá al Constitucional para poder seguir matriculando a presos etarras
El rector cree que el Supremo "vulnera gravemente la autonomía universitaria"
El rector de la Universidad del País Vasco (UPV), Iñaki Goirizelaia, mostró ayer su intención de recurrir la sentencia del Tribunal Supremo que ha anulado el protocolo aprobado por la institución académica en 2004 para regular la matriculación de presos. Goirizelaia calificó el fallo de "grave vulneración de derechos fundamentales, entre ellos, el de la autonomía universitaria". La UPV recurrirá primero ante el Supremo y, ante el previsible rechazo, tiene ya decidido acudir al Constitucional, confirmó a EL PAÍS el jefe de sus servicios jurídicos.
La sentencia se basa en que la UPV no ha firmado con Instituciones Penitenciarias el convenio que la Ley General Penitenciaria exige para que una universidad pueda impartir clases a reclusos. Esa norma llevó a la universidad pública a dejar de matricular a etarras recluidos en cárceles españolas, pero siguió aceptando a los encarcelados en Francia. Del más de un centenar de terroristas presos en el país vecino, unos 50 se hallan actualmente inscritos en la universidad pública. La UPV alega que ha acatado la ley al dejar de matricular a los encarcelados en España, pero el Supremo resalta en su fallo que aceptar a los reclusos en Francia tampoco es legal, ya que, como estudian en un centro español, la UPV "no puede obviar el cumplimiento" de la norma.
Unos 50 reclusos de ETA en Francia se acogen al protocolo anulado
No aplicar con internos en centros extranjeros el precepto de que es necesario un acuerdo previo con Instituciones Penitenciarias para poder darles clase, añade el alto tribunal, "supone excluir a estos de la aplicación de unas garantías legalmente previstas para asegurar la calidad de la enseñanza a la que aspiran". Esta frase de la sentencia es la que ha enfadado especialmente a Goirizelaia, quien destacó que "no son las instituciones penitenciarias españolas las que deben velar por la calidad de la enseñanza a internos en centros extranjeros", y consideró tal afirmación "una vulneración de la propia autonomía universitaria". El rector precisó que Instituciones Penitenciarias no ha contestado aún a las peticiones de los sucesivos equipos rectorales de la UPV de empezar a desarrollar el convenio exigido, aspiración que Goirizelaia incluyó en el programa electoral con el que ganó las elecciones de la universidad pública del pasado diciembre.
La pregunta es qué ocurrirá ahora con el medio centenar de presos que ya son estudiantes de la UPV: si podrán titularse, quedarán a la espera de nuevas resoluciones o tendrán que abandonar la universidad. Goirizelaia subrayó que la sentencia del Supremo "no dice nada sobre los expedientes de esos alumnos". "La analizaremos con prudencia y actuaremos en consecuencia". Por ahora, añadió, no se matriculará a más reclusos.
Este contencioso se enmarca en un viejo debate sobre si la UPV debe cerrar sus puertas a los presos de ETA, como ha pedido siempre el PP vasco, formación que sostiene que los etarras reciben un trato de favor en la institución académica. Su portavoz, Leopoldo Barreda, celebró ayer la derogación de un protocolo que calificó de "coladero" para los reclusos de la banda, que encontraban en él "una vía de acceso privilegiada a la Universidad".
La sentencia reconoce que el protocolo fija condiciones especiales a los presos que se acojan a él respecto a los plazos de matriculación, la normativa de permanencia en el centro y la posibilidad de matricularse por primera vez con una sola asignatura. Por ello, concluye que atenta contra los derechos del resto de estudiantes, sobre todo contra el principio de igualdad.
Protocolo sin acuerdo
El Gobierno de José María Aznar reformó la Ley General Penitenciaria en 2003 para fijar que la UNED fuese el centro de referencia para que estudiasen los presos de ETA, 260 de los cuales se hallaban matriculados entonces en la UPV. Las universidades presenciales que quisieran aceptarles tendrían que acordarlo por convenio con Instituciones Penitenciarias.
A falta de tal acuerdo, el Vicerrectorado de Ordenación Académica, que el propio Iñaki Goirizelaia dirigía entonces, desarrolló en 2004 un Protocolo para la Atención a Personas Internas en Centros Penitenciarios. Su objetivo, recordó ayer el ahora rector, era facilitar la gestión de las matrículas y el seguimiento de los alumnos con dificultades para cursar los estudios de forma presencial, lo que incluye a cualquier recluso y también a ququienes no puedan desplazarse para ir a clase por alguna enfermedad o discapacidad. Los 50 etarras acogidos a la iniciativa cumplen condena en Francia.
El rector insistió en defender el protocolo anulado por el Supremo recordando que fue aprobado por unanimidad por el Consejo de Gobierno de la UPV y que el Tribunal Superior vasco "no encontró asomo alguno de vulneración de la ley penitenciara" en su sentencia con la que desestimó la impugnación del abogado del Estado.
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