Obama abre la puerta para que se juzgue a los que legitimaron la tortura

En medio de una fuerte presión política para que el capítulo no sea cerrado, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dejó ayer la puerta abierta a llevar ante la justicia a los responsables que diseñaron el entramado legal que permitió ejercer torturas sobre sospechosos de terrorismo durante el gobierno de George W. Bush. Fue muy parco en su declaración el presidente e insistió en que es de la opinión de mirar "hacia delante y no hacia atrás".

Pero con dos comités del Senado elaborando informes y pidiendo la formación de una comisión que investigue los abusos cometidos durante la Administración de Bush, con organizaciones de derechos humanos reclamando voz para las víctimas de las torturas y con la ONU recordando a Washington que no es ajeno al derecho internacional, Obama cedió ayer el paso a la justicia, y dijo que dependía del criterio jurídico del fiscal general juzgar o no a los abogados de la Administración de Bush que redactaron los memorandos que permitían la tortura.

Una vez más -y van tres desde que la semana pasada se hicieron públicos los informes que autorizaban métodos brutales de interrogatorio contra sospechosos de terrorismo-, el presidente manifestó su apoyo y dejó fuera de cualquier investigación a "aquellos individuos que llevaron a cabo sus labores dentro de las cuatro esquinas de las guías establecidas". En opinión del presidente, éstos funcionaban bajo el concepto de obediencia debida. Cumplían órdenes. Pero "con respecto a aquellos que las formularon", prosiguió Obama, "ésa va a ser una decisión que tendrá que tomar el fiscal general dentro de los parámetros legales".

El presidente declaró que los informes sobre la tortura son la prueba de "la pérdida de los valores morales" de Estados Unidos. "Estamos ante un capítulo muy difícil de nuestra historia", anunció Obama. El inquilino de la Casa Blanca se mostró contrario a la creación de una comisión de la verdad, pero favorable a que el Congreso investigue de forma "bipartidista, independiente y mirando hacia el futuro".

Si con hacer públicos los documentos de la tortura firmados por los abogados John Yoo, Jay Bybee y Steven Bradbury (todos ellos miembros de la Oficina de Consejo Legal del Departamento de Justicia en la pasada legislatura), la Casa Blanca creía que cerraba un capítulo "doloroso y oscuro", estaba muy equivocada. Todo indica que el debate y sus consecuencias no han hecho más que empezar.

A la controversia sobre si el conocimiento público de los informes hace de EE UU un país menos seguro o sobre quiénes deberían ser llevados ante la justicia, se sumaron ayer unas declaraciones hechas por el ex vicepresidente Dick Cheney que han aumentado el debate. Cheney defendió los polémicos interrogatorios contra detenidos después de los ataques terroristas de 2001, alegando que el Gobierno estadounidense logró informaciones valiosas.

"Conozco específicamente informes que leí, que vi, que detallan de lo que nos hemos enterado por medio del proceso de interrogación y cuáles fueron las consecuencias para el país", dijo Cheney. Para el ex vicepresidente de Bush, la publicación de esos informes fue "un error".

"Una de las cosas que encuentro un poco desagradable sobre las recientes revelaciones es que se dieron a conocer los memorandos legales pero no se publicaron los que muestran el éxito de ese esfuerzo", declaró Cheney, para a continuación pedir -formalmente, dijo- que "sean desclasificados ahora".

El vicepresidente al que se otorga más poder en la historia de Estados Unidos resaltó que "el pueblo norteamericano debería tener la oportunidad de sopesar la información que se ha obtenido paralela al debate legal".

La información a la que se refiere el ex vicepresidente fue obtenida, en el caso del cerebro del 11-S, Jalid Sheij Mohamed, tras aplicársele 183 veces la técnica aprobada por Bush y conocida como waterboarding, un simulacro de ahogamiento, y en el caso del miembro de Al Qaeda Abu Zubaida sólo 83.