Los otros 'papeles de Salamanca'

"Son los papeles de Salamanca, volumen dos", insisten alcaldes e historiadores. Se refieren a los documentos municipales producidos durante la Guerra Civil que requisaron las tropas franquistas para usarlos como prueba a la hora de depurar a republicanos y que acabaron en el archivo de Salamanca o en la Delegación del Gobierno en Barcelona. Los documentos de la Generalitat ya regresaron a Cataluña y los que pertenecen a particulares están a punto de hacerlo. El retorno de los archivos municipales, en cambio, no está previsto, de momento. Varios ayuntamientos y entidades cívicas empiezan a reclamarlos.

Una de ellas es la Comisión de la Dignidad, que forzó la ley que regula el retorno del primer bloque de papeles. Eso fue en 2005 y uno de sus miembros, Josep Cruanyes, explica que entonces prefirieron no complicar las cosas con la reclamación de documentos municipales. Los portavoces de la mayoría socialista en el Congreso les aseguraron, dicen, que de los documentos municipales se encargaría la Ley de Memoria Histórica. La razón era que en Salamanca no hay sólo archivos de ayuntamientos catalanes, sino de todas las zonas que fueron republicanas. La norma llegó en 2007, pero no habla de devoluciones. "Se confió en que la Ley de Memoria lo solucionaría y acabó perdiéndose como objetivo", afirman Cruanyes y fuentes de la Generalitat.

La Delegación del Gobierno también conserva archivos de ayuntamientos

Coinciden también en explicar que el material de municipios catalanes en Salamanca no es mucho: unos cinco legajos. Provienen de una decena de ayuntamientos, entre ellos el de Sort (Pallars Ssobirà). Su alcalde, Agustí López, que es diputado al Parlament por CiU, pretende ahora que la Cámara catalana inste el retorno de los papeles. Está iniciando una campaña para que se unan a su causa otras ciudades afectadas, como Reus, Tarragona, Valls, Igualada y Vic, así como las dos asociaciones catalanas de municipios.

El director de Archivos del Gobierno catalán, Ramon Alberich, asegura que ya ha puesto el asunto sobre la mesa de la comisión, creada por la ley de 2005, en la que el Ministerio de Cultura y el departamento homólogo catalán gestionan el retorno de los papeles. "Que yo sepa no hay ninguna intención de mover los archivos", dice el director general del Libro del ministerio, Rogelio Blanco. Éste admite que siente "cierto cansancio" ante las reclamaciones de un material que, según él, "es de titularidad estatal" porque los Ayuntamientos, a diferencia de la Generalitat, no se disolvieron. Así que, afirma, su derecho a reclamar ha prescrito porque hasta ahora no lo han usado. Muchos municipios y la Generalitat discrepan: "un expolio es un expolio", denuncian.

El debate en torno a los documentos municipales de Salamanca es, pues, espinoso. Y más si a ellos se les añaden los que se quedaron en Barcelona. La existencia de estos documentos la hizo pública hace una semana el historiador y ex alcalde de Sant Sadurní d'Anoia, Carles Querol. Hace un año, encontró documentación municipal del periodo de la Guerra Civil de su pueblo y de otros nueve en la sede de la Delegación del Gobierno en Cataluña. Supone que fue requisada, como la de Salamanca, y que quedó olvidada en Barcelona. Sant Sadurní reclama su devolución, y municipios como Falset, se disponen también a hacerlo. Pero Joan Rangel, delegado del Gobierno, les ha advertido que el que debe decidir es la Administración central.