La trama corrupta de los prostíbulos salpica al Ayuntamiento de Barcelona

Imputados dos funcionarios municipales y un ingeniero subcontratado

Y ahora, en Barcelona. La trama por la extorsión en los prostíbulos no afecta sólo a los locales Saratoga y Riviera de Castelldefels (Baix Llobregat), sino también a diversos prostíbulos de la capital catalana. Dos funcionarios municipales declararon ayer ante la juez, así como un ingeniero que subcontrató el Ayuntamiento y los propietarios de varios locales de la ciudad que supuestamente fueron víctimas de los sobornos.

La fiscalía considera que la actuación más grave de los tres empleados corresponde a Manuel Martínez, inspector municipal del área de licencias del Ayuntamiento de Barcelona. Fue detenido el pasado lunes por la tarde y el fiscal ayer reclamó su prisión incondicional tras prestar declaración. La juez del caso, Elisabet Castelló, decidirá hoy. Martínez está acusado de hacer desaparecer expedientes sancionadores contra locales afectados por irregularidades a cambio de dinero y desde hacía unos meses estaba siendo investigado por el Consistorio.

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También declaró ayer ante la juez el ingeniero Joaquín Quílez, para quien el fiscal reclama prisión con fianza de 15.000 euros. Era una persona que subcontrataba el Ayuntamiento de Barcelona para revisar el sonido de los locales y que, al parecer, alertó en varias ocasiones a cambio de dinero a los dueños de los burdeles de que se iban a producir redadas policiales.

Quílez fue citado el pasado mes de noviembre en un juicio celebrado en la Audiencia de Barcelona, cuando una acusada aseguró que se identificó como funcionario municipal y le exigió dinero para que el local siguiera funcionando y evitar sanciones. "Yo le creí y le pagué", dijo María del Carmen Ahijado Villarroel, que finalmente fue condenada a cinco años y medio de cárcel por la contaminación acústica y las lesiones psíquicas que causó a tres vecinos del pub Donegal que regentaba.

Fuentes judiciales explicaron que existe una conversación telefónica entre Quílez y uno de los propietarios del local Saratoga -Raúl Pascual, en prisión por esta causa- en la que aquél le advierte de la inmediata intervención de la Guardia Urbana en una vivienda de su propiedad. Tras esta llamada, Pascual telefoneó a la vivienda trasladando el soplo recibido.

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La tercera implicada en el caso es María Teresa Gómez Núñez, secretaria técnica de prevención del distrito del Eixample y jefa de los anteriores. Quedó en libertad con cargos tras prestar declaración al no haber pruebas de su participación en los sobornos. Fuentes municipales explicaron que esta acusada ha mediado en diversas ocasiones entre los vecinos y los propietarios de los locales cuando surgieron problemas por esa actividad, informa Àngels Piñol. El alcalde Jordi Hereu aseguró que se trata de "un caso aislado" y que el Consistorio se personará como acción popular si se confirma la implicación de los funcionarios.

Al margen de los funcionarios ya citados, el agente de la Guardia Urbana Manuel del Pozo Mañanes fue investigado por un juzgado entre 2006 y 2008 acusado de prevalerse de su cargo para favorecer la prostitución. En concreto, se le acusaba de suministrar prostitutas a los locales de alterne Brindis, Tres Estrellas, Sheik, No Nom y Lotus, pero el caso fue archivado el pasado 20 de junio por el Juzgado de Instrucción 24 de Barcelona a petición de la fiscalía después de que ninguna de las mujeres declarase que era forzada a prostituirse.

El asesor legal de algunos de esos clubes de alterne era Alex Garberí, abogado imputado en la trama de la extorsión y que está en libertad bajo fianza de 20.000 euros. Pese a su absolución, el agente de la policía local está cumpliendo una sanción de cinco años de empleo y sueldo. El policía clama por su inocencia y el Ayuntamiento considera que su comportamiento fue intolerable.

La carta de Navas

El inspector jefe de la Sección 1 de la Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsedad Documental (UCRIF), Abundio Navas, remitió una carta a sus superiores el 12 de febrero de 2008 explicando con detalle el soborno que sufrió el propietario de un club de alterne de Barcelona, quien pagó 10.000 euros por quedar en libertad.

La carta relata que un local de alterne situado en la calle de Can Bruixa fue registrado el 20 de abril de 2007 por el inspector José Javier Marín Pujal, en prisión por esta causa, y asesorado por los abogados Alex Garberí y Fernando Martínez, en libertad bajo fianza de 20.000 euros.

El dueño fue llevado a comisaría, donde se le permitió pactar con Garberí las respuestas a las preguntas que se le iban a hacer, si pagaba 10.000 euros, para "arreglarlo todo", como así ocurrió. La carta de Navas, también en libertad bajo fianza de 5.000 euros, prosigue que el origen de la redada fueron unas deudas por unos honorarios de los abogados.

Tras quedar en libertad, el dueño exigió una factura y no se le dio, pero grabó los encuentros. Navas prosigue que el dueño se quejó de lo ocurrido a Manuel Nieto, inspector jefe de la policía en excedencia que ahora asesora como abogado a locales de alterne, y al menos le devolvieron 3.000 euros.

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