Pleito de los vecinos de Friol para parar una embotelladora de aguas

La polémica lleva más de 15 años dando coletazos y los 200 metros de camino que la protagonizan, 30 años sin ser utilizados. Los vecinos de Friol (Lugo) defienden que desde 2001 los planos de construcción de la embotelladora Fontnatura ocupan un camino público. El consistorio les dio la razón, denunció a la empresa y la llevó a juicio. La recuperación del camino está valorada en 12.500 euros, pero ayer la empresa aplazó la vista. El proceso vuelve a pararse. La empresa lleva nueve años pendiente de la licencia de apertura.

Ayuntamiento y vecinos unidos cruzan apelaciones y acusaciones alrededor de una empresa sin licencia, sin instalaciones y sin un pozo concreto para extraer el agua. Al conocerse dónde colocaría Fontnatura el pozo, en 2006, los vecinos de la parroquia de Serén protestaron porque el manantial a explotar extraería rápidamente toda el agua que consumen. De esta manera, aseguraban, el agua no pasaría los controles de sanidad por la cercanía de los purines y se contaminaría al ser extraída a una velocidad de 9.500 litros por hora. La empresa no tiene licencia, pero sí consiguió la declaración del agua como "mineronatural". En plena pugna por el pozo, los vecinos de Serén encontraron en el camino la vía para parar los planes de la empresa.

La parroquia de Serén teme que Fontnatura contamine sus pozos

Los ecologistas de la Asociación pola Defensa Ecolóxica de Galicia (Adega), que se sumaron a las quejas de los vecinos por el trazado del camino, advirtieron que es peligroso que Fontnatura comercialice "un agua como de manantial, sin tener la seguridad de que no resultaría contaminada". El colectivo defiende que ha de revisarse el informe de calidad de las aguas.

El Ayuntamiento, que sí apoya a los vecinos por el tema del camino, no se moja en el tema de los pozos. El alcalde, Antonio Muíña, explica que no negarán la licencia a la embotelladora si ésta cumple todos los requisitos, es decir, si los informes de las distintas consellerías dan el visto bueno. Aunque Muíña reconoce retrasos en el trámite -nueve años en total-, asegura que de momento no hay ningún informe desfavorable que impida la apertura.