Oña se resistió al control que pide

Esperanza Oña, la portavoz del PP en el Parlamento andaluz, en el que proclama que la Junta es "culpable" de las ilegalidades urbanísticas en Andalucía porque ha hecho dejación de sus competencias de control, se resistió en marzo de 2006 a que el Ayuntamiento de Fuengirola, del que es alcaldesa, se sometiera a una inspección por parte de la Consejería de Obras Públicas.

La misma portavoz que anteayer tildó de "trolas" las explicaciones del consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, sobre el reparto de competencias en materia urbanística y afirmó que la ley del Suelo de Andalucía otorga atribuciones suficientes a la Junta para intervenir en los municipios, invocó hace tres años la autonomía municipal y varios preceptos de la misma normativa para negarse a recibir la visita de una inspectora autonómica. "Le requiero formalmente para que desista de su intención de inspeccionar servicio municipal alguno, particularmente el área de Urbanismo", escribió Oña al entonces delegado de Obras Pública en Málaga, José María Ruiz Povedano.

Previamente éste había comunicado a Oña que el 4 de abril de 2006, una inspectora de este departamento "girará visita de inspección al área de Urbanismo de esa corporación".

La respuesta de Oña fue un "requerimiento" al delegado para que desistiera de la inspección y emplazarle a que "si desea alguna información o documento relacionado con el urbanismo local, simplemente lo solicite con la antelación posible para que la colaboración con esta administración interfiera lo menos posible con nuestros ya saturados servicios".

La alcaldesa conminó además a la consejería a que en el futuro cualquier petición de información o de inspección sean "motivados y singularmente contengan la mención al precepto o preceptos en que se basen para poder evaluar la obligatoriedad de su cumplimiento".

El delegado de Obras Públicas explicó a Oña que había malinterpretado su aviso de inspección. "En ningún caso manifesté que tuviese intención de inspeccionar servicio municipal alguno". En su carta de respuesta, Ruiz Povedano recordó a Oña que la ley faculta a los inspectores a requerir todo tipo de documentación relativa al planeamiento y que la visita de inspección se debía a la existencia de una serie de denuncias sobre presuntas infracciones urbanísticas en el municipio de las que la consejería había pedido información al ayuntamiento sin que éste hubiera contestado o que requerían más información.

El delegado concluía que la Junta "entiende el ejercicio de las potestades de inspección como un instrumento de colaboración con la administración municipal".

Lejos del tono formal de su primera respuesta, Oña contestó esta vez con una carta conciliadora dirigida personalmente al delegado con tratamiento de tu ("estimado José María"), en la que decía que su ayuntamiento siempre había colaborado sin necesidad de avisos de inspección, pero se quejaba de que no percibía cordialidad en la Junta y que sólo había inspección en ayuntamientos gobernados por el PP.