16 empresas eluden informar sobre sus emisiones tóxicas

Una directiva de la UE de 2000, renovada en 2006, obliga a las empresas contaminantes a aportar datos de sus emisiones y vertidos. Sin embargo, en 2007 -el último año del que se dispone de información cerrada- hasta 16 compañías vascas de las cerca de 300 que están incluidas en el catálogo no lo hicieron, según el Registro Europeo de Emisiones Contaminantes.

Entre ellas se encuentran algunas significativas, como la planta de Idiazabal de la cooperativa Ampo (grupo que se desvinculó de Mondragón el pasado año y que tiene una plantilla de más de 500 personas); la Industrial Cerrajera de Elorrio, con 110 empleados; la química Sana de Trapagaran -fue además una de las nueve que el pasado año no presentó documentación para recibir la Autorización Ambiental Integrada, el nuevo permiso para las firmas contaminantes, y por lo que se le abrió un expediente sancionador- , o Finsa Inama, en Muxika, también con un centenar de trabajadores y cuya actividad acabará en los tribunales después de que una juez de Gernika haya apreciado un delito contra el medio ambiente. Las 16 empresas pertenecen a diversos sectores, desde la siderurgia, el químico y las fundiciones, hasta el tratamiento de aceites y los recubrimientos.

Cerca de 300 fábricas vascas están catalogadas como contaminantes

La falta de esta información se produce cuando, hace poco más de medio año, la consejería de Medio Ambiente y la patronal Confebask presentaron conjuntamente el nuevo registro de datos de emisiones contaminantes del aire y agua. Sustituyó al anterior, el Eper, y la diferencia es que amplía las sustancias contaminantes incluidas de 51 hasta 91. Este listado, denominado E-RPTR, persigue una mayor transparencia, al poder ser consultado por cualquier ciudadano (en la web www.ingurumena.net).

La información ofrecida por las empresas revela también otro problema que sigue sin resolverse en Euskadi: la falta de control medioambiental de las fábricas. Poco más de 40 compañías han visto verificados sus datos por los servicios de inspección externos del Departamento de Medio Ambiente. Entre ellas se encuentran Arcelor, Bizkaia Energía (la que gestiona la planta de ciclo combinado de Boroa), Maier u Oñeder. Con el resto que han enviado sus datos (más de 200), no ha habido una comprobación posterior.

El último informe de Medio Ambiente sobre su plan de inspecciones -el primer proyecto de control de la actividad industrial que se puso en marcha en 2003- concluía que, en 2007, cuando se analizaron 162 factorías, solo un 16% cumplía estrictamente la legalidad.

Cuando se implantó el registro Eper, Euskadi fue la única comunidad autónoma que aportó a la UE los datos de todas sus empresas, cuando la media en España era del 39%. Entonces, Medio Ambiente censuraba que en el resto de España se daban por buenos los datos aportados por las empresas. Sin embargo, "aquí se ha ido empresa por empresa a medir los contaminantes. Luego los datos son ciertos", destacó en 2004.