Los Franco pagarán una multa máxima de 60.000 euros si no abren Meirás

La apertura al público del Pazo de Meirás, pagada con fondos públicos y donativos para regalarse a Franco, amenaza con demorarse sin plazo. Tras publicarse en el Boletín Oficial del Estado la declaración del singular castillo como Bien de Interés Cultural (BIC), lo que le otorga máxima protección como monumento histórico y obliga a sus dueños a permitir visitas como minímo cuatro días al mes, los herederos del dictador estudian recurrir esta medida. La familia Franco se tomará su tiempo, según fuentes próximas, para decidir si presentará o no un recurso judicial, cuya resolución podría llevar años.

La Consellería de Cultura, que reforzó la protección patrimonial del pazo con el aval del Consello da Cultura, la Real Academia Galega de Belas Artes y la Universidade de Santiago, envío una carta a los Franco, encabezados por la hija del dictador, Carmen, para explicarles todas las obligaciones y también derechos -como peticiones de subvenciones- que implica la declaración BIC. Y el equipo hoy en funciones que dirige la nacionalista Ánxela Bugallo también ofreció en esa misiva, aún sin contestación, que se abriese la negociación con la Administración para establecer, de común acuerdo con los dueños, un calendario de visitas así como el itinerario y las partes del pazo y sus jardines que podrían ser abiertas al público.

La Ley de Patrimonio establece como sanciones muy graves la falta de cuidados y conservación en un monumento catalogado, pero no que se incumpla la obligación de abrirlo al público. En este caso, la multa puede ascender como máximo a 60.000 euros. El singular castillo es considerado, por Patrimonio, como un "lugar de memoria" al haber sido refugio literario de Emilia Pardo Bazán antes de convertirse en escenario veraniego de la dictadura franquista.

Quien acudirá a los tribunales es el Ayuntamiento de Sada, donde está la propiedad. La oposición, con el partido del ex alcalde Ramón Ares, el PP y un independiente, se impuso ayer al gobierno de BNG y PSOE para aprobar una moción que obliga al Ayuntamiento a recurrir el entorno de protección del pazo, fijado por la declaración de la Xunta. La oposición quiere que sólo la finca de los Franco esté afectada por medidas de conservación. El equipo del alcalde Abel López minimizó el acuerdo al destacar que el perímetro de protección está vigente desde 1997.