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Elecciones 1-M

Un tema secundario

En unas elecciones marcadas sobre todo por la crisis y el eterno debate entre soberanismo y autonomía, los partidos han hecho alguna que otra alusión a la inmigración en sus programas electorales. El PSE-EE, por su parte, afirma que, si resulta ganador, favorecerá "una inmigración vinculada al empleo", sustentada sobre la igualdad plena de derechos y deberes de todos los residentes en Euskadi y el fomento de la inmigración por cauces legales y la lucha contra la explotación laboral.

En su versión reducida, 100 ideas para el cambio, los socialistas prometen la elaboración de un Plan de Ciudadanía e Integración para todas las administraciones públicas vascas.

El PNV coincide en esta última idea, lanzando al aire la iniciativa de "Elaborar un protocolo de bienvenida a todas las personas inmigrantes que se empadronen en los ayuntamientos de Euskadi". "El objetivo de este protocolo será darles a conocer todos sus derechos y obligaciones, con el objetivo de que se integren con normalidad en nuestra sociedad", reza el programa peneuvista, que también propone facilitar la regulación de las personas sin papeles que lleven más de 3 años en Euskadi por medio del arraigo social [la ley establece que hay que probar haber estado en España, y no en una comunidad autónoma en concreto].

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El PNV apuesta también por la elaboración de un tercer Plan Vasco de Inmigración, que incluya medidas específicas para la integración de los hijos de las personas inmigrantes en nuestra sociedad a través del sistema educativo. También se refiere a la lucha contra la economía sumergida en la que los extranjeros buscan su sustento a falta de algo mejor.

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Ezker Batua, que lleva dos legislaturas al frente de la consejería de Asuntos Sociales, apuesta por "la defensa de los derechos fundamentales de toda persona, se encuentre donde se encuentre y ostente la nacionalidad que ostente. Y es que la inmigración y la vigencia de nuestro sistema internacional y estatal de derechos fundamentales están íntimamente unidas". El partido de Javier Madrazo reconoce que sus planteamientos en este ámbito desbordan hasta las competencias de los mismos estados. Defiende que se "supere el concepto político de ciudadanía ligado al estatus de nacional" y propone "progresar en el sistema constitucional español y europeo hacia un concepto de ciudadanía universal con un horizonte, que no por ser utópico, no sea deseable y posible de alcanzar".

"No podemos permitirnos discursos demagógicos, revestidos de un falso progresismo alejado de la nueva realidad", afirma el PP en el suyo. "Ya se han visto las nefastas consecuencias de las políticas basadas en papeles para todos. Por ello, la ordenación adecuada de los flujos migratorios debe de estar basada en la capacidad de acogida disponible" en los países receptores, según la formación. Abogan los populares por fomentar la contratación en origen, un mecanismo muy poco utilizado por el empresariado vasco, y las acciones formativas para la inserción laboral de los inmigrantes.

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