Reportaje:Elecciones 1-M

Entre la crisis y los principios

El parón económico pone a prueba el modelo vasco de inmigración

"Señor Olabarria, usted pertenece a un partido que gobierna en una comunidad próspera, con una renta per cápita alta [...]. Yo soy muy respetuoso, yo entiendo que el País Vasco y su Gobierno no tengan problema con la inmigración. Podrá tener opinión, pero no la responsabilidad de gobernar [en España]". "[Les pido que] reflexionen sobre este gesto que algunos de ustedes hacen muchas veces de estar por encima del bien y del mal y dar lecciones". Así de rotundo se mostró el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, cuando el diputado peneuvista Emilio Olabarria le interpeló en una sesión de la comisión correspondiente en el Congreso en julio pasado, acusando al Gobierno central de endurecer su discurso migratorio al apoyar la directiva de Retorno Europea y al plantear restricciones al reagrupamiento familiar.

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El tripartito vasco, muy marcado por el hecho de que un partido como EB estuviera al frente de la consejería de Asuntos Sociales, siempre ha mantenido un discurso de poli bueno frente al malo de la Administración central. La crisis y los primeros roces de la convivencia con la inmigración, un fenómeno reciente en España y recién estrenado en Euskadi, pondrán a prueba las costuras del modelo vasco de inmigración, que procura no distinguir entre indocumentados y regulares, y está condicionado por la Ley de Extranjería.

Todos los agentes implicados resaltan que parón de la economía afectará aún más a los inmigrantes, un colectivo que vive sistemáticamente peor que los autóctonos, con peores sueldos, mayor precariedad laboral, y aguantando una tediosa carga burocrática -las únicas colas que se siguen haciendo a la intemperie en la Administración pública son las de los ansiados papeles-. Además, carecen de la red de protección que supone la familia para afrontar las malas rachas.

Según datos del sindicato CC OO, la tasa de paro entre los inmigrantes ha subido un 56%, frente al 43% entre los autóctonos, el pasado año. Otro dato esgrimido por la central es todavía más preocupante: el 91,5% de los contratos realizados en 2008 han sido temporales.

El grueso del colectivo trabajaba hasta ahora en servicios domésticos, hostelería y construcción. Y aunque nadie duda de la impresionante capacidad de adaptación de los inmigrantes -tienen mucha mayor movilidad y no hacen ascos a trabajar de camarero después de estar años como capataz en una obra-, la proporción de los que recurran a las prestaciones mientras recuperan un empleo aumentará y, con ella, la dañina percepción de que sobran.

Aún son mayoría quienes creen que en Euskadi viven muchas más personas inmigrantes de las que realmente lo hacen. También lo son quienes mantienen estereotipos negativos en torno al fenómeno de la inmigración, especialmente aquellos que siguen pensando que vienen a recibir más de lo que dan y a beneficiarse de las ayudas sociales, aunque se las hayan ganado con el mismo sudor que los autóctonos.

Euskadi aprende sobre la marcha a lidiar con situaciones de tensión como la de los menores extranjeros no acompañados, en las que las instituciones se ven constantemente desbordadas por la llegada de unos chavales a los que no saben si tratar como menores o como inmigrantes, mientras la xenofobia en torno a ellos aumenta.

En algunas escuelas de la red pública se están creando auténticos guetos -el porcentaje de alumnado inmigrante es del 90% en el colegio público de Primaria Santa María, en Vitoria- donde el nivel educativo se resiente y se corre el riesgo de aumentar las desigualdades en el sistema educativo .

Agustín Unzurrunzaga, de SOS Racismo, recalca que la poca flexibilidad que otorga la Ley de Extranjería está causando "un altísimo nivel" en las denegaciones de los permisos de trabajo de quienes no logran cotizar los meses suficientes o no consiguen un contrato más allá de los precarios. "La crisis y el sistema les está empujando a la irregularidad", recalca Unzurrunzaga, que tampoco admite del todo la benevolencia de las instituciones vascas y recalca que éstas también tienen un discurso que no siempre es llevado a la práctica: "Nunca va más lejos de lo que marca el Gobierno central, aunque en algunos casos podría". Pone el ejemplo del empadronamiento, un simple trámite que les abre las puertas a servicios como la sanidad, la educación y las prestaciones sociales, como las ayudas de emergencia y la renta básica: "Muchos inmigrantes no pueden darse de alta en el padrón porque no tienen un contrato de trabajo -suelen alquilar habitaciones sin ningún contrato de por medio-. Los técnicos de inmigración tienen la potestad para empadronarles en alguna asociación, pero no lo hacen".

El Gobierno vasco, por su parte, insiste en que sus manos están atadas ante el marco diseñado por el Gobierno central, que actualmente está elaborando una reforma que introducirá varias restricciones, entre ellas la del reagrupamiento familiar. "Tenemos las competencias que tenemos", recalca el director de Inmigración, Roberto Marro, El Gobierno vasco aboga por que, al igual que en Cataluña, se transfieran competencias como tramitar el permiso inicial para las contrataciones en origen, algo que requeriría una reforma estatutaria que nadie sabe si llegará en la próxima legislatura.

A largo plazo, en paralelo, persisten las incertidumbres sobre la sostenibilidad del tejido económico de Euskadi debido al descenso de la población. La patronal calcula que en 2020 el déficit de mano de obra podría oscilar entre 233.000 y 330.000 trabajadores, sobre todo en el sector industrial, el de servicios a empresas, consumidores y atención sanitaria.

Nadie piensa en hacer contratos hoy día. No mientras no acabe la crisis, mientras los analistas sigan dando por sentado que parte del descalabro del sector de la construcción es irreversible y que cuando todo acabe nada va a ser como antes. Jon Bilbao, responsable de relaciones laborales de Confebask, añade que la inmigración que reside en Euskadi no encaja del todo con el perfil requerido a medio y largo plazo, sin que esté del todo claro que con formación se pueda propiciar una transfusión de trabajadores del ladrillo hacia otros como la industria. Y muchos de los inmigrantes que tienen la formación adecuada encuentran incontables problemas para convalidar sus títulos en España.

Hallar un equilibrio entre lo que piden los principios defendidos hasta ahora y la dura realidad será uno de los retos del próximo Ejecutivo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del jueves, 26 de febrero de 2009.

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