Italia autoriza patrullas nocturnas de vecinos contra la delincuencia
La retención de inmigrantes indocumentados se alarga de dos a seis meses
Rondas de voluntarios que patrullen las ciudades para evitar las violaciones. Ésta es la última idea del Gobierno de Silvio Berlusconi, tras los episodios de violencia sexual que han conmocionado a la opinión pública italiana durante las últimas semanas. La constitución de estas rondas forma parte del decreto ley que el Consejo de Ministros aprobó ayer y que entre otras normas prohíbe el arresto domiciliario para quienes están acusados de violencia sexual y prevé penas de cuatro a seis años para el acoso sexual.
Además, el decreto alarga el tiempo de permanencia de los inmigrantes en los centros de identificación de dos a seis meses. La directiva europea aprobada el pasado mayo autoriza retenciones de seis meses ampliables a 18 si no existe cooperación por parte del país de procedencia del inmigrante. En España, el tiempo máximo que permite la ley es de 40 días. Esta medida coincide con la revuelta hace dos días de los extranjeros encerrados en el centro de internamiento de la isla de Lampedusa.
El Gobierno asume que la causa de la ley son los últimos casos de violaciones
La medida que está suscitando más controversia es la formación de las rondas, un viejo caballo de batalla de la Liga Norte, que forma parte de la coalición de gobierno. El decreto ley señala que las rondas no irán armadas y serán formadas por voluntarios, con prioridad para ex agentes de las fuerzas armadas, y estarán coordinadas por el delegado del Gobierno de cada ciudad. A los voluntarios se les dotará de un teléfono móvil y de transmisores con los que advertir a las fuerzas del orden.
El mismo presidente Berlusconi ha reconocido que el decreto es fruto del clamor suscitado por los últimos episodios de violencia. En Roma el sábado pasado una joven de 14 años fue violada, motivo por el que han sido detenidos dos ciudadanos rumanos. Pero el clamor racista venía de semanas atrás. A finales de enero otra joven de 21 años fue violada en Guidonia, un pequeño pueblo cercano a Roma, por cuatro rumanos que fueron arrestados a los pocos días. Italia, pese a la algarabía mediática a la que se ha sumado demagógicamente el Gobierno, no se encuentra ante una verdadera emergencia. Lo confirman los datos más recientes: en 2008 hubo 4.465 casos de violación, lo que supone 432 menos que en 2007. Incluso Berlusconi lo ha confirmado.
El primer ministro parece confirmar así que el decreto es fruto más de un arrebato emotivo que de una emergencia real en cuestiones de seguridad e inmigración. El mismo día que el Gobierno tomó estas medidas, el presidente de la Cámara de los Diputados, Gianfranco Fini, sin hacer una expresa referencia al decreto, habló ayer de "la odiosa conexión entre criminalidad e inmigrantes..." "El riesgo", según Fini, "es que después de los recientes episodios de violaciones por parte de extranjeros se cree una mezcla explosiva. Por esta razón", concluye Fini, hay que "mantener la lucidez y la serenidad", aunque comprende la indignación popular. Las medidas sobre inmigración podrían ser el último frente de choque entre Berlusconi y Fini, como recientemente ocurrió con el caso de Eluana Englaro, la mujer que falleció este mes tras permanecer 17 años en coma.
Las críticas llegan también del Vaticano. La creación de las rondas representa para el secretario del consejo pontificio de los inmigrantes, monseñor Agostino Marchetto, "una abdicación del estado de derecho". Por su parte, Marco Minniti, responsable de la oposición en temas de seguridad, manifestó que con las rondas se cuestiona el monopolio sobre la seguridad por parte del Estado y de las fuerzas del orden.
El presidente Berlusconi en conferencia declaró que ha recurrido de nuevo a un decreto ley porque "el tiempo con el que el Parlamento italiano aprueba las leyes está a la vista de todos". Una frase que alimenta la polémica por el difícil encaje entre las decisiones del Gobierno italiano a usar excesivamente los decretos leyes y el Parlamento después del caso Englaro.
La criminalidad ha bajado un 10% en 2008
El Gobierno de Silvio Berlusconi se ha apresurado a lanzar un decreto para instaurar las rondas de patrulla ciudadanas, pero los datos señalan que en Italia no existe un estado cercano al de emergencia por la tasa de criminalidad. Según los últimos datos disponibles, los delitos han disminuido un 10% en todo el país.
El número de los delitos ha descendido de 1.488.771 en el primer semestre de 2007, frente a 1.379.258 en el mismo periodo del año pasado. En las tres ciudades más importantes de Italia, Roma, Milán y Nápoles, la tasa ha descendido claramente. En la capital los delitos han pasado de 116.791 a 91.378; en Milán, de 155.363 a 142.466; y en Nápoles, urbe símbolo de la criminalidad, de 76.094 a 68.990.
Por lo que se refiere a la violencia sexual, en concreto, en 2008 en Italia las violaciones disminuyeron un 8,8%. En relación con la proporción de inmigrantes e italianos que han cometido violaciones sexuales, en el 60% de los casos el autor era italiano. Emblemático es el caso de Roma, escenario de los últimos delitos sexuales que han servido de excusa al Gobierno para autorizar las patrullas ciudadanas. En la capital italiana las violaciones han bajado un 10,1%.
Los datos del Ministerio del Interior hablan claro: los delitos han disminuido y mantienen esta tendencia en Italia. A pesar de esto, los italianos se sienten inseguros. Las encuestas del ISTAT (Instituto Nacional de Estadistica) muestran que el 36% de las familias se siente insegura, una percepción que ha ido en aumento desde 2003.
El sindicato de la policía italiana Silp-Cgil afirma que la sensación de inseguridad se debe en buena parte a que faltan agentes en las calles. Son necesarios 9.000 policías más, según el sindicato, que advierte que si se cumplen los recortes del Gobierno, la carencia ascenderá a más de 15.700 policías en 2012
Planes de seguridad de Berlusconi
- Despliegue de 2.500 soldados en las principales ciudades para liberar de tareas de vigilancia a agentes policiales.
- Autorización de rondas ciudadanas desarmadas, previa petición del alcalde, consenso del delegado del Gobierno e inscripción en un registro de los "vigilantes".
- Ampliación de dos a seis meses del periodo de retención máxima de inmigrantes clandestinos.
- Endurecimiento del régimen penal para los violadores, excluyendo para ellos los arrestos domiciliarios.
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