Bermejo replica al primer paro de los jueces con una ley antihuelga

El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, respondió a la primera huelga de jueces que se celebra en España con el anuncio de una nueva ley que impedirá en el futuro a los jueces y magistrados hacer huelgas. El histórico paro de ayer fue secundado por "un 62% de los jueces", según la cifra facilitada por las dos asociaciones convocantes de la protesta, que la calificaron de "todo un éxito". Según el comité de huelga, 2.168 magistrados se sumaron al paro "sobre un total de 3.500 en activo en este momento".

Los propios huelguistas fijaron los servicios mínimos. Sólo tramitaron las causas urgentes. No obstante, la huelga propició la suspensión o aplazamiento de miles de diligencias judiciales, entre vistas y citaciones de usuarios que no fueron avisados del paro.

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El porcentaje de seguimiento de la huelga facilitado por las asociaciones contrasta claramente con el difundido por el Consejo del Poder Judicial, que redujo a un 35,3% el paro. La portavoz del Consejo, Gabriela Bravo, especificó que el número total de magistrados que habían secundado la huelga era de 1.635 de un total de 4.621 miembros de la carrera judicial. El Consejo obtuvo sus datos de los presidentes de los tribunales superiores de las comunidades. En cambio, el comité de huelga los obtuvo a través de los faxes y correos electrónicos enviados por los jueces que, con sus nombres y apellidos, declararon haberse sumado al paro. El comité de huelga excluyó del cómputo total de jueces a cerca de un millar, alegando que éstos eran sustitutos o estaban de baja o en comisión de servicio.

"La diferencia de datos con el Consejo, aparte de en el cómputo global, obedece a que muchos magistrados no han comunicado aún a sus tribunales superiores si se sumaban a la huelga", explicó ayer Marcelino Sexmero, miembro del comité de huelga y portavoz de una de las dos asociaciones convocantes del paro, la moderada Francisco de Vitoria.Fernández Bermejo, evitó ayer valorar la incidencia del paro, aunque sí anunció que enviará al Consejo de Ministros una ley para regular "el modo en que los jueces pueden reivindicar sus derechos", pero "desde la perspectiva de que un poder del Estado no puede ir a la huelga", explicó. Al anunciar que prohibirá por ley la huelga de jueces, el ministro trata de acabar con la laguna legal en la que se han amparado los magistrados para, desoyendo advertencias del Consejo del Poder Judicial y del Gobierno, realizar la primera huelga de jueces de España. Las asociaciones destacaron que, en el caso de que el Gobierno legisle para prohibir las huelgas de jueces, recurrirían ante el Tribunal Constitucional. Justicia matizó ayer tarde "que la mayoría de los jueces" no habían secundado la huelga porque entienden que un paro "no es la fórmula" para avanzar en la negociación y en el compromiso de "modernizar" los juzgados y tribunales.

El paro judicial cosechó su mayor seguimiento en Valencia (343 jueces), Madrid (281) y Cataluña (287), según los convocantes. Y estaba convocado, además de por Francisco de Vitoria, por la Asociación Foro Judicial Independiente, que tiene 260 afiliados.

Las otras dos asociaciones -la APM, conservadora y mayoritaria en afiliados (casi 1.200), y la tercera, la progresista JpD (casi 500)- se habían desmarcado del paro. Aunque, tal como tenían previsto, realizaron protestas puntuales en diferentes sedes judiciales. Si antes no se prohíbe por ley, las cuatro asociaciones mantienen su anuncio de una segunda jornada de huelga para el próximo 26 de junio sino avanzan las negociaciones con el ministerio.

El ministro Bermejo, que ayer acusó a los jueces decanos de utilizar los decanatos como plataformas reivindicativas, no especificó cuando enviará la norma antihuelga al Consejo de Ministros. Pero sí señaló que su voluntad es continuar con las negociaciones.

José Luis González Armengol, juez decano de Madrid, subrayó que "ahora le toca mover ficha al ministerio para llegar a acuerdos concretos que permitan desbloquear la situación". En los juzgados unipersonales de Madrid la parálisis de actividad fue ayer casi total debido a que la huelga de jueces coincidió con la de los funcionarios, que protestan por el incumplimiento del acuerdo económico alcanzado hace un año con el Gobierno regional.

La portavoz del Poder Judicial, Gabriela Bravo, también evitó comentar la huelga. Y precisó que, de acuerdo con los datos del Consejo, las comunidades autónomas con mayor participación habían sido Aragón, Extremadura, Murcia y Valencia, con más de un 60% de participación, frente al País Vasco y La Rioja, que no alcanzaron el 10%. En la Audiencia Nacional sólo dos de los 84 magistrados secundaron el paro. En el Tribunal Supremo nadie hizo huelga.