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Editorial:

Equívocos de una huelga

Los jueces huelguistas son también responsables de la marcha de la justicia

Los jueces que ayer hicieron dejación de su función jurisdiccional y fueron a la huelga -aproximadamente el 40% de los 4.500 existentes- han justificado esa grave iniciativa en la exigencia de modernización de la justicia, de cuyo retraso culpan a las administraciones y al Consejo del Poder Judicial. Se han cuidado, sin embargo, de reconocer la parte que les corresponde en ese retraso, lo que resta credibilidad a los altruistas motivos alegados. Como titulares del poder jurisdiccional del Estado, a ellos les corresponde una responsabilidad no menor en esa modernización.

Ése es uno de los equívocos de la protesta de ayer: que sus protagonistas pretendan pasar por trabajadores del común, carentes de iniciativa en la organización de su trabajo, en la función que ejercen y que constitucionalmente monopolizan. Pero no lo son, y de ahí también la dificultad de encajar esa huelga en el marco legal vigente y la perplejidad social que genera.

Una perplejidad acrecentada por la desfachatez con que, en claro contraejemplo de la función que ejercen, los huelguistas han desafiado a su órgano de gobierno, el Consejo del Poder Judicial, y se han aventurado en una acción sin cobertura legal alguna, utilizando, en lugar de razones institucionales, argumentos propios de un abogado de parte en un pleito. Los impulsores de la huelga han eludido plantear como cuestión previa la de su legalidad, y ni siquiera han recurrido, como hubieran podido hacer, el pronunciamiento del Consejo sobre la falta de soporte legal.

Los jueces en huelga plantean reivindicaciones que en buena parte sólo pueden cumplirse a medio plazo. Casi todas son razonables y en buena parte están en marcha, pero su ejecución depende de decisiones legislativas y de disponibilidades presupuestarias. Pero no es cierto que la justicia esté peor que nunca. Hace 10 años había 3.300 jueces; hoy son 4.500, todavía lejos de la media europea pero algo más cerca. El aumento desaforado de la litigiosidad -más de ocho millones de asuntos en 2008- neutraliza gran parte de los esfuerzos hechos; pero es demagógico atribuir, como hizo ayer Federico Trillo, al momento actual la bolsa de 2,5 millones de asuntos pendientes que se arrastra desde hace años: precisamente desde que el Gobierno del que Trillo formó parte decidió una drástica reducción de la inversión en Justicia en aras del objetivo del déficit cero.

Hubiera sido posible alcanzar compromisos para impulsar las medidas planteadas por los huelguistas y evitar la acción de ayer. Pero el problema es que el núcleo instigador -el movimiento asambleario impulsado desde las juntas de jueces- no ha mostrado interés en llevarlas a ninguna mesa negociadora. De ahí su tufo revanchista y antisistema -un poder del Estado contra otro-, y que se concreta en la frase "ahora les toca a ellos" con que el juez del caso Mari Luz animó a sus colegas a ir a la huelga, o en aquella otra -"así, esto revienta"- con que el juez decano de Córdoba acompañó su amenaza de reducir los juicios a la mitad.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 19 de febrero de 2009