El ayuntamiento moroso estrangula al empresario

Amparo Piqueras estuvo a punto de quedarse sin luz. A los dos días de estrenarse en el cargo, el 16 de junio de 2003, recibió la visita de un empleado de Fecsa-Endesa con una carta en la que le exigía a pagar las deudas pendientes. Amparo no era una trabajadora en paro, ni pertenecía a un hogar en apuros; era la nueva alcaldesa de Sant Vicenç del Horts (Barcelona), que, sólo en electricidad, debía 1,2 millones de euros a Endesa. Y unos seis millones más a la Seguridad Social. En total, la deuda histórica ascendía a 37 millones de euros, sobre un presupuesto de 17, lo que convertía a esta población de 28.000 habitantes en el ayuntamiento más endeudado de España.

"Lloré en aquella época. Ningún proveedor quería trabajar con nuestro ayuntamiento. Es que, directamente, no se habían estado pagando las facturas. Tuvimos que trabajar mucho y ahora, al menos, se paga en 400 días, y la deuda ha quedado en siete millones", dice, y se queja de los problemas de financiación local que sufren los municipios, que no se ha revisado en 30 años.

Las 'pymes' financian a los consistorios al cobrarles a 180 días

Los años de bonanza no han servido para reducir los plazos

Las compañías de limpieza piden recaudar intereses de demora

Las corporaciones alegan las "variaciones" en su relación con bancos

Sant Vicenç está aún hoy pagando las obras de un polideportivo que lleva 10 años funcionando. Cuando los empresarios ponen el grito en el cielo por la morosidad en los pagos de las Administraciones, se refieren a casos como éste. Pero cuando los gobernantes se defienden, y dicen que pagan cuando pueden, también se refieren a deudas heredadas y problemas para captar fondos. Los unos piden una ley más dura contra la morosidad, y los otros un mejor sistema de financiación.

Distintas organizaciones empresariales han cifrado estos días en 32.000 millones de euros la deuda del sector público con sus proveedores. El problema viene de antiguo, pero la crisis y la sequía del crédito han puesto contra las cuerdas a las empresas, sobre todo si son pequeñas, porque no encuentran liquidez para funcionar y tienen más urgencia por cobrar. "Las pequeñas y medianas empresas [pymes] nos hemos dedicado a financiar a los ayuntamientos, acostumbrándonos a cobrar a 180 o 200 días", critica Jesús Bárcenas, presidente de la patronal española Cepyme.

La Ley de Contratos del Estado fija un máximo de 60 días para pagar. Todo lo que excede de este plazo es morosidad, y conlleva unos intereses de demora, ahora del 9,5%. El Banco de España revela que la demora en el pago de las empresas públicas se ha agravado: de un promedio de 87 días en 2005 a 88 en 2006 y 96 en 2007 (ver cuadro), muy por encima de las privadas. La época de bonanza económica no ha servido para acortar plazos. Y, en general, entre lo público y lo privado, España también saca peor nota que otros países. Un informe de la patronal catalana Pimec fija en 94 los días de espera para cobrar, frente a los 65 de Francia y los 52 del Reino Unido, aunque cerca de los 90 de Italia.

No hay una base datos común para cada Administración, pero Aselip, la asociación que agrupa a las empresas de limpieza pública, sabe algo de esto. Su presidente, Francisco Jardón, asegura que por la crisis se ha disparado hasta los 180, 240 y hasta los 360 días, y sitúa a los ayuntamientos de comunidades como Andalucía, Comunidad Valencia, Cataluña y Madrid como algunos de los más remolones, mientras tiene buenas palabras para los de País Vasco, Navarra y Asturias.

En las autonomías el plazo es algo inferior, aunque en el caso de Cataluña, por ejemplo, ha pasado de 68 en 2007 a 76 en 2008, un número que este mes de enero se ha logrado rebajar a 70 días. La Comunidad de Madrid, por su parte, exhibe puntualidad, con una media de 17,6 días el año pasado, cuando en 1995, aseguran fuentes de la Consejería de Economía, estaba en 109 días.

"Somos conscientes de que hay casos concretos con problemas económicos que están produciendo retrasos en los pagos, pero no se puede generalizar", cierra filas la Federación Española de Municipios (FEMP). Los problemas que están atravesando algunos ayuntamientos se deben a varios motivos, según la entidad, como "la disminución coyuntural de los ingresos derivada de un descenso de la actividad económica en el municipio" y "las variaciones de las relaciones de los ayuntamientos con las entidades financieras con las que operan habitualmente".

Las Administraciones, que ingresaron suculentas cantidades vía tributos gracias al boom del ladrillo, han visto derrumbarse su recaudación: el Instituto de Práctica Empresarial ha cifrado la caída en 20.000 millones. El Ayuntamiento de Málaga, por ejemplo, presupuestó para 2008 ingresos de 26,8 millones por venta de suelo, y no recibió ni un euro.

El Ayuntamiento de León, por su parte, habla de una caída de ingresos del 80%. Este consistorio le debe a Urbaser, la compañía del grupo ACS que le realiza los servicios de recogida de basuras y limpieza, unos 40 millones de euros desde hace tres años. El Gobierno local, hoy socialista, explica que heredó una deuda de 270 millones de euros -sobre un presupuesto de 200 millones-. El pasado diciembre liberó una partida de 110 millones para pagar deudas, y una operación bancaria le permitirá inyectar otros 70 millones para pagar a sus proveedores, a costa también de contener gastos corrientes y subir impuestos.

El concejal de Economía y Hacienda, Miguel Ángel Fernández, se rasga las vestiduras. "El sistema de financiación local no es sostenible, estamos asumiendo competencias en cuidado a la dependencia, residencias de tercera edad, etcétera y los fondos locales no llegan", critica.

La deuda de las corporaciones locales supera los 30.000 millones, según los datos del Banco de España de septiembre de 2008, y Madrid se sitúa a la cabeza con una deuda de 6.000 millones. El Gobierno ha aceptado finalmente que los ayuntamientos que no hayan rebasado el límite de endeudamiento (del 110% de sus ingresos) puedan tener déficit.

Sobrepasar el límite de los 60 días obligaría a cualquier administración a pagar el interés de demora, pero los empresarios no suelen reclamarlo, ya que "ambas partes están condenadas a llevarse bien, y ponerse a mal con un ayuntamiento puede significar quedarse sin adjudicaciones en el futuro", explican fuentes del sector empresarial. Ello explica que la mayor parte de las críticas del sector privado se articulen a través de asociaciones, y es más que difícil que una empresa, de forma pública, arremeta contra el alcalde o presidente de turno.

Ahora, Aselip se ha plantado. La asociación de empresas de limpieza pública enviará una carta a los alcaldes en la que les avisa de que ha instado a sus asociados a reclamar "todas las cantidades pendientes de pago, así como los intereses de demora". "Le ruego al señor alcalde tenga a bien tomar todas las medidas a su alcance para poner remedio a una situación que no sólo es injusta, si no que, a veces, conduce a nuestras empresas a situaciones insostenibles", firma el presidente de la entidad.

Para José María Solís, esta situación debía ser realmente insostenible. Este pequeño constructor saltó hace unos días a la palestra cuando amenazó con quemarse ante el Ayuntamiento de Loeches (Madrid), al que acusaba de deberle 450.000 euros por unas obras que comenzaron a finales de 2005, aunque el consistorio sostiene que la obra tiene desperfectos y sólo pagará 166.000 euros por los fallos encontrados. Solís aseguraba que su empresa, Cavas, está a punto de la quiebra.

Porque, de la misma forma que las Administraciones más pequeñas parecen ser las más remolonas a la hora de pagar, los pequeños empresarios son también los más perjudicados cuando el dinero se hace esperar, ya que no disponen del colchón de liquidez o respaldo bancarios con el que puede contar un gran grupo. Lorenzo Amor, presidente de la Asociación Trabajadores Autónomos (ATA), explica que "hace un año, no había problemas por los retrasos. Pero si ahora vas a un banco con un pagaré de una Administración, la entidad ya no te adelanta el dinero, con lo que tienes muchos derechos de cobro, pero no tienes liquidez".

Ante situaciones desesperadas, muchos empresarios acuden a firmas de seguros de impago y de recuperación de impagos que garantizan el reembolso de, al menos, parte de los importes no pagados a través de indemnizaciones. Una de las del ramo, Crédito y Caución, calcula que los niveles de impago de las operaciones comerciales a crédito entre empresas españolas se disparó un 172%.

Pere Brachfield, el inventor del término morosólogo y morosología, ha dedicado su vida profesional a estudiar la morosidad y asesora a empresas con problemas de impago. Últimamente no para. "Vienen desesperados con deudas a cobrar. Este enfado de los empresarios con la Administración debió comenzar hace diez años", explica Brachfield, contrario a prácticas como las de los cobradores de frac.

En su opinión, el Gobierno central debería endurecer la Ley contra la Morosidad de 2004 -que sirvió para trasponer la directiva europea-, empezando por la propia Administración, haciendo que el límite de pago de 60 días, que es obligatorio para las Administraciones, pero no entre entes privados, sea norma general, así como que se agilicen los juicios por impagos. Pone como ejemplo Francia, que acaba de reducir de 45 a 30 días el plazo medio.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, advirtió hace unos meses en el Congreso de que este endurecimiento de la norma se llevaría a cabo dentro de una nueva reforma que se prepara Bruselas.

Los empresarios de la catalana Pimec se han dirigido a Zapatero, y ha trasladado la preocupación a Bruselas, porque aseguran que no es necesario aguardar a la reforma europea.

El Fondo de Estatal de Inversión Local activado por el Gobierno, dotado con 8.000 millones, inyectará recursos a los ayuntamientos y generará carga de trabajo a las empresas proveedoras, pero los empresarios reclaman igualmente mano dura contra la morosidad. "Al menos que no nos hagan pagar el IVA de las facturas que todavía no hemos cobrado, o que sea el ICO (Instituto de Crédito Oficial) el que nos adelante los pagos que nos deben las administraciones", propuso Lorenzo Amor.

Fuentes del Ministerio de Economía se limitan a señalar esta medida que está sobre la mesa y que, al menos en lo que a la Administración central se refiere, se cumple escrupulosamente el plazo de 60 días de pago fijado y no hay morosidad.

De momento, las soluciones son individuales. El Ayuntamiento de Sant Cugat (Barcelona), por ejemplo, ha cerrado una operación de confirming (una entidad financiera adelanta el pago de las compras antes la fecha de vencimiento de la deuda) y se ha comprometido a pagar a los proveedores antes de 30 días. Y el Ayuntamiento de Pinto (Madrid) ha pedido a Zapatero que le adelante urgentemente cerca de tres millones de euros para hacer frente a los gastos de los próximos meses.

Mientras, Amparo Piqueras, la alcaldesa de Sant Vicenç, no gana para disgustos. La última factura: más de un millón de euros por los daños del temporal de viento.