El PP maniobra en la Audiencia para intentar apartar a Garzón del caso

Quieren ser parte en el proceso que investiga la trama corrupta, pero no para acusar a sus presuntos cabecillas, sino para echar al juez. Los dirigentes del PP Federico Trillo y Soraya Sáenz de Santamaría acudieron ayer a la Audiencia para solicitar a Baltasar Garzón que admita a su partido como acusación particular en la investigación sobre la red de sociedades que presuntamente se lucraban con dinero de instituciones gobernadas por esa formación. Junto a esa petición, el responsable de Justicia del partido y su portavoz parlamentaria presentaron otra en el que exigen a Garzón que deje el caso.

Además, el PP logró con sus quejas abrir otra vía: el Consejo del General Poder Judicial ha derivado a sus servicios de inspección una denuncia de los populares contra el juez para que se analice si actuó correctamente al ordenar la detención de los implicados y, según el PP, dejarlos en el calabozo durante el fin de semana que estuvo de caza en Jaén, donde coincidió con el ministro Fernández Bermejo, informa J. A. Hernández.

El juez Garzón tendrá que decidir en primer lugar si admite al PP como perjudicado, condición para que la Sala Penal estudie su recusación. En el escrito con el que piden ser parte, los letrados del partido aseguran que los principales imputados, según "las grabaciones filtradas en los medios de comunicación", "simulan inciertas e inexistentes vinculaciones con miembros", del PP.

El PP no explica en su documento a quién piensa acusar en caso de que el juez lo acepte como perjudicado. Solicita "personarse en las actuaciones en concepto de acusación particular sin necesidad de formular querella". Los hechos revelados en la investigación representan "un claro perjuicio" a sus "derechos fundamentales al honor y a la propia imagen y a la tutela judicial efectiva" y le han producido "una absoluta situación de indefensión y desamparo", según el escrito.

El escrito es un auténtico alegato político contra Garzón, del que, sin embargo, Mariano Rajoy decía en 1998, cuando se juzgaban los GAL: "Los jueces actúan en el Gobierno de Felipe González, pues Garzón instruyó el sumario gobernando González, y siguen actuando en el Gobierno del PP con la misma independencia".

Sin embargo, el texto señala: "No es la única ocasión en la que el Magistrado al que recusamos exhibe su estrecha vinculación con el PSOE y sus distintos gobiernos de la nación, y su permanente animosidad contra el PP. Fue público y notorio que, tras una reunión también campestre, en esta ocasión en la Finca de Quintos de Mora, y oficiando como intermediario el entonces presidente de Castilla-La Mancha, hoy presidente del Congreso, el socialista José Bono, el Magistrado Baltasar Garzón acordó con Felipe González su inclusión como número dos en la candidatura del PSOE por Madrid".

Pero los precedentes no son muy favorables. El PSOE también intentó personarse en el caso Filesa sobre la presunta financiación irregular, pero la Audiencia lo rechazó porque entre los investigados había miembros de ese partido. El mismo resultado obtuvo el Gobierno de Felipe González cuando intentó convertirse en acusación particular del caso Amedo, en plena investigación sobre la guerra sucia contra ETA. Se impidió porque los policías José Amedo y Michel Domínguez eran funcionarios y el Estado podría resultar responsable.

De su lado, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, calificó ayer de "exageración tan evidente que no se compadece con las reglas habituales de la democracia", la reacción del PP ante la noticia de que el ministro de Justicia y el juez Garzón habían asistido juntos a una cacería. Aunque Zapatero no entró a valorar esta coincidencia, pidió "mesura y tranquilidad" a los dirigentes del PP. "Los problemas propios hay que resolverlos y no se consigue nada atacando a los otros", les aconsejó.