"Dádivas y sobornos a autoridades"

El juez Baltasar Garzón ha puesto por fin por escrito el objetivo de su investigación. En el auto por el que la pasada madrugada envió a prisión a los tres cabecillas de la trama de corrupción -Francisco Correa, Pedro Crespo y Antoine Sánchez-, explica que en la causa que instruye hay indicios suficientes de que un grupo organizado de personas en el que participaban los imputados, "establecieron un conglomerado de empresas para nutrirse de fondos de entidades públicas, en particular de algunos ayuntamientos y comunidades autónomas", como Madrid y Valencia. La finalidad de ese grupo era obtener beneficios utilizando "como norma común y frecuente, las dádivas y sobornos a funcionarios y autoridades públicas". Por el momento han resultado implicados dos cargos públicos, pero Garzón especifica que se investiga a las autoridades y funcionarios que hayan sido receptores de esas dádivas y cuya voluntad haya podido ser corrompida para exigirles las responsabilidades penales correspondientes.

El juez dejó libre a Álvaro Pérez, que deberá ir al juzgado cada semana

El grupo tenía un piso de seguridad donde guardaba papeles sensibles

Según el juez, los imputados "entregaron regalos, presentes y cantidades de dinero para mover voluntades de quienes tenían responsabilidades en las áreas que coincidían con los intereses económicos del grupo organizado, y así obtener contratos, eventos y actividades en detrimento de otras personas o empresas que no utilizaban las mismas prácticas".

Al mismo tiempo, el juez considera acreditado que se ha producido una "defraudación fiscal" y que ha habido movimientos de dinero en el extranjero por medio de sociedades que operan en paraísos fiscales para blanquear fondos. El magistrado especifica que los imputados utilizaron "técnicas de ingeniería financiera", de tal forma que al utilizar territorios como Panamá, las islas del Canal de la Mancha o las Antillas Holandesas, han buscado la opacidad y han impedido que la justicia alcance los fondos desplazados.

Además, para conseguir sus objetivos y disfrazar las contabilidades, el grupo no dudó en alterar y falsificar documentos, entre otros, facturas comerciales.

El auto destaca que Correa -cuyo nombre en alemán, Gürtel, da nombre a la operación policial-, montó una estructura de empresas en España a la que superponía otra estructura internacional con sociedades constituidas en Inglaterra y Holanda, que a su vez estaban participadas por sociedades creadas en paraísos fiscales. Precisamente, los fondos procedían de sociedades matrices con sede en Antillas Holandesas, Jersey y Guernsey, Suiza y otros territorios off shore, y llegaban a las sociedades españolas camuflando las aportaciones como si fueran ampliaciones de capital.

Se trata de un presunto delito de blanqueo de dinero cometido por españoles en el extranjero, lo que determina la competencia de la Audiencia Nacional en el caso.

Correa, según el auto del juez, utilizó testaferros y estructuras fiduciarias opacas, creadas por asesores fiscales y jurídicos en su estrategia de ocultación, mientras realizaba operaciones en países tan dispares como China, Azerbaiyán, Colombia, Panamá o Estados Unidos.

Entre otros hechos, el juez imputa a Correa haber dado "instrucciones para realizar dádivas a funcionarios públicos con el fin de obtener un provecho económico para él y el grupo que dirige o para conseguir la paralización de procedimientos sancionadores que afectan a su patrimonio".

El jefe de la trama ha intentado obtener la residencia en Panamá y tenía previsto abandonar en breve España, por lo que la policía aconsejó al juez que precipitase las detenciones.

También dio instrucciones a su primo Antoine Sánchez -utilizado como testaferro al frente de las sociedades- para que obtuviera pasaporte y residencia en Senegal.

El lugarteniente de Correa, sin embargo, era Pablo Crespo Sabaris, que actuaba como gerente y consejero delegado de las empresas. Crespo es responsable de la gestión del patrimonio personal de Correa y "codiseña con éste la estrategia de ocultación de fondos del mismo".

Asimismo, Garzón le achaca el impartir "instrucciones para el pago de cantidades a funcionarios públicos y autoridades y pago en especie, por medio de objetos y enseres en distintas localidades españolas para obtener tratos de favor o la concesión de eventos a los que se dedica el grupo".

Uno de los aspectos que denotan el carácter delictivo del grupo es que "utilizan como canal de blanqueo el envío de transferencias a través de los fondos de que disponen en Suiza desvinculándolos de su origen".

La organización, según se describe en la resolución judicial, "dispone de un piso de seguridad [en la calle de Martínez Campos, 32, 7º, puerta sexta, de Madrid] donde, además de vivir una persona de su confianza y trabajador de una de sus empresas, guarda documentos sensibles que han sacado de la sede de Serrano, 40, 4º izquierda, de Madrid".

El juez destaca que en la causa hay elementos que determinan un riesgo de fuga "objetivo y real", puesto que fue precisamente la posibilidad de fuga de Correa el detonante de que se produjeran las detenciones. Además, Crespo dio órdenes de que se escondieran documentos y no se utilizaran los móviles porque los teléfonos estaban intervenidos.

El juez afirma también que "la trama parcialmente desvelada, en este momento, no alcanza a la totalidad de las actividades delictivas que se pueden imputar, pero extendiéndose a todas las personas que ya están imputadas, puede afectar a un mayor número". Es decir, la operación sigue abierta y va para largo.

Por otro lado, ayer declaró ante el juez, en calidad de imputado, Álvaro Pérez, conocido como El Bigotes, que fue detenido el lunes pasado por su presunta vinculación con la trama de corrupción en la Comunidad Valenciana. Las fiscales Miriam Segura y Concha Sabadell no solicitaron prisión ni fianza para él, según explicó su abogada, Ángela Coquillat. El juez, por tanto, le dejó en libertad, aunque con la obligación de presentarse semanalmente en el juzgado más próximo a su domicilio.