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La red de corrupción vinculada al PP

Garzón halla "indicios" contra parlamentarios o altos cargos del PP

El juez deja en libertad al octavo detenido en el caso, que deberá comparecer semanalmente y tendrá prohibido abandonar el territorio nacional

Este viernes por la tarde ha prestado declaración ante el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón el octavo detenido por la trama de corrupción, cuya identidad aún se desconoce, arrestado este martes en Valencia bajo la acusación de blanqueo de capitales, tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal. Tras la declaración, que ha durado unas tres horas, el implicado ha quedado en libertad, aunque deberá comparecer semanalmente y no podrá salir del territorio nacional, informa Manuel Altozano. De las ocho personas detenidas hasta el momento, han recibido prisión incondicional los tres cabecillas de la trama: Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez.

El juez Garzón ha rechazado este viernes por la mañana la petición del PP para personarse como acusación particular en la causa abierta por corrupción que ha salpicado a los populares en varios municipios bajo su gobierno, informa Manuel Altozano. El magistrado argumenta su decisión afirmando que existen "indicios" de que personas vinculadas a esta formación podrían tener responsabilidades penales. "El ponente no puede ostentar la condición de acusación máxime cuando hay indicios de que integrantes o personas vinculadas a esta formación podrían tener responsabilidades penales en esta causa". En el auto, Garzón apunta a que se pueden personar instituciones pero no partidos. Acto seguido, la Comunidad de Madrid ha reclamado poder personarse.

El juez revela en el auto que en la red de corrupción investigada existen aforados (cargos políticos), extremo éste que impediría al magistrado juzgarles. La condición de aforado en la causa abierta por el juez de la Audiencia Nacional afectaría a diputados de la Asamblea de Madrid o de las Cortes Valencianas; y a miembros del Gobierno regional madrileño que preside Esperanza Aguirre o del valenciano de Francisco Camps. En cada caso serían los tribunales superiores de justicia de Madrid y Valencia los que juzgasen a los imputados. Si el aforado fuera un diputado nacional sería el Tribunal Supremo el que tendría la competencia.

El PP presentó este jueves junto al escrito de personación, uno de recusación, rechazado también por el juez debido a que esta formación no es parte en la causa. El coordinador de Justicia y Libertades Públicas, Federico Trillo, ha anunciado ya que recurrirán la decisión del magistrado ante la Sala Penal de la Audiencia Nacional. "Resulta una desfachatez que no se nos considere perjudicados" ha manifestado Trillo. El auto de Garzón, no obstante, abre la puerta a que Administraciones o instituciones a las que pertenezcan los afectados o ya imputados puedan personarse en la causa.

Quiénes son los cargos públicos

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Soraya Sáenz de Santamaría, ha vuelto a pedir este viernes el nombre de las personas implicadas en el caso Gürtel, porque como afirmaba el auto que se hizo público ayer, entre ellos se encuentra algún funcionario o alto cargo que podría ser aforado, y el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón perdería su competencia. "Si hay de verdad altos cargos que pueden ser aforados, es decir que deberían ser juzgados por otros tribunales, él perdería la competencia. Yo espero que haga las cosas a su tiempo y que no retrase el conocimiento de quién está implicado", ha solicitado la dirigente popular en declaraciones a Antena 3.

En este mismo sentido, ha añadido que espera que las "motivaciones" de Garzón para no dar los nombres de los implicados no sean que perdería su competencia. "Probablemente no sea competente, yo creo que no está capacitado para investigar y que debe ceder el puesto a otro juez", ha afirmado Sáenz de Santamaría. Otro de los motivos de que un juez diferente asuma la investigación es "que quede garantizada su imparcialidad y su independencia" y sin "ningún velo de sospecha". "Para que nadie tenga ninguna duda de que el juez que está investigando lo hace porque tiene el fin de perseguir la ley y no de perseguir a nadie más", ha añadido.

Por otro lado, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández De la Vega, ha apuntado directamente a la responsabilidad del PP en la trama de corrupción. "No veo que lanzar cortinas de humo y sospechas sirva para afrontar las responsabilidades propias", ha asegurado De la Vega durante su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. "Hay una investigación que se está haciendo en un juzgado sobre una trama de corrupción vinculada al principal partido de la oposición; debe resolverse en el ámbito del PP y el primer interesado para que se resuelva es el Gobierno".

La vicepresidenta ha asegurado que el PP "en lugar de explicarse ha optado por enrocarse" y ha evitado valorar la se exigencias de los populares para que dimita el ministro, Mariano Fernández Bermejo, por encontrarse con el juez Garzón el pasado fin de semana en una cacería. "Es una acción privada del ministro y el Gobierno no va a entrar". "Querer agarrarse a complots y conspiraciones no le va a servir para arreglar sus problemas internos y con la justicia", ha insistido De la Vega. "La justicia se va a modernizar con el PP o sin el PP; el que no esté en el diálogo es su responsabilidad", ha añadido.

Saavedra cree que Bermejo debería dimitir

El ex ministro socialista y actual alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Jerónimo Saavedra, ha asegurado que el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, "debería dimitir" por la "impresentable" estampa de coincidir en una cacería con el magistrado y juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, mientras que éste desarrollaba la investigación sobre una supuesta trama de corrupción en el entorno del PP. El hasta hace unos meses presidente del PSOE en Canarias tachó la escena de "numerito" y aseguró durante una entrevista en el programa El Envite de la Televisión Autonómica de Canarias que le gustaría que en España "existiera una cultura como la americana, donde hombres del nuevo presidente de EEUU, Barack Obama, han ido dimitiendo o han sido destituidos por varios incidentes".

Saavedra explicó también que su posición no es la de que un político deba dimitir siempre que aparezca como imputado en una causa. "Estar imputado no es razón para dimitir, porque hay muchos motivos para estar imputado, como aspectos administrativos", adujo, aunque preguntado si pensaba lo mismo en caso de que los delitos que se imputen sean cohecho o malversación de fondos públicos, dijo que "si uno tuviese un mínimo de ética sabe lo que ha sido o no". "Y si es así, habría que dimitir".