Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

El Senado agita el debate al aprobar que se pueda dar nombre a fetos malogrados

La reforma de la ley del aborto tuvo un preludio ayer en el Senado, con un intenso debate ideológico sobre una proposición de ley del PP. El asunto se planteó en estos términos: ¿se debe poder poner nombre legal a un niño que nace muerto? Los populares opinan que sí, y proponen modificar la Ley del Registro Civil, de 1957, para que se puedan registrar con nombre y apellidos los niños que nacen muertos o mueren antes de las 24 horas. Actualmente, ese es el plazo mínimo que debe vivir un niño después de nacer para poder registrarlo.

El PP recibió los apoyos de CiU y PNV y el Senado aprobó que se tome en consideración esta propuesta, es decir, que se tramite como proyecto de ley. El PSOE se opuso inútilmente.

Seis familias al día, afirma el PP, 50.000 desde que se instauró la democracia, "viven con el tabú y la incoherencia de no poder contar con un miembro de su familia y tener que vivir su duelo a puerta cerrada", en palabras de Manuel Altava, juez y senador del PP. "Carece de sentido que tras la pérdida de una hija o un hijo sus progenitores no puedan darle un nombre, y que en todos los documentos públicos simplemente ponga hembra, varón, difunta o difunto, sin que pueda constar el nombre elegido por sus padres".

PP, CiU y PNV lo presentaron como una cuestión de sentido común, humanidad y sensibilidad de la Administración con este drama personal. El propio texto de la proposición aclara que la inscripción sería únicamente a efectos de filiación, sin ninguna consecuencia jurídica (lo que podría trastocar gravemente algunas herencias). Se trata de poner un nombre "que pueda constar en los registros públicos", de forma que la familia pueda incluso enterrarlo, "y no acabe tratado como residuo biológico".

Pero, incluso con esas cautelas, el PSOE quiso ver un debate ideológico. "Queremos que este sea un debate racional y jurídico y no con los camuflajes que en él subyacen", dijo el socialista canario Arcadio Díaz Tejera.

Díaz Tejera, que también es juez, trató de desenmascarar el debate que él percibía: "En la práctica sí se plantean dos derechos: el derecho al nombre y a la filiación". "Toda la tradición jurídica" desde el derecho romano, afirmó, "plantea la necesidad de requisitos para ingresar en el estatuto civil". En ningún país existe el registro de una defunción prenatal, aseguró. A continuación, denunció que "lo que se está planteando son las bases del debate que se va a mantener la semana que viene en el Congreso sobre la interrupción voluntaria del embarazo". El PSOE vino a acusar a los demás de disfrazar de debate jurídico lo que es pura ideología, algo que ofendió sobremanera a un parlamentario tradicionalmente moderado como el senador de CiU Jordi Casas.

Si se acepta esta modificación legal, se está aceptando que un feto abortado es un niño. Una premisa clave en el debate que se inicia en el Congreso. La iniciativa del PP parte de peticiones concretas de familias. El PSOE aseguró que las consultadas por ellos lo ven en sentido contrario.

La proposición de ley aprobada ayer es la primera con origen en el Senado de esta legislatura. Ahora se tramita como los proyectos de ley, es decir, se envía al Congreso para que abra un periodo de enmiendas. Los partidos que lo han aprobado en el Senado no forman mayoría absoluta en el Congreso, por lo que seguramente fracasará. Sin embargo, habrá que debatir dos veces, en las dos cámaras, en pleno trabajo parlamentario sobre el aborto, acerca de esta cuestión aparentemente sencilla: ¿debe poder una familia poner nombre a su hijo nacido muerto?

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 12 de febrero de 2009