Cantabria garantiza los préstamos de las empresas que hagan obra pública

Ante las dificultades financieras, ideas originales. El Gobierno de Cantabria ha puesto en marcha dos iniciativas para facilitar el crédito de las empresas. Las medidas, pioneras en España, tratan de dar respuesta a las peticiones de los empresarios y de las entidades financieras ante la dificultad de unos para acceder al crédito y de los otros de tener las garantías para concederlos. La patronal autonómica las respalda y se ha comprometido a trasladarlas a la CEOE para que se puedan plantear a escala nacional.

La primera iniciativa se enfoca principalmente a la contratación de obra pública. Consiste en la reactivación de la figura de la toma de razón en la cesión de crédito, un instrumento que permite acceder a liquidez a las empresas acreedoras del Gobierno regional a través de contratos o de subvenciones concedidos.

Se trata de que las empresas puedan descontar en las entidades financieras las cantidades pendientes de cobro de un contrato o una subvención con el Gobierno regional. Es decir, la Administración garantiza sin coste adicional ante las entidades financieras los créditos que solicitan las empresas contratadas para una obra pública; las empresas pueden acceder al crédito necesario para abordar la obra cediendo a la entidad financiera la condición de acreedor de la Administración a través de ese trámite y los bancos se aseguran que van a cobrar el préstamo concedido.

Pagos retrasados

El Gobierno se alarmó al comprobar que bancos y cajas cerraban el grifo del crédito si no tenían las garantías suficientes y entonces caía la ejecución de la obra pública. Una de las razones era que las empresas no podían hacer frente a los créditos por la falta de liquidez provocada por la tardanza en recibir los pagos de la Administración.

Así las cosas, la Consejería de Economía del Gobierno cántabro, que ocupa Ángel Agudo, ideó esta fórmula, que pasa la responsabilidad del particular a la Administración. Para dar el respaldo legal y dar seguridad a bancos y cajas, antes de su aprobación, lo sometió a la interventora general, Gema Uriarte Mazón.

"La transmisión de créditos está prevista en las normas de derecho privado, y según éstas se podrá realizar por el simple acuerdo entre cedente y cesionario sin necesidad de conocimiento del deudor, aunque con la obligación de ponerlo en su conocimiento", escribe la interventora. Las entidades financieras, no obstante, plantearon dudas ante la posibilidad de que la empresa cedente entre en concurso de acreedores. Según la doctrina legal, no entraña ningún problema para la entidad ya que la comunidad autónoma se hace cargo del pago.

Asimismo, se está trabajando en una modificación de la Ley de Subvenciones de Cantabria, mediante la cual las empresas podrán percibir por adelantado el 100% de la cantidad concedida en una subvención, sin necesidad de aportar garantías. Por otro lado, el Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF), el ICO autonómico, ha firmado un convenio con el propio ICO para que las empresas que necesiten financiarse a través de la línea ICO-Liquidez 2009 se puedan beneficiar de las garantías complementarias aportadas por el ICAF por 3.750 millones.