Los jueces libraron una batalla ideológica antes de fallar contra la insumisión

Los debates sobre Educación para la Ciudadanía entre los 30 magistrados del Pleno de la Sala de lo Contencioso comenzaron en un tono fuertemente ideologizado pero paulatinamente se fueron encauzando hacia el terreno jurídico-constitucional, según dijeron ayer fuentes del Supremo. A partir de ahí, los magistrados entraron en un debate muy minucioso sobre el examen de sentencias de los distintos tribunales superiores de justicia además de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, recomendaciones del Consejo de Europa y directivas de la UE. El debate fue duro, en ocasiones pesado, pero en conjunto "bonito", según las fuentes.

Al final, los 22 magistrados de la mayoría quedaron satisfechos, tanto por el resultado como por el desarrollo de las sesiones. Tras divulgarse el fallo que rechaza el derecho a la objeción de conciencia respecto a la asignatura, en medios del Supremo ha causado asombro el nombre de algunos de los siete magistrados discrepantes. Es el caso de Jesús Ernesto Peces Morate, magistrado al que hasta hace poco se situaba en posiciones abiertamente progresistas y que en últimos años ha dado sorpresas. También sorprendió el de Pedro José Yagüe, un magistrado al que se considera bastante liberal y alejado de posiciones integristas, o Mariano de Oro Pulido, un centrista moderado. En medios judiciales se esperan con cierta expectación los votos particulares de estos jueces, en los que expondrán sus razonamientos de apoyo a la objeción de conciencia.

El magistrado González Rivas defendió el rechazo a cursar la materia

En cambio, se esperaba que entre los discrepantes estuvieran Manuel Campos Sánchez- Bordona, al que se considera próximo al Opus Dei; o Juan Gonzalo Martínez-Micó, directivo de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) en Madrid. Martínez Micó es un general procedente del Cuerpo Jurídico Militar, muy amigo del ex ministro de Defensa Federico Trillo-Figueroa.

A la cabeza del sector discrepante se situó Juan José González Rivas, ponente y defensor de la sentencia del Tribunal Superior de Andalucía, la primera que reconoció en España el derecho a la objeción de conciencia. González Rivas defendió la objeción a capa y espada, pero al perder fue relevado de la ponencia que anula la sentencia de Andalucía, que será elaborada por el catedrático Luis Díez-Picazo.

También votó a favor de la objeción Emilio Frías Ponce, un magistrado "muy de derechas". A algunos de estos jueces se les considera afines a las posiciones defendidas por la Conferencia Episcopal y la Concapa (Confederación Católica de Padres de Familia), una de las entidades, junto al Foro de la Familia, que más han destacado en el boicoteo a la controvertida asignatura.

En cambio, otros magistrados considerados de la derecha judicial, católicos practicantes o vinculados a la conservadora APM se mostraron contrarios a la objeción casi desde el principio. Frente a los discrepantes del sector encabezado por González Rivas las posiciones favorables a la asignatura fueron defendidas por los ponentes, en especial por Pablo Lucas Murillo de la Cueva, además de Nicolás Maurandi y Fernando Ledesma, el de mayor peso específico entre el sector progresista.

La tensión duró los dos primeros días. Hubo momentos difíciles, cercanos al empate sobre los contenidos, aunque con una ligera ventaja del sector que consiguió la mayoría. En la noche del martes las posiciones estaban más definidas a favor de una sentencia que aprueba la enseñanza de un mínimo común denominador ético para los ciudadanos en un sistema democrático y que no invade la esfera de las convicciones morales.