La Sindicatura critica que Acción Social da ayudas sin concurso

El informe de la Sindicatura de Cuentas sobre el presupuesto correspondiente a 2006 de la Generalitat revela que el Departamento de Acción Social dio subvenciones sin concurso, una medida "no justificada", según el organismo fiscalizador de las cuentas públicas de las administraciones catalanas. La Sindicatura, que no ha podido cifrar el importe global de estas subvenciones considera: "no está motivada la imposibilidad de promocionar la concurrencia". Estas subvenciones son las que el Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales otorga cada año a las entidades colaboradoras. La sindicatura no cita el nombre de las asociaciones beneficiadas.

Una portavoz del Departamento de Acción Social aseguró ayer que no hay ninguna "ilegalidad" en las subvenciones concedidas y aseguró que la consejera, Carme Capdevila, ha alcanzado un acuerdo con todas las entidades beneficiarias de subvenciones para establecer un nuevo sistema de distribución a partir de este año.

El informe de la Sindicatura de Cuentas vuelve a cargar contra la transferencia de deuda de la Generalitat al siguiente ejercicio. En 2006 la Generalitat transfirió al año siguiente hasta 2.013 millones de euros de deuda, 1.400 de los cuales se originaron en el Departamento de Salud. Si bien el informe de la sindicatura asegura que el presupuesto de las empresas públicas dependientes del Departamento de Salud no especificaron esta transferencia de deuda, el Departamento de Economía aseguró ayer que toda la deuda transferida está oportunamente desglosada en la documentación remitida al organismo fiscalizador. La transferencia de deuda es un mecanismo habitual en la Generalitat desde los tiempos de CiU que la sindicatura siempre ha criticado por considerar que impide visualizar la deuda real del Gobierno catalán. El tripartito redujo en 2006 estas transferencias desde los 2.900 millones hasta 2.013.

Entre otras irregularidades contables denunciadas por la sindicatura, también las hay referidas al Departamento de Educación. La sindicatura denuncia que el departamento ha alquilado una escuela a la empresa pública ICF Equipaments sin tener firmados los contratos correspondientes. También dice que se han ocupado los espacios educativos antes de su entrega formal o antes de haber efectuado los pagos.