Dudosa calificación

La agencia de calificación crediticia Standard & Poors (S&P) ha situado en "observación negativa" o "revisión a la baja" la máxima calificación que ahora tiene la deuda pública a largo plazo de España. Hace unos días, la misma agencia hizo lo propio con Grecia e Irlanda. La decisión definitiva, mantenimiento o degradación, se adoptará a lo largo de este mes.

La razón básica de esa amenaza es el deterioro que van a sufrir las finanzas públicas españolas como consecuencia de la profunda recesión a la que está abocada su economía. S&P prevé un déficit público en 2009 del 6% del PIB y el mantenimiento de ese saldo por encima del 3% del PIB hasta 2011. La reacción de los mercados ha supuesto la elevación de la prima de riesgo con la que cotiza el bono público español frente al considerado de referencia, el bund alemán.

Ello supone que los costes financieros del endeudamiento público y muy probablemente los del privado, dependiente de fuentes exteriores, van a tensionarse. Afortunadamente, las otras dos grandes agencias de calificación, Moody's y Fitch, han confirmado sus máximas calificaciones. Y la deuda española es de las más bajas de la OCDE, lo que es una señal de solvencia. Una de las consecuencias de esta fase de turbulencias (en realidad, ya explícitas desde la crisis asiática) es el debilitamiento de la fiabilidad de los trabajos de estas empresas, ya sea por la cuestionable calidad técnica de sus procedimientos, como en algún caso se ha puesto de manifiesto, o directamente, por conflictos de intereses. La Comisión Europea ha decidido regular la actividad de esas agencias y desde luego sería conveniente procurar abrir el oligopolio hoy existente en la oferta de esos servicios de evaluación crediticia, de todo punto necesarios en la conformación amplia y global de los mercados financieros.

Las autoridades españolas, por su parte, no deberían minimizar el aviso. Aun cuando el predicamento de esa agencia no sea excesivo, lo cierto es que las circunstancias no son las más favorables; al tiempo que emplear de forma inteligente y activa la inversión pública, deberían hacer un plan de reconducción en los próximos años del inevitable déficit, hacia niveles más compatibles con el Pacto de Estabilidad cuando la economía vuelva a crecer. La prioridad ahora es evitar males peores al ya importante aumento de desempleo en nuestro país.